Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Nada bueno puede derivar de la consulta (que en realidad no fue consulta) para enjuiciar a los expresidentes. Como un acto en la pista de un circo, no está mal. Pero no es una manera de hacer justicia.

En nuestra Constitución están previstas las condiciones y modalidades en que las consultas se pueden efectuar. Nuestras instituciones de justicia, por otra parte, pueden actuar de oficio o a petición de un agraviado para iniciar un proceso penal a quien haya cometido un delito. En este caso un expresidente. Lo que vimos en días pasados fue una pirueta más de nuestro showman, que si quisiera podría hacer justicia. Y cambiaría al país para siempre. Pero lo que el presidente quiere es poquito en comparación con lo que podría lograr. No quiere transformar, sólo ganar una elección.

No lo duden: tenemos los elementos para hacer un gran caso judicial. Permítanme imaginarlo. Emilio Lozoya es esa hebra que nos puede llevar a entender el amasijo de intereses, participantes y complicidades que marca un modus operandi. En la trama de los grandes crímenes, no hay actuantes en solitario. Hay redes complejas que se agrupan y funcionan porque hay una apuesta (no, mejor dicho: una certeza) por la impunidad. Ésa ha sido nuestra realidad por años, y por eso hemos llegado a decir que existe un pacto de impunidad. “No nos tocamos porque todos somos lo mismo, hacemos lo mismo.” Porque se puede.

Está la mesa casi puesta para iniciar un macroproceso que nos lleve a entender lo que significa el abuso del poder. Estoy hablando de la oportunidad de poner todas las capacidades del Estado mexicano en pos de una investigación profunda, exhaustiva, que nos permita describir a detalle la maquinaria de la corrupción. Que nos permita saber cómo se pervierten los procesos electorales; cómo las decisiones públicas se orientan para beneficiar a un grupo en particular; cómo los recursos públicos se capturan para beneficiar a grupos de interés, en lugar de a las mayorías. El presidente tiene una oportunidad única en sus manos. Si no la ve es porque es parte del sistema o sigue la misma lógica de poder que la de sus antepasados: la del abuso, no la del poder sujeto al control.

La experiencia de otros países con estos maxiprocesos nos demuestra que no es necesario esperar a contar con “el mejor” sistema de justicia. Lo que es necesario es poner en juego sus capacidades —pocas o muchas— de manera estratégica para resolver ciertos casos.

Hace unos días mis colegas del programa de Justicia de México Evalúa elaboraron un documento breve sobre los maxiprocesos penales desarrollados en otros países. Describen en qué consisten y cuáles han sido sus resultados. Particularmente interesante es conocer cómo a través de la articulación de distintas instituciones pueden detonarse procesos de investigación de gran calado, capaces de llevar ante la justicia a decenas de personas que, actuando en esquemas de delincuencia organizada, defraudan a la ley. La justicia italiana, por ejemplo, logró en los años 80 desarticular o debilitar a grupos mafiosos muy poderosos a través de estos mecanismos. Pero no es necesario cruzar hasta el otro continente; en América Latina, en torno al caso Odebrecht se han iniciado procesos de investigación muy complejos que han puesto al descubierto redes de corrupción trasnacionales.

En México con frecuencia hablamos de la debilidad de las instituciones de justicia. Hemos documentado una y otra vez sus grandes carencias materiales, de personal y de organización. Entre lo que tenemos y lo que necesitamos, media un abismo que parece muy difícil de cruzar. La experiencia de otros países con estos maxiprocesos nos demuestra que no es necesario esperar a contar con “el mejor” sistema de justicia. Lo que es necesario es poner en juego sus capacidades —pocas o muchas— de manera estratégica para resolver ciertos casos. Hay elementos que no pueden faltar. En el documento al que hago referencia se describe, por ejemplo, un “pool anticorrupción”: un grupo de funcionarios y operadores del sistema de justicia con la disposición de entrarle, coordinarse y utilizar los instrumentos disponibles al servicio de un caso… Claro, un caso importante. Un game changer, pues.

El Caso Lozoya es muy apetitoso para iniciar un proceso de esta naturaleza. Porque nos permite presumir que hay mucho detrás; que si jalamos la hebra vamos a poder dar con la madeja. En términos legales, contamos con los instrumentos necesarios. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la figura del testigo colaborador y la del principio de oportunidad, además de otros elementos que pueden hacer que los “arrepentidos” (los célebres pentiti, en el caso italiano) hablen. Los testimonios de éstos últimos, acompañados de investigación, nos pueden revelar cómo actúan las redes criminales en nuestro país.

Sin embargo, nuestro showman insiste en darnos espectáculo cuando podría darnos justicia. Podría convertirse en el presidente que responde a los anhelos de tantos ciudadanos.

Sus consultas a modo están perdiendo atractivo. Fue dificultoso recoger las firmas necesarias porque un show sin sustancia acaba por cansar. Pero la oportunidad sigue frente a él. Puede pronunciarse a favor una investigación seria y alentar el inicio de estos maxiprocesos en el país. Sin impulso de venganza y más bien con un anhelo de verdad. ¿Se imaginan lo que esto podría significar para el país?