Necesitamos peritos a la altura de la crisis de justicia

Chrístel Rosales (@Chris_Ros ) | Animal Político
Hace un mes y medio en México Evalúa presentamos la sexta edición de Hallazgos, una evaluación sobre el sistema de justicia penal en México. Sus resultados no son nada alentadores; es más, podrían (deberían) estremecernos. En un país caracterizado por fenómenos de macrocriminalidad, crímenes de Estado, violencia letal, desapariciones y fosas clandestinas, resulta insoportable un índice de impunidad de 94.1%. Al dolor se le suma el escarnio: se trata de un sistema en el que el acceso a la verdad y a la justicia son la excepción y no la regla.
De Hallazgos se desprende un retrato minucioso de la manera en que opera la justicia en México, lo que denominamos la ‘Ruta de la arbitrariedad’. Ésta comprende la manera en que los diversos operadores (policías, fiscales, jueces) toman decisiones durante el proceso penal, ya sea a partir de una denuncia o de una detención. Creemos que con este enfoque es posible desentrañar las principales causas de la impunidad.
En esta ruta las principales deficiencias se detectan en la investigación criminal. No vayamos lejos: recién atestiguamos la liberación de Gildardo López Astudillo y de varios implicados en el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a consecuencia de los errores, omisiones y arbitrariedades en la investigación. Mientras las fiscalías continúen fabricando pruebas a partir de tortura y no de inteligencia y dictámenes científicos, no será posible esperar un destino distinto en la cancha del Poder Judicial.
¿Qué hacer? Un punto de partida: el proceso de integración de la investigación criminal debe concebirse como la colaboración entre policías, fiscales y peritos. Los primeros, para desarrollar materialmente las investigaciones y realizar inteligencia operativa; los segundos, para conducir jurídicamente las investigaciones y, en su caso, el litigio. Los peritos, por su parte, analizan la evidencia, aportan elementos científicos para la investigación y, de ser necesario, para la identificación de cuerpos o restos. Así, un modelo de trabajo orientado a construir investigaciones robustas basadas en criterios técnicos exige la colaboración y operación independiente entre los operadores.

Los peritos: grandes desconocidos

 A pesar de constituirse como una pieza fundamental en la investigación criminal y un actor clave durante el proceso penal, lo cierto es que hasta ahora no se observan esfuerzos para conocer y fortalecer los servicios periciales y forenses. Tras una década de transición hacia un sistema acusatorio oral –y 28 entidades que han transitado o iniciado sus procesos de transición de procuradurías a fiscalías–, los grandes ausentes del debate público siguen siendo los peritos.
Con el fin de atender el fenómeno de la desaparición de personas y enfrentar el procesamiento de hallazgos en fosas clandestinas, el 24 de junio pasado Alejandro Encinas^[1], subsecretario de Derechos Humanos, propuso medidas inmediatas concernientes a los servicios periciales y forenses. Planteó, en primer lugar, la creación de cinco institutos regionales forenses que sirvieran de apoyo a clusters de entidades. Propuso también el mejoramiento del equipamiento tecnológico para labores de identificación y la homologación de protocolos a nivel nacional. Todas las medidas están orientadas al fortalecimiento de las instancias locales.
Sin embargo, es preciso señalar que estos planteamientos exigen el compromiso de las fiscalías locales para subsanar las deficiencias y desarrollar políticas para mejorar su operación. Y con mayor razón en el marco de la transición hacia fiscalías, lo que involucra una transformación profunda de sus procesos, estructuras organizativas, modelos de investigación y esquemas de colaboración entre operadores. Por eso, vale la pena analizar el estado en que se encuentran actualmente, en cinco atributos básicos:
A. Independencia
Tanto en el ámbito federal como en el local, los servicios periciales requieren condiciones para que su operación se encuentre libre de injerencias y presiones externas, ya que sus dictámenes son clave para el cauce de las investigaciones. Si bien se ha puesto sobre la mesa la creación de un Instituto Nacional Forense que salvaguarde una operación independiente y científica, lo cierto es que estas instancias requieren de garantías de independencia en el ingreso y controles para detectar malas prácticas o riesgos de arbitrariedad, tengan o no autonomía técnica.
En el supuesto de existir de facto estas garantías y controles, la adscripción de los servicios periciales no sería un obstáculo para su independencia. Sin embargo, comúnmente se observa la subordinación de los peritos a las disposiciones de los ministerios públicos, sin que la operación de uno sirva de contrapeso al otro. A nivel nacional, casi todos los servicios periciales se encuentran adscritos a las fiscalías locales, a excepción de Jalisco, que cuenta con un organismo descentralizado del Ejecutivo estatal.
B. Personal suficiente
Tan sólo en términos de suficiencia de personal se identifica un foco de alarma: una tasa nacional de 1.41 peritos para la investigación de delitos federales y de 5.82 para los delitos del fuero común (cifras de 2018^[2]). Esos niveles son sensiblemente inferiores con respecto a otros operadores del sistema de justicia.
Las entidades con mayor capacidad instalada son Michoacán (23.27), Quintana Roo (16.59), Baja California Sur (14.39) y Zacatecas (13.27); mientras que en el extremo opuesto, las de menor cantidad de personal son Jalisco (0.28), Veracruz (3.33), Estado de México (4.54) y Coahuila (4.57). Los datos permiten apreciar que no se cuenta con personal suficiente para realizar los estudios, dictámenes, necropsias o realizar investigaciones de manera proactiva, con la debida diligencia y calidad^[3].

C. Especialización
De las 24 fiscalías que proporcionaron información^[4], 22 reportaron contar con áreas de criminalística o criminología; 21 con balística, genética, química y medicina forense; 18 con psicología o psiquiatría; 15 con contabilidad, grafoscopía y documentoscopía; 14 con informática, arquitectura y/o ingeniería civil; 11 con tránsito terrestre; 10 con dactiloscopia y valuación de inmuebles; ocho con retrato hablado y antropología forense; siete con identificación vehicular y topografía y cinco con lofoscopía, entomología y agronomía.

D. Sistemas de información e identificación genética
Aunque 22 servicios periciales y forenses reportaron contar con una base de datos o registros de información genética, y 17 aseguraron contar con un sistema de registro y procesamiento de información, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han demostrado que, en la práctica, no es así. En cualquier caso, a la fecha no existen bases de datos confiables sobre información genética, que logren efectivamente asociar datos de familiares con información de los cuerpos o restos humanos.
Éste es uno de los elementos de coincidencia entre diversas aproximaciones a la problemática, ya que involucra tanto la existencia de plataformas tecnológicas y bases de datos, como la operación homologada para la recolección de datos antemortem y postmortem. Mientras no se cuente con ellos, las labores de identificación forense se verán imposibilitadas.
E. Protocolos
Aunque se desarrolló un protocolo nacional para el tratamiento e identificación forense y 18 entidades reportaron contar con protocolos para el tratamiento de restos humanos y cadáveres, lo cierto es que no se observan prácticas homologadas para los procesos de exhumación, resguardo e identificación en las distintas fiscalías. Lo que provoca que prevalezcan situaciones que obstruyen el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad, tales como la pérdida de información para la identificación o el tratamiento inadecuado de los cuerpos.
Es urgente atender el desarrollo y socialización de los protocolos por parte de las diversas fiscalías. Su aplicación no debe sujetarse a la existencia de un mecanismo extraordinario, sino que aquélla se verá fortalecida, vigilada y garantizada por éste.

¿Damos pasos en la dirección correcta?

La situación por la que atraviesa el país demanda acciones concretas e inmediatas para acceder a la justicia. La investigación criminal y el desarrollo de inteligencia deben ser el corazón de los esfuerzos interinstitucionales. Los casos de éxito de investigaciones criminales que documentamos en el Reporte Hallazgos 2018, y que han logrado sostenerse en litigio, tienen como punto de encuentro el óptimo desempeño de policías, fiscales y peritos.
Hoy en día se observan esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de investigadores mediante el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Por su parte, algunas fiscalías están orientando esfuerzos para transformar sus modelos de investigación hacia una persecución penal estratégica, pero no se ha puesto aún el foco de atención en los servicios periciales y forenses. Hoy más que nunca se requieren peritos a la altura de la crisis humanitaria, capaces de remontar los déficits de confianza, justicia y verdad.

^[1] Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Versión estenográfica disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/informe-de-trabajo-del-sistema-nacional-de-busqueda
^[2] Elaboración propia con información proporcionada mediante solicitudes de información.
^[3] Documento técnico para la audiencia temática: “Las desapariciones forzadas y la propuesta del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México”. Mayo 2019. Disponible en: https://sinlasfamiliasno.org/movimiento/wp-content/uploads/2019/05/MecanismoForenseCIDH2019.pdf
^[4] Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal. México Evalúa. 2019. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/2019/08/07/hallazgos-2018-seguimiento-evaluacion-del-sistema-justicia-penal-en-mexico/