Jóvenes perdiendo su futuro
Alan López (@alanfabian07) | Nexos
El 36% de las víctimas de asesinato en 2018 tenía entre 15 y 29 años. Es decir, mataron a 13 mil 271 jóvenes en un año. Uno cada 40 minutos. De éstos, sólo el 19% contaba con un título universitario y el 18% estaba desempleado.
Además, el sistema penitenciario registra que una de cada tres personas privadas de la libertad es joven. De éstas, sólo el 20% cuenta con la preparatoria terminada.
Entonces, no hay verdades ocultas: el riesgo de los jóvenes de convertirse en víctimas o agresores es muy alto. Ser joven en México representa ser vulnerable (económica, social, política y laboralmente). El diagnóstico del Gobierno federal, por tanto, es correcto: los jóvenes son la prioridad. Sin embargo, la intervención estratégica que ha elegido no es la adecuada. Programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro no están diseñados para atender los factores de riesgo ni para proteger a los jóvenes de ambientes criminales o grupos delictivos. De hecho, sólo benefician al 3% de la población joven del país. No luce ni siquiera como paliativo.
Necesitamos una política diseñada específicamente para prevenir la violencia que sufren los jóvenes, basada en diagnósticos finos, con intervenciones focalizadas e indicadores para medir sus resultados. ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos? A continuación, algunas ideas.
El diagnóstico es correcto
Según datos del Inegi, el 89% de los jóvenes asesinados (con edades entre los 15 y 29 años) en 2018 eran hombres, y el 11%, mujeres.
¿Cuáles eran sus características? El 41% contaba con educación secundaria y sólo el 19%, con licenciatura. El 80% tenía un empleo formal antes de que le arrebatara la vida.
¿En dónde los mataron? El 48% de las jóvenes mujeres fueron asesinadas en la calle. En el caso de los hombres, este dato se verifica en el 60%.
En el interior del hogar fueron asesinadas el 19% de las jóvenes. En el caso de los hombres, sólo el 8%.
¿Cuáles son los estados más letales para los jóvenes? Colima, Chihuahua y Baja California. ¿Los menos violentos? Yucatán, Aguascalientes y Campeche.
Eso, en el lado de las víctimas. ¿Y qué hay entre los presuntos victimarios? De acuerdo, de nuevo, con el Inegi, una de cada tres personas privadas de la libertad tiene entre 18 y 29 años de edad. De éstos, el 95% eran hombres y el 5%, mujeres.
¿Cuáles son sus características? El 72% cuenta con educación básica, mientras que el 20% sólo ha terminado la preparatoria.
¿Qué situaciones de riesgo vivieron en sus hogares? El 30% reportó que sus padres consumían alcohol frecuentemente; el 20% estuvo expuesto a la violencia verbal y el 14% era golpeado físicamente.
Éste es el estado de emergencia, con más detalle. Como ven, no podemos perder más tiempo, ni dar más palos de ciego. Porque los programas sociales, para decirlo pronto, no son la solución. Veamos por qué.
La política social no equivale a prevención
Las becas Benito Juárez[1] y Jóvenes Construyendo el Futuro[2] son los programas sociales dirigidos, entre otros objetivos, a “prevenir” la violencia juvenil. Los lineamientos y las reglas de operación de ambos programas estipulan que se dará prioridad a los jóvenes de zonas con altos índices delictivos pero, no brindan más detalles sobre el proceso de selección, las características de los beneficiarios y de su posible impacto.
Esta falta de transparencia nos lleva a afirmar que los programas sociales no poseen los componentes necesarios de una política de prevención:
- No parten de un diagnóstico (o al menos no es público) en el que se especifique cuáles son los principales tipos de violencia que afectan a los jóvenes. O si atenderán de manera diferenciada la violencia que afecta a las mujeres y a los hombres.
- No especifican cómo seleccionarán a los jóvenes que viven en entornos de mayor criminalidad ni cómo definen tales entornos. Para ello, se requiere identificar, con base en metodologías de análisis espacial, las regiones de mayor concentración de violencia juvenil.
- No atienden los factores de riesgo ni fortalecen los factores de protección. Por ejemplo, tendrían que corroborar, con base en análisis estadístico y evidencia empírica, si la falta de educación o la violencia familiar son factores que incrementan la probabilidad de que un joven delinca.
- No justifican por qué las intervenciones elegidas (en este caso, las trasferencias monetarias[3]) son las más adecuadas para prevenir la violencia. Existen otro tipo de intervenciones que han demostrado su efectividad, como terapias psicológicas o programas de desvinculación de grupos delictivos (más adelante brindaremos algunos ejemplos).
- No poseen indicadores que permitan conocer de qué manera contribuirán a reducir los comportamientos de riesgo de los jóvenes, su exposición a ambientes criminales y los niveles de letalidad.
Es decir, los programas sociales difícilmente lograrán reducir los altos niveles de victimización de los jóvenes. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo formular una verdadera política preventiva?
Así luce una prevención bien enfocada
Una política preventiva puede atender tanto la victimización de los jóvenes como su involucramiento en actos delictivos y violentos, a través de acciones y programas específicos. Dadas las características de la violencia del país y las restricciones presupuestales, la política de prevención tendría que enfocarse en el segundo objetivo. Particularmente, atender a los jóvenes que viven en entornos de alta criminalidad y aquéllos que se encuentran en conflicto con la ley (para evitar así su reincidencia)[4].
En otros países se han ideado intervenciones efectivas[5], que podrían adaptarse a los diferentes contextos del país[6]. A continuación, algunos ejemplos:
Las terapias cognitivo-conductual[7] ayudan a los adolescentes a reflexionar sobre sus comportamientos agresivos, controlar sus impulsos, resolver de manera pacífica los conflictos y mejorar su inteligencia emocional. Se deben acompañar de actividades deportivas y culturales, así como de ofertas laborales para los infractores.
Las terapias multisistémicas[8] contribuyen a reducir las conductas delictivas y los niveles de reincidencia entre los jóvenes infractores mediante una supervisión continua de las actividades dentro y fuera de las escuelas, el desarrollo de habilidades de convivencia y técnicas de manejo de conductas para los padres.
Los programas de disuasión focalizada[9] procuran que los jóvenes con comportamientos problemáticos dejen de delinquir y se involucren en actividades de desarrollo personal (profesional, educativo, cultural) y de respeto a la legalidad, con el apoyo de las autoridades y la comunidad. Es importante que las autoridades dejen en claro a los jóvenes cuáles son las consecuencias sociales y penales de no abandonar tales actividades delictivas.
Estas intervenciones deben contar con el respaldo de un marco jurídico y organizaciones para su implementación. En México existe una Ley que norma la política de prevención, dependencias federales con atribuciones para su operación (el Centro Nacional de Prevención y la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y una estructura institucional a nivel local (centros estatales y comités municipales de prevención). Además, existen especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil[10] con amplia experiencia en el tema. El entramado institucional, como se ve, luce competente. ¿Qué le falta?
Las experiencias previas en materia de prevención nos han enseñado que es necesario contar con el liderazgo de los gobiernos locales (estatales y municipales) para operar intervenciones focalizadas, medir sus resultados y explorar fuentes de financiamiento que las hagan sostenibles en el tiempo. Además, es indispensable revisar la estructura normativa e institucional para evitar duplicidad de funciones y descoordinación entre las dependencias encargadas de la política.
Todo el andamiaje institucional debe servir para dirigir las intervenciones a los jóvenes que más lo necesitan, con el compromiso y la corresponsabilidad de la sociedad, el sector empresarial y la academia.
Esta vía para salir de la violencia no sólo es posible, es urgente. ¡Hoy más que nunca debemos proteger a nuestras generaciones futuras! Porque sin prevención nunca tendremos seguridad.
[1] El programa incluye las siguientes becas: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica (con un apoyo de $800 mensuales), Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior (con un apoyo de $800 mensuales) y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior (con un apoyo de $2400 mensuales).
[2] El programa otorga una beca mensual de 3,600 pesos para que los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan se capaciten durante un año.
[3] Estudios han demostrado los efectos limitados que han tenido en México los esquemas de becas para abatir la deserción de los alumnos beneficiarios. Consultar Fernández y Herrera (2018). “Las prioridades educativas y su espejo presupuestal en la Cuarta Transformación”. Nexos
[4] Diversos investigadores sugieren que, más allá de enfocarse de manera general en los factores de riesgo, habría que dirigir las intervenciones a reducir la propensión delictiva de las personas, evitar la proliferación de ambientes criminógenos y limitar la exposición de las personas propensas a ambientes criminógenos, o en las personas, lugares y comportamientos en donde tiende a concentrase la violencia. Consultar a Sumano, A. (2020). “Detener la hemorragia es posible”. Nexos; Vázquez, P. (2018). “Repensar la prevención de la violencia y el delito en México”. Nexos.
[5] En México Evalúa elaboramos un Banco de Prácticas de Prevención de acuerdo con nivel de efectividad, tipo de intervención y población objetivo. USAID también realizó una revisión detallada de intervenciones para prevenir y reducir la violencia juvenil. Aquí puedes consultar el white paper.
[6] Esto requiere un análisis previo para conocer las características y dinámicas particulares, así como las capacidades institucionales para su posible adaptación.
[7] Para conocer más sobre los efectos de estas intervenciones, consultar a Heller et. al. (2015). Thinking, fast and slow? some field experiments to reduce crime and dropout in Chicago. Departamento Nacional de Investigación Económica, Serie de working papers, no. 21178
[8] Para mayor información, consultar a Fagan y Catalano (2012). What Works in Youth Violence Prevention: A Review of the Literature. Research on Social Work Practice 23(2) 141-156.
[9] Se han realizado diversas evaluaciones, con resultados favorables, sobre este tipo de intervenciones. Consultar a Corsaro, N. y R. Engel (2015). Assesing the Impact of Focused Deterrence on Serious Violence in New Orleans. Criminology & Public Policy. 14:3, 1-35; Braga, A. y D. Weisburd (2012). The Effects of Focused Deterrence Strategies on Crime: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Empirical Evidence. Journal of Research in Crime and Delinquency. 49:3, 323-358.
[10] Organizaciones como Reinserta y Reintegra cuentan con amplia experiencia en intervenciones dirigidas a jóvenes en conflicto con la ley o privados de su libertad.
