Servicios periciales: el déficit perpetuo

Por Enrique Bouchot (@e_bouchot), Chrístel Rosales (@Chris_Ros) y Jorge Carbajal | Animal Político

Los servicios periciales son una necesidad básica del sistema de justicia penal: proveen los insumos técnicos para las investigaciones sobre las cuales se construyen las acusaciones y las defensas, que pueden ir desde la medicina forense hasta dactiloscopia, genética o contabilidad. Satisfacer la demanda de justicia y reducir la impunidad pasa inevitablemente por la decisión de hacer una fuerte inversión en ellos, con el fin de fortalecer su capacidad y dotarlos de los instrumentos necesarios para el procesamiento de la evidencia, la generación de datos de prueba y la presentación de éstas ante el juez.

Recordemos algunos elementos esenciales del proceso penal acusatorio. En él, la parte acusadora debe desvirtuar y convencer sin lugar a duda sobre la culpabilidad de una persona, mientras que la parte defensora debe confrontar la teoría que señala como responsable de un delito a su defendido. Este confrontamiento de historias no puede darse únicamente a nivel argumentativo. Las acusaciones y la defensa no pueden construirse con aire; requieren evidencia –científica– de que los hechos señalados son ciertos. Los esfuerzos de los mejores pugilistas argumentativos, sin las evidencias que soporten sus afirmaciones, serán en vano.

Hay que subrayar, además, que la defensa no cumple un rol pasivo, que le dicte esperar pacientemente a que la Fiscalía no pueda acreditar las responsabilidades de su defendido o a que no tenga la evidencia suficiente para demostrar fehacientemente la culpabilidad de su representado. Debe estar en condiciones de realizar sus investigaciones y generar sus medios de prueba para desacreditar los dichos de la parte acusadora.

Esto sin contar que las víctimas, representadas por sus asesores jurídicos, también deben tener la posibilidad de construir sus investigaciones y desarrollar sus teorías de caso a fin de subsanar o complementar la acusación realizada por el fiscal, e igualmente desvirtuar los dichos de la defensa. Su rol tampoco debe ser pasivo. Como parte agraviada está en el centro del conflicto penal, y en esa medida tiene los mismos derechos y se le debe reconocer y garantizar la misma capacidad procesal que a los demás actores para conocer, participar y decidir sobre el proceso penal.

Radiografía de las capacidades periciales

Como hemos visto, la responsabilidad de los servicios periciales es inmensa. ¿Pueden hoy efectivamente satisfacer las necesidades de tres partes procesales? Mediante nuestro reporte de investigación Hallazgos, cada año en México Evalúa analizamos el estado del sistema de justicia procesal penal, así como los resultados que arrojan a partir de con sus capacidades y las condiciones que los determinan. Uno de los aspectos que estudiamos con detalle es la capacidad de los servicios periciales y forenses. En torno a ella, en la más reciente edición de Hallazgos[1] observamos lo siguiente:

• No hay personal suficiente

Tan sólo en términos de suficiencia de personal identificamos un foco de alarma: en 2019 se contaba con una tasa nacional de 2.37 peritos por cada 100 mil habitantes para la investigación de los delitos, niveles inferiores si los comparamos con otros operadores del sistema de justicia, como policías (9.3 por cada 100 mil) o fiscales (9.60).

Las entidades con mayor capacidad instalada en términos de personal de servicios periciales fueron Tabasco (11.21 por cada 100 mil), Hidalgo (8.89) y Quintana Roo (7.72); en el extremo opuesto, las de menor cantidad de personal son Morelos (0.25), Puebla (0.23), Jalisco, (0.19), Chihuahua (0.05), Sinaloa (0.03). Los datos permiten apreciar que no se cuenta con personal suficiente para realizar los estudios, dictámenes, necropsias o para emprender investigaciones de manera proactiva, con la debida diligencia y calidad.

• Los niveles de especialización son muy variables entre los estados

De las 29 fiscalías que nos proporcionaron información, 22 reportaron contar con áreas de criminalística o criminología, 21 con balística, genética, química y medicina forense, 18 con psicología o psiquiatría, 15 con contabilidad, grafoscopía y documentoscopía, 14 con informática, arquitectura y/o ingeniería civil, 11 con tránsito terrestre, 10 con dactiloscopia y valuación de inmuebles, ocho con retrato hablado y antropología forense, siete con identificación vehicular y topografía, y cinco con lofoscopía, entomología y agronomía. Como se puede observar, existen importantes diferencias de los niveles de especialización, lo cual impacta en la capacidad para construir y obtener medios de prueba y sostener los casos.

• Sistemas de información e identificación genética poco confiables

Aunque 22 servicios periciales y forenses reportaron contar con una base de datos o registros de información genética y 17 reportaron contar con un sistema de registro y procesamiento de información, a la fecha no existen bases de datos confiables sobre información genética, que logren efectivamente asociar datos de familiares con información de los cuerpos o restos humanos. Tampoco se ha dado a conocer el estado de avance que guarda la construcción de la Base de Datos Nacional de Información Genética, prevista en el ámbito federal, en coordinación con los servicios periciales locales.

• Protocolos no homologados

Aun cuando se desarrolló un protocolo nacional para el tratamiento e identificación forense, y 18 entidades reportaron contar con protocolos para el tratamiento de restos humanos y cadáveres, lo cierto es que no se observan prácticas homologadas para los procesos de exhumación, resguardo e identificación en las distintas fiscalías. Esto provoca que prevalezcan situaciones que obstruyen el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad, tales como la pérdida de información para la identificación, el tratamiento inadecuado de los cuerpos o restos, así como su destrucción.

El desarrollo y socialización de los protocolos por parte de las diversas fiscalías es una medida necesaria y urgente. Su aplicación no debe condicionarse a la existencia de un mecanismo extraordinario, sino que ésta se verá fortalecida, vigilada y garantizada por éste.

Un paso que puede revolucionar al sistema entero

Hoy en día, a nivel nacional, se observan dos constantes: la deficiente capacidad institucional y una operación más burocrática, más apegada todavía al modelo de justicia inquisitivo. En el ámbito local se cuenta con 7,818 peritos, más el personal administrativo de apoyo, para atender las necesidades de investigación de los 2,071,164 casos que se denunciaron. Esto sin ahondar en las enormes diferencias de cantidad de personal y delitos denunciados que existen entre cada entidad.

Los servicios periciales no pueden dar atención a las demandas de servicio sólo de una de las partes, las fiscalías. Para hablar de debido proceso y juicios justos, los servicios periciales deben dar atención a las solicitudes de servicio de tres partes: fiscales, defensores y asesores de víctimas. Y con su actual capacidad instalada no pueden hacerlo. Estos servicios están colapsados. Sin un fuerte incremento en su capacidad de respuesta, una mejora sustancial de sus herramientas de procesamiento y una decidida apuesta por sus recursos humanos, el sistema de justicia penal no alcanzará la tan añorada madurez ni proveerá una justicia justa.

En la medida que existan servicios periciales sólidos, que provean certeza y confianza a los usuarios sobre la autonomía de su trabajo, se evitará que las fiscalías fabriquen pruebas; serán inducidas, más bien, a recurrir a la inteligencia para generar investigaciones con bases científicas. Este paso, que sólo requiere de la voluntad política, hará la diferencia entre un sistema basado en la ficción de justicia y otro capaz de entregar una justicia objetiva.

[1] Se trata de Hallazgos 2019. Hallazgos 2020, que presentaremos en octubre próximo, tendrá datos más actualizados.