La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica golpeará el bienestar de todos los mexicanos
11 de febrero de 2021
A los honorables integrantes del Congreso de la Unión:
Desde México Evalúa expresamos nuestra profunda preocupación acerca de la iniciativa presentada por el presidente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). El cambio en las reglas de despacho de energía eléctrica, que tiene como fin privilegiar a plantas de la CFE independientemente de los costos de generación, tiene implicaciones relevantes para el futuro de nuestro país y el bienestar de sus habitantes.
Les pedimos que asuman la gran responsabilidad de su cargo y valoren a conciencia si vale la pena afectar directamente a la salud, el empleo, el medio ambiente, la economía de las familias mexicanas de esta generación y las venideras. En virtud de que el día de hoy iniciarán las discusiones en el Parlamento abierto queremos expresar tres inquietudes:
1. La iniciativa es contraria a la Constitución y los tratados internacionales
Al eliminar como objetivo la libre competencia en la prestación de los servicios de generación y comercialización de energía eléctrica[1], y otorgar ventajas a las centrales de la CFE mediante la creación de los Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física[2], la iniciativa contraviene el régimen de libre competencia previsto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuyo objetivo es alcanzar menores costos y mayor diversidad de productos en comparación con un modelo de monopolio, lo que se traduce en beneficios para todos los mexicanos, en tanto usuarios y consumidores.
Es imperativo que los legisladores tomen en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente decretó la inconstitucionalidad[3] del cambio en las reglas de mecanismo de despacho económico que se establecía en el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual va en el mismo sentido que las modificaciones que se pretenden hacer en la LIE. Si esta reforma a la ley se llega a aprobar, será una irresponsabilidad legislativa, pues se sabe con antelación de su inconstitucionalidad.
Además, de aprobarse esta iniciativa México estaría incumpliendo compromisos internacionales en materia comercial y medioambiental. El caso más notorio es el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC). En el capítulo 22, por ejemplo, se establecen compromisos de trato no discriminatorio, al prohibir que una parte dé asistencia no comercial con el fin de provocar efectos desfavorables, como desplazar a empresas de otros países u obstaculizar su acceso a bienes y servicios. Asimismo, el capítulo 14 establece protección específica a inversionistas que ya cuentan con contratos gubernamentales, cubiertos contra actos de expropiación indirecta o incumplimiento de las normas de trato justo y equitativo/mínimo.
2. La iniciativa afectará el bolsillo y la salud de los mexicanos
Los costos económicos y ambientales de la iniciativa serían significativos. De acuerdo con Verónica Irastorza[4], directora asociada de NERA México (consultora económica), despachar en último lugar a las plantas de generación eólica y solar aumentaría los costos anuales de producción entre 1,350 y 2,750 millones de dólares, lo que se trasladaría al consumidor en forma de aumentos de tarifas eléctricas o de mantener las tarifas sin cambios de manera artificial a través de subsidios, lo que implica un costo social, pues ese dinero podría financiar gasto público en otros rubros prioritarios como salud o en educación. Actualmente, en México el subsidio eléctrico asciende a 70 mil millones de pesos anuales, equivalente a nueve veces el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PEF, 2021).
Además, este cambio en la prelación del despacho de energía, que favorecería a las plantas generadoras de electricidad basadas en energías fósiles, provocaría un aumento en las emisiones contaminantes de entre 19 y 28 millones de toneladas al año. Se estima que cerca de 29 mil muertes prematuras y 558 mil años de vida ajustados por discapacidad de la población serían atribuibles a la mala calidad del aire en nuestro país[5] (INECC, 2016).
3. La iniciativa provocaría una caída en la inversión y en las fuentes de empleos para el país
Mayor inversión se traduce en beneficio para el país, al promover la creación de infraestructura, empleos, tecnificación, innovación, y la posibilidad de mercados competidos. Por eso preocupa que al cierre de 2018 el sector eléctrico registró una caída de 74% en inversión extranjera directa para 2019, y a septiembre de 2020 ya iba en una caída con relación al cierre de 2018 equivalente a 82%.
De acuerdo con Fitch Ratings, la iniciativa de ley podría restringir y, en última instancia, socavar aún más la inversión privada en energía.[6]
La pérdida de inversiones se vería reflejada en un alto a la construcción de nueva infraestructura y a la generación de empleos. Tan sólo en Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) registró en 2018 855 mil puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con las energías renovables; mientras que a nivel mundial el sector de las energías renovables empleó a 11 millones de personas en 2018, 700 mil más que en 2017.[7]
En resumen esta iniciativa, además de ser inconstitucional y contraria a compromisos internacionales, favorece la generación de energía más costosa y más contaminante; socava oportunidades de inversión y empleos para México.
Compartimos la convicción de que México requiere un mercado eléctrico fuerte, pero estamos seguros de que regresar a un modelo monopólico no es el camino para superar los desafíos del siglo XXI. Necesitamos un modelo que fomente la innovación para tener energía limpia y asequible, que nos lleve a un desarrollo sustentable.
Esperamos que este Parlamento Abierto sea un espacio de intercambio genuino de ideas, datos y propuestas objetivas que contribuyan a clarificar la visión del sector que nuestro país requiere, así como la mejor vía para materializarla en beneficio de todos los mexicanos, los de hoy y los de mañana.
Recuerden: la Nación los observa.
[1] Artículo 4 de la iniciativa
[2] Artículo 12 y 101 de la iniciativa
[3] Controversia Constitucional 89/2020
[4] Argumentación disponible en https://twitter.com/virastorza/status/1356414720165744643
[5] Estimación disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208105/INECC_CAME_Final_14022017.pdf
[6] Fitch Ratings (2020) El creciente riesgo regulatorio detiene las inversiones privadas en energía en México https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/rising-regulatory-risk-halts-mexican-private-power-investments-28-05-2020
[7] Environmental and Energy Study Institute (2019), Fact Sheet – Jobs in Renewable Energy, Energy Efficiency, and Resilience (2019) https://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-jobs-in-renewable-energy-energy-efficiency-and-resilience-2019
