La deuda de CFE en las minas de Múzquiz

Por María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | El Sol de México

La muerte de siete mineros en la mina Micarán, ubicada en Múzquiz, en la zona carbonífera de Coahuila, ocurrió después de que al director general de la Comisión Federal de Electricidad, principal consumidor del carbón que se produce allí, se le advirtiera sobre la precaria situación laboral de los trabajadores. Fue precisamente en 2020, en el contexto de una compra de carbón que realizó CFE mediante 60 adjudicaciones directas a productores de la entidad, cuando se le pidió a Manuel Bartlett que revisara el asunto antes de dar los contratos.

Organizaciones como el Centro Prodh y la Familia Pasta de Conchos han documentado y denunciado el modelo minero de pocitos de carbón y minitas de arrastre, pues crea condiciones peligrosas para los mineros. Estas organizaciones han señalado que en la zona prevalecen condiciones de trabajo sin medidas y equipo de seguridad, y que los trabajadores no tienen registro ante el IMSS.

De acuerdo con Bartlett la empresa encargada de esta mina no era contratista de la CFE. ¿Podemos tener certeza de ello? En México Evalúa hemos investigado recientes procesos de compra de la CFE, particularmente aquéllos que buscan incrementar el uso de carbón por parte de esta empresa estatal, y en general notamos poca transparencia. De hecho, la información sobre los terceros con los que la CFE contrata es prácticamente nula.

No lo duden: la transparencia en torno a los contratistas y proveedores de una empresa estatal es un tema de suma relevancia, sobre todo en industrias extractivas.

En el mundo ya se crea legislación específica para que proveedores y contratistas en industrias extractivas sean más transparentes. Se obliga a estas empresas a difundir con quién están haciendo negocios, lo cual trae beneficios en diferentes áreas. En primer lugar, con la difusión de esta información se reducen riesgos de corrupción y se evitan los conflictos de interés. En segundo lugar, tal difusión promueve que las empresas, a las que les interesa salvaguardar su reputación, hagan una revisión exhaustiva de su cumplimiento de valores y estándares en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, entre otros^[1]. 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), de la cual México forma parte, está explorando cómo sacar adelante la transparencia en torno a proveedores, y toma como ejemplos a países como Guinea, Mali, Senegal y Tanzania, en los cuales actualmente se reporta información de proveedores y contratistas.

Y dado que tanto jugadores del mercado como gobiernos están cambiando las reglas en relación con la información que se difunde sobre contratistas en industrias extractivas, hay muchos ejemplos más. Allí está Endeavour, una compañía minera en el oeste de África, que implementa un mecanismo para reportar compras de actividades mineras a nivel local. O el Gobierno de Líbano, que obliga a difundir los beneficiarios reales de los contratistas, lo cual ayuda a evitar conflictos de interés y riesgos de corrupción.

Ya sea desde un control ejercido por los vigilantes del Estado, o por parte de la CFE por su propio interés y reputación, se debe prestar más atención a las entidades con quienes contrata nuestra empresa estatal, tanto para evitar posibles conflictos y riesgos de corrupción, como para asegurarnos –y el caso de la mina Micarán lo ilustra perfectamente– que se cumplen con los requisitos mínimos de respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

^[1] Esto como parte de un marco de cumplimiento con principios ambientales, sociales y de gobernanza o ESG, como se conocen por sus siglas en inglés.