Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Han pasado siete días desde el atentado que sufrió el jefe de la policía capitalina. Afortunadamente sobrevivió al ataque. No como dos personas de su escolta y Gabriela Gómez, ciudadana de a pie que estuvo en el lugar y momento equivocados. Omar García Harfuch es reconocido por su trayectoria en el sector de la seguridad y de la investigación criminal. Es muy joven, pero parece que lleva la vocación en las venas.

El secretario de Seguridad Ciudadana ha de ser el primer interesado en esclarecer los hechos. Una investigación criminal bien conducida no sólo permite conocer los detalles de un acto criminal, sino también presentar ante la justicia a sus perpetradores. Es la vía para adentrarse en los móviles, estructura y cadena de mando —entre otros muchos aspectos— de una organización criminal: información valiosísima cuando se quiere desmantelar a un grupo o a una red criminal.

García Harfuch al frente de la Agencia de Investigación criminal condujo investigaciones exitosas. En México Evalúa nos interesamos particularmente en el caso Vallarta, conocido así porque el acto criminal —el asesinato de dos agentes de la AFI comisionados en algún caso—, sucedió en aquel puerto de Jalisco. Fue notorio que la investigación, la identificación de los responsables y el esclarecimiento de los móviles se diera en un plazo de 39 días. Fue alentador saber que, incluso con carencias estructurales, cuando las instituciones de procuración de justicia se lo proponen pueden llevar con éxito una investigación.

El caso descrito es excepcional —ojalá que la investigación del atentado contra García Harfuch también lo sea— porque las investigaciones de crímenes complejos casi siempre se quedan atoradas en algún punto del proceso; muchas de ellas en la denuncia o en la apertura de la carpeta de investigación, si no es que en el archivo temporal. Cuando no hay flagrancia o detenido, la probabilidad de esclarecer hechos o dar con responsables es muy pequeña, casi tocando el cero. El volumen de casos que se presentan ante la autoridad, a pesar de ser apenas una fracción de los que ocurren, abruma a las instituciones de justicia. Las tiene desbordadas. Por eso debe promoverse una persecución penal estratégica, esto es, que las instituciones se concentren en algunas prioridades. Se trata de usar los recursos y las capacidades para atender lo que más lastima a la sociedad.

En México Evalúa llevamos muchos años evaluando al sistema de justicia penal. Y lo que registramos a nivel agregado son avances lentos, que apenas se sienten. Las agujas de los indicadores que más nos importan no se mueven o lo hacen de maneras imperceptibles. El indicador de impunidad, uno de los más recurridos, sigue estando, en promedio, arriba del 90% en delitos de alto impacto. Nuestras instituciones no resuelven.

Esto tiene implicaciones monumentales. Primero, porque no hay justicia. Segundo, porque al carecer de una investigación criminal robusta perdemos las historias y los elementos que podrían nutrir el entendimiento y la inteligencia sobre la operación del crimen y sus redes.

Si el presidente realmente quisiera desmontar ese aparato de impunidad, debería levantar todas las barreras que impiden que se desarrollen y profesionalicen las instituciones de la justicia.

Tenemos una enorme expectativa de conocer qué tiene que declarar Emilio Lozoya ante los actos ilícitos que se le incriminan. Suponemos que el exfuncionario no actuó solo, sino era pieza de un engranaje más grande, el cual se podrá dibujar luego de conocer sus testimonios. Lo mismo con el caso Ayotzinapa. El fiscal Gertz Manero acaba de derrumbar la “verdad histórica” que se presentó sobre el caso. Desbarató una investigación que, se dice, fue mal conducida no sólo por falta de destrezas sino también por el afán de proteger a algunos involucrados en esa dolorosa trama. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar el fiscal en los dos casos. Si nos ofrecerá pan y circo o si las investigaciones se llevarán hasta sus últimas consecuencias.

Si jaláramos más esa hebra quizá podríamos dilucidar por qué la investigación criminal en este país no prospera. Una respuesta plausible: porque no es conveniente para muchos. Un sistema de justicia incapaz, que administra impunidad, es una pieza central del statu quo vigente, que no se ha modificado con el nuevo Gobierno. Quizá incluso saque provecho de ella, como lo hicieron las administraciones precedentes.

En su discurso de hace unos días, el presidente afirmó que la impunidad había terminado en el país. Ésta fue una aseveración desmedida y hasta hiriente frente a tantas víctimas del crimen y del abuso de poder que no han encontrado justicia. Si el presidente realmente quisiera desmontar ese aparato de impunidad, debería levantar todas las barreras que impiden que se desarrollen y profesionalicen las instituciones de la justicia, primordialmente las que realizan la investigación criminal. Debería ser el más interesado en su fortalecimiento y no lo contrario.

Con López Obrador a la cabeza del Gobierno —o con quien le siga—, este país no va a cambiar. No si las instituciones de justicia no lo hacen. La disyuntiva no es entre una transformación radical o pausada. Hablo de un cambio profundo. Si el presidente no trabaja en este frente, será muy parecido a sus antecesores, aquéllos que repudia. Será uno más de los que no pudieron o no quisieron cambiar el statu quo.