Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

En estos días se liberó la evaluación de diseño que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizó sobre los programas sociales prioritarios de este gobierno. Cumplió con su obligación y con lo que estaba en su calendario de actividades, lo que renueva la confianza en la institución y su mandato, que es medir la pobreza y evaluar los instrumentos para abatirla.

Coneval nos ofrece mucha información que hay que digerir pausadamente, leyendo y procesando sus hallazgos, y las respuestas que las autoridades dieron a las mismas. Es importante decirlo: algunas dependencias públicas consideran al Coneval como una herencia indeseada del neoliberalismo. Por tanto, rechazan los métodos que emplea para hacer su trabajo. Dicen que su visión no alcanza para descifrar las claves del gobierno actual. Ciertamente es difícil descifrar esos códigos que no dan entrada a la evidencia, porque ¿cómo medir intenciones sustentadas en la buena voluntad y en una pretendida superioridad moral? ¡Vaya acertijo!

Dicho lo anterior, debo reconocer que no toda las respuestas gubernamentales a la evaluación del Coneval fueron de rechazo. Algunas de las dependencias públicas que tienen a cargo programas prioritarios fueron receptivas ante las recomendaciones. Y son precisamente ésas, las que muestran apertura, las que pueden darle mejores resultados al país. La evaluación es en realidad un regalo, no una maldición.

A mí me gustaría ver mucha más apertura y disposición al ajuste entre los que toman decisiones en los programas prioritarios del presidente. Sostenerlos a rajatabla en las circunstancias que vivimos implica un enorme costo de oportunidad. El dinero que se pone en ellos no se destina a hospitales ni medicamentos para niños enfermos de cáncer; ni para desempleados o empresas que pueden quebrar por la falta de apoyos en estos tiempos durísimos. Si yo fuera responsable de alguno de ellos, me sentiría muy comprometida a generar valor.

Pero ni hablar: estos programas reciben recursos de manera prioritaria porque son la apuesta del presidente para cambiar al país. Y en la versión de los malpensados, su misión es afianzar bases territoriales de apoyo para el presidente y su partido. Por eso, estos programas tienen como intermediarios o implementadores a los Siervos de la Nación, una figura peculiar porque los gestionan de facto, sin ser parte de la estructura operativa de las dependencias responsables de implementarlos. Me atrevería a decir que son intermediarios entre el presidente y el beneficiario, o el partido o delegado frente a quien recibe al apoyo.

Los propios Siervos fueron los responsables de levantar un padrón paralelo al que habían elaborado algunas secretarías de Estado para identificar y atender a la población-objetivo de sus programas. Se hizo borrón y cuenta nueva y éste nuevo levantamiento sirve de base para la distribución de los apoyos.

Los Santiago Levy que diseñan programas con información y evidencia a la mano son excepcionales. Es más frecuente la ocurrencia basada en una frase catchy, hecha para pegar en una campaña electoral.

No tengo claro cuáles fueron los criterios, si existieron, para identificar a los beneficiarios en este nuevo padrón. Pero lo que consigna la evaluación del Coneval es que algunos de los programas prioritarios no ponen en claro cuál es su población-objetivo. Ni siquiera describen con precisión el problema público que quieren atender. Y en casi todos, dice la evaluación de diseño, se dio un proceso de implementación de acciones sin que los programas estuvieran debidamente sustentados. Para ser justa, debo reconocer que esto sucede con frecuencia. Los gobiernos llegan al poder prometiendo políticas innovadoras, sin tener en la mano los diagnósticos y la claridad para intervenir en la realidad y provocar los cambios deseados.

Esto nos recuerda que los Santiago Levy que diseñan programas con información y evidencia a la mano son excepcionales. Es más frecuente la ocurrencia basada en una frase catchy, hecha para pegar en una campaña electoral.

Pero si nuestras instituciones de rendición de cuentas sirven de algo, en algún momento tendrán que pasar a examen a los programas-emblema de esta administración. Coneval hizo lo que le correspondía en esta fase temprana de los programas y del sexenio. La Auditoría Superior de la Federación también deberá hacer su parte, y emitir los resultados de sus auditorías de cumplimiento financiero y de desempeño aplicadas sobre ellos. Es muy lamentable que haya pospuesto su plan de trabajo a causa de la pandemia, pero no está de más apuntar que con los medios digitales muchos hemos logrado mantenernos activos en esta coyuntura.

Lo mismo va para la Cámara de Diputados y nuestros legisladores. Tendrán que exigir más, y en el momento oportuno: cuando tengan que aprobar los recursos para 2021. Nuestros legisladores deben exigir que estos programas entreguen resultados a la altura de lo que se invierte en ellos. Debo reconocer que Alfonso Ramírez Cuéllar, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, fue un firme impulsor de las reglas de operación para estos programas. Más atrevido él, que los legisladores de oposición.

Queda la pregunta importante: ¿estos programas pasan o no la prueba? Imagino un escenario en que la pobreza crece en el país, nada improbable con la situación económica que vivimos y programas sociales tan imperfectos. ¿Cómo reaccionará el presidente? ¿Sobrevivirán las instituciones de rendición de cuentas o las mandará al basurero, como todo lo que le estorba?