Observaciones al Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024
El pasado 2 de julio de 2020 se presentó el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Dicho programa consta de cinco objetivos prioritarios. Aquí hacemos algunos comentarios sobre lo que más nos preocupa en torno a él.
Objetivo 1: mejorar las condiciones de seguridad
El primer objetivo busca, entre otras cosas, “mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional […] [e] […] incidir en las múltiples causas que generan el problema público del deterioro de las condiciones de seguridad.”
Este primer objetivo del plan sectorial se regodea en generalidades porque no detalla las rutas que se deberán de seguir para para conseguirlo. De varios problemas que detectamos en este objetivo, son dos los temas que más nos preocupan: Guardia Nacional y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC):
Guardia Nacional militar
La reforma constitucional aprobada en marzo de 2019 que creó la GN establece en el artículo 21 que la Guardia debe ser una institución de carácter civil. De igual forma, el artículo 6to. transitorio establece que la formación, régimen disciplinario, ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones “podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.” No obstante, el Plan Sectorial omite el camino que tomará el gobierno para cumplir el mandato constitucional que establece una Guardia Nacional civil para 2024.
Fuerzas Armadas sin controles jurídicos
El pasado 11 de mayo, el Ejecutivo publicó el decreto que ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, en tanto la GN desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. A pesar de ello, el Plan Sectorial no establece cuáles serán los mecanismos de supervisión interna y externa a los que tendría que estar sujeta la participación de las Fuerzas Armadas. Esta ausencia hace eco de la controversia constitucional que fue presentada ante el poder Judicial por la ausencia de un marco jurídico que regule la actuación del Ejército y la Marina.
Más atribuciones para la Guardia Nacional
Las labores de la Guardia Nacional se diversifican en el Plan Sectorial. De acuerdo con el documento, la GN tendrá una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia Financiera); una estrategia para controlar la entrada ilegal y circulación de armas de fuego en el país; atenderá los delitos de alto impacto; e implementará un modelo de proximidad social. Empero, ni las estrategias prioritarias o las acciones puntuales muestran lo pasos que se tienen que dar para que la GN pueda cumplir con estas funciones o la forma en que se dará la interacción entre niveles de gobierno.
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, un eje estratégico sin apoyo financiero
El MNPJC tiene un papel preponderante en el Plan Sectorial. Si bien el gobierno federal diseñó este modelo como un instrumento para integrar, desarrollar, fortalecer y coordinar a todas las policías del país, éste no cuenta con el apoyo político ni económico para su implementación. Para financiarlo, se pretendía incrementar de 20% a 50% el porcentaje obligatorio del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que los municipios están obligados a destinar al desarrollo policial. No obstante, dicho incremento no fue aprobado en Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. El Plan Sectorial no menciona de qué forma se obtendrán los 42 mil millones de pesos anuales necesarios para implementar el MNPJC en lo que resta del sexenio.
Objetivo 2: contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional
Después de que el concepto de prevención de la violencia y el delito casi desaparecieron del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad, la prevención reaparece en el Plan Sectorial. Sin embargo, nos preocupa la falta de claridad y ambigüedad de los siguientes puntos:
No hay una definición de prevención
El plan sectorial no define qué es la prevención de la violencia ni cuáles son los aspectos que pretende solucionar: atender los factores de riesgo y protección, limitar la exposición de las personas propensas a ambientes criminógenos o reducir la propensión delictiva de las personas. Tampoco especifica a qué etapa del delito le darán prioridad (prevención primaria, secundaria o terciaria) o qué tipo de intervención promoverán (situacional, comunitaria o desarrollo).
La focalización es incompleta
Aunque el plan sectorial establece que los niños, jóvenes y mujeres son grupos prioritarios para la política de prevención, no define sus características particulares (jóvenes en conflicto con la ley, niños migrantes, mujeres en zonas de alta criminalidad), no establece acciones puntuales para atenderlos (programas de terapias cognitivo conductual, fortalecer refugios para mujeres), ni define indicadores que permitan medir los resultados de la política. Los indicadores que proponen son muy generales (cambio en percepción de inseguridad e incidencia delictiva) y no captarán el impacto sobre los grupos prioritarios.
Jóvenes Construyendo el Futuro… ¿y previniendo el crimen?
El plan propone que los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) se conviertan en promotores de paz en sus comunidades. Si bien los adolescentes pueden convertirse en agentes de cambio, esto no se dará por decreto. Las intervenciones de este tipo requieren de diagnósticos claros, focalización territorial, una teoría de cambio, mecanismo de evaluación y participación de la comunidad. Sin ello, es muy poco probable que un programa diseñado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes pueda, además, prevenir la violencia y difundir la paz en las comunidades.
