¿Qué pobre diablo pagará por los platos rotos?
Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero
Es totalmente predecible. Por eso puedo contarles desde ahorita lo que va a suceder con la investigación sobre el derrumbe en la Línea 12 del Metro. Quizá me fallen algunos detalles pero la historia correrá así: primero, la gran indignación de la sociedad, de las víctimas y de los propios implicados en el accidente provocará que la investigación inicie. Se recurrirá a muy publicitados peritajes nacionales y extranjeros. Algo de la información que obtengan se dará a conocer, pero lo sustantivo permanecerá resguardado. Mientras transcurren las diligencias, el tema perderá su intensidad noticiosa. En pocos días o semanas, sólo los deudos de las víctimas seguirán cargando su dolor. El resto estaremos en otros temas. Se nos olvidará toda la cadena de errores, negligencia y hasta corrupción que desembocó en el accidente. Al final, un pobre diablo será consignado por el hecho.
Así se comportan nuestros ciclos de impunidad. En ellos nunca hay responsables de alto calibre. Por eso estos accidentes se repiten, porque de la tragedia no hay aprendizajes, ajustes en procesos o en las leyes; mucho menos sanciones para quienes con obra u omisión provocaron el “incidente”.
El desplome de la trabe de la Línea 12 tiene una larga historia detrás. Más complicada que la de otras obras emblemáticas, que también han tenido lo suyo. Frente a la tragedia, me parecería útil hacer un recuento de hechos. Un ejercicio de rendición de cuentas que, si bien no nos va a regresar a los fallecidos, sí nos ayude a identificar a los responsables. Hay que reconstruir el ciclo de esta obra y revisar si quienes tomaron decisiones lo hicieron correctamente o actuaron de manera negligente. Entender el desenlace a partir del recuento de hechos.
Hoy algunos políticos se alzan indignados frente a la tragedia. Muy valientes, interponen demandas contra sus adversarios políticos, pero les pregunto dónde estaban ellos o sus partidos cuando esta obra se ejecutaba…
Este proyecto comparte con otras obras emblemáticas un conjunto de vicios que conocemos y asumimos como inevitables. Arrancan sin estar debidamente preparados, porque la prioridad es hacer empatar el ciclo de la ejecución con los tiempos políticos. Son obras que tardan el doble o un poco más del tiempo programado, y tienen un sobrecosto que en promedio supera el 50 por ciento.
Además de compartir estos denominadores, el proyecto de la Línea 12 tuvo sus particularidades, como que el diseño se modificara de manera muy importante una vez licitado y asignado el proyecto. Supongo que la ley prevé algunos supuestos para que estas modificaciones puedan realizarse; debe prever también los mecanismos para otorgar el aval técnico a dichos cambios. ¿Qué pasó en este tramo de la historia? ¿Por qué un proyecto que corría de manera subterránea se modificó a uno de naturaleza mixta, con tramos elevados? ¿Se justificó? ¿Quién autorizó?
No recuerdo que se nos haya dado una explicación al respecto, en su momento. Tampoco recuerdo que legisladores locales o federales alzaran la mano para pedir explicaciones. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de estos hechos. Más como un testimonio que como un acto de autoridad que pudiera generar consecuencias para presuntas infracciones. En aquellos años tenía restricciones importantes en su labor de fiscalización, los cuales explican, en parte, que su trabajo no haya tenido la profundidad y repercusiones necesarias. Aun así, éste es otro tramo de la historia que también deberíamos conocer. ¿Hizo la Auditoría uso de todas sus atribuciones o sólo las documentó y miró para otro lado? ¿Qué hizo la contraloría local? ¿Le tapó las irregularidades al jefe?
Los legisladores locales y federales tienen también un papel en esta historia. Estamos tan acostumbrados a verlos replegados y dóciles que se nos olvida que son un contrapeso de los poderes ejecutivos en materia presupuestal. ¿Le aprobaron al entonces jefe de Gobierno una reasignación presupuestal para cubrir 70 por ciento del sobrecosto de esta obra? ¿El Ejecutivo local hizo la adecuación sin autorización? ¿Quién pidió explicación sobre el sobrecosto? Hoy algunos políticos se alzan indignados frente a la tragedia. Muy valientes, interponen demandas contra sus adversarios políticos, pero les pregunto dónde estaban ellos o sus partidos cuando esta obra se ejecutaba.
Finalmente, el recuento de hechos también debe hacerse, por supuesto, del lado de los contratistas y de su interacción con autoridades gubernamentales. También aquí hay fragmentos de historias que se deben contar.
Nos dicen que el trabajo de investigación penal ya está en marcha. Me gustaría que fuera lo más exhaustivo posible para que saque a la luz tantos tramos de la historia como sea posible (aunque anticipo un resultado muy limitado, como lo expresé en un principio). Otros tendrán que ser reconstruidos por medios o periodistas, o por el trabajo de organizaciones de sociedad civil. Necesitamos identificar a los responsables de los distintos tramos. Sería trágico que el pobre diablo que metan al bote sea señalado como el único.