Reguladores energéticos: no olviden cuál es su función

María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | Animal Político

Varias de las batallas políticas más duras en lo que va de esta administración se han librado en el corazón del sector energético, y acaso los principales damnificados son los órganos reguladores.

Se trata de organismos autónomos y técnicos, con lógicas de funcionamiento que escapan a los ciclos políticos y una gran demanda de profesionistas altamente calificados. Por eso, las políticas de austeridad los golpean de forma particularmente severa: muchos se han visto obligados a reducir de forma drástica su plantilla de personal. Sin embargo, el recorte presupuestal es sólo la afectación más evidente. La variación de la política energética –a pesar de que no se ha modificado el marco jurídico del sector– ha cambiado el rumbo en la toma de decisiones al interior de estos órganos. En unos más que en otros.

Un regulador que va en contra de sí mismo

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cambio ha sido radical. Fueron saliendo uno a uno los comisionados que integraban su Órgano de Gobierno, hasta convertirlo prácticamente en un órgano nuevo que no cuenta aún con un presidente, y que ha celebrado pocas sesiones. El resultado es un retraso en el trabajo, que afecta a los entes regulados.

Aunado al retraso, existe una gran incertidumbre sobre la orientación en sí que tomará este órgano regulador. La mayoría de los comisionados se han manifestado a favor de un cambio de visión, sin que, insistimos, sea claro cómo puede esto darse, pues sus funciones y el marco normativo al que se sujeta su actuación sigue siendo el mismo. La mayor manifestación de este cambio ha provenido de José Alberto Celestinos, quien además de ser comisionado de la CRE, se presenta como el líder del proyecto de construcción de la Refinería de Dos Bocas, de Pemex, empresa que es el principal ente regulado de la Comisión. Por lo demás, el comisionado ha expresado abiertamente que busca apoyar y rescatar a la petrolera estatal, con lo que contraviene uno de los principios fundamentales de la función reguladora, que es la objetividad e imparcialidad de sus decisiones frente a las empresas reguladas.

Por fortuna, a raíz de la más reciente manifestación pública que tuvo el comisionado Celestinos, en la que señaló que la CRE frenaría la expedición de permisos a gasolineros que no fueran de la marca Pemex –además de que modificaría la normatividad que especifica la calidad de los petrolíferos (NOM-016)–, la CRE emitió un comunicado en el que se deslindó de lo que llamó “opiniones personales” del comisionado. Sin embargo, Celestinos declaró esto en su calidad, precisamente, de comisionado, y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es clara respecto a los lineamientos sobre el manejo de la información por parte de estos funcionarios en actos públicos, y cómo tienen prohibido divulgar información sobre cualquier proceso deliberativo o de toma de decisiones pendientes por parte de la Comisión.

Este tipo de acciones restan credibilidad y generan incertidumbre en torno al papel de esta autoridad, cuyas decisiones deben caracterizarse por la consistencia y la predictibilidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), parte de una buena gobernanza en los reguladores implica la claridad de los roles, la coordinación y la planificación dentro de nuevos y complejos contextos políticos e institucionales y la instauración de mecanismos de rendición de cuentas alineados con los objetivos que, por ley, estos entes deben cumplir para propiciar cambios y mejores resultados para la economía y la sociedad. Es en esto en lo que tendría que estar trabajando la CRE.

Un foco de alerta en la CNH

El caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es una historia diferente, pero no deja de preocupar que también en los últimos meses se justifiquen algunas acciones bajo la premisa de la modificación en la visión y la política energética de la actual administración.

Nos referimos, por ejemplo, a la opinión favorable que dio esa Comisión a la Secretaría de Energía (Sener) para volver a otorgar 64 asignaciones a Pemex, originalmente dadas en la Ronda 0, y que siguen en etapa de exploración. El acto es significativo porque la mayoría de los comisionados acepta la postura de Sener, a pesar de que no existe una motivación de que la asignación, en comparación con la licitación, es el mecanismo más adecuado para el interés del Estado mexicano en términos de producción y abasto de hidrocarburos.

Lo anterior contraviene el marco jurídico actual que, como bien estableció el comisionado Pimentel en su voto particular, se trata de un marco que en lo general busca la competencia. Además, en los argumentos de la mayoría de comisionados no queda clara la forma en que se está velando por la maximización del valor de los hidrocarburos en el territorio nacional. Lo que se revela, más bien, es la intención de ayudar a la empresa productiva. En ese sentido, lo deseable hubiera sido que el regulador presentara un análisis del riesgo regulatorio de aprobar esta decisión de Sener; por ejemplo, del riesgo de incumplimiento considerando el tipo de actividad, la naturaleza de los regulados, el historial de cumplimiento de Pemex, entre otros factores.

Con este tipo de decisiones los reguladores no hacen otra cosa que limitar sus propias facultades, su autonomía y, por tanto, la confianza en su actuación.

Recordemos que la razón de ser de estos reguladores está en impulsar la competencia económica, lo cual no puede pasar sin un esquema de regulación asimétrica. Tampoco sin acceso abierto en la interconexión de la red eléctrica o sin considerar rondas para exploración y producción. Incluso si la política en la que ha insistido Sener es contraria a esta visión, el regulador tiene una función que cumplir y debe insistir en ella con autonomía del Poder Ejecutivo e independencia de los entes que regula.

Con el marco jurídico actual no hay cabida para una política contraria a la neutralidad competitiva que dé preferencia a las empresas estatales. El enfoque está en la eficiencia, el bienestar al consumidor y en maximizar el valor. Contravenir estos principios necesariamente implican contravenir la Ley.

Esto no quiere decir que estos órganos busquen debilitar a las Empresas Productivas del Estado. Por el contrario, lo que busca la vigilancia y supervisión por parte de estas autoridades regulatorias es que el manejo de estas empresas sea óptimo y en el mejor interés público.

El Estado mexicano puede hacer rendir cuentas a estos órganos con controles externos que tendrían que activarse en caso de que se distorsione su función. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puede interferir como guardián de la competencia y en beneficio de los consumidores. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública puede iniciar de oficio investigaciones respecto a las faltas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en el caso de conflicto de interés.

En México Evalúa estamos convencidos de la importancia de la función de los reguladores energéticos. Por ello, con la intención de fortalecerlos, les daremos puntual seguimiento para que cumplan su función de vigilancia de forma imparcial y objetiva, sin otorgar beneficios injustificados. Esto adquiere relevancia dada la enorme importancia que el actual gobierno da a las empresas estatales del sector.

Mientras no cambie el marco jurídico, esto es lo que hay que exigirles, y es una forma también de garantizar un mejor manejo de estas empresas en beneficio de los mexicanos.