Contrataciones en el Poder Judicial: ¿Mérito o ADN?

Laurence Pantin (@lpantin) / Animal Político

 ¿Qué nos evoca el hecho de que un juzgador tenga a 17 familiares laborando en el Poder Judicial Federal, como es el caso de un magistrado del Vigésimo Quinto Circuito en Durango?

Como lo explica Julio Ríos Figueroa en un espléndido estudio[2] publicado la semana pasada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, “no está mal per se que familiares laboren en la misma institución, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas.”

Y precisamente aquí está el problema. Como lo detalla el documento, el Poder Judicial Federal presenta un severo déficit meritocrático, ya que la carrera judicial – establecida en 1994 como un sistema de selección y promoción basado en el mérito de los juzgadores y otros empleados del Poder Judicial que participan en actividades jurisdiccionales[3] – solamente rige cinco de los 45 puestos en la institución analizados. De estos cinco, solamente dos (el de juez y el de magistrado) se obtienen mediante concursos de oposición estrictos, que también presentan algunas limitaciones[4]. Los otros tres requieren de exámenes más sencillos. Todos los demás puestos, incluso algunos que implican actividades jurisdiccionales, se obtienen con requisitos mínimos y generalmente son otorgados a discreción de los jueces y magistrados.

Posteriormente, Ríos Figueroa analiza las numerosas relaciones familiares que se pueden identificar en el Poder Judicial Federal (el número de familiares que cada empleado, en particular cuando es juez o magistrado, tiene en la institución, así como el tipo de relaciones de parentesco con ellos). También estudia las redes familiares en la institución, que permiten identificar relaciones endogámicas (cuando familiares trabajan dentro un de mismo tribunal o juzgado) o de intercambio (cuando un empleado del Poder Judicial Federal tiene a uno o varios familiares trabajando en el tribunal o juzgado donde labora otro empleado del Poder Judicial Federal quien, a su vez, tiene uno o varios familiares adscritos al tribunal o juzgado del primer empleado).

De aquí que el lector tenga la tentación de concluir que el ADN pesa mucho más que la formación académica, la trayectoria, la experiencia y/o el conocimiento en la contratación de empleados por parte del Poder Judicial Federal.

Pero más allá del probable nepotismo en el Poder Judicial Federal que revela este estudio, el análisis de los cargos en función de su exigencia meritocrática y de su nivel de regulación que realiza el autor nos parece muy útil para entender muchos otros problemas que enfrenta el Poder Judicial Federal, como la falta de capacidades, profesionalismo o ética de algunos de sus empleados, con sus posibles consecuencias.

Este documento es muy valioso también por las recomendaciones que ofrece para fortalecer y extender la carrera judicial, crear un servicio civil de carrera para los funcionarios que realizan tareas administrativas o técnicas en la institución, transparentar los procesos de selección de magistrados, jueces y otros empleados, implementar un sistema de declaraciones de interés exhaustivas y reforzar la autonomía del Consejo de la Judicatura Federal con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ríos Figueroa concluye que son las mismas instituciones del Poder Judicial Federal las que “deben liderar el esfuerzo de diagnóstico y reformas en estos temas”, ya que “los más afectados por la percepción de falta de profesionalismo y eficacia del Poder Judicial Federal son sus propios funcionarios”.

Me permitiría agregar otra razón: el Poder Judicial Federal suele ser un modelo para los Poderes Judiciales estatales, cuya situación en la materia es todavía más preocupante. Aunque existen pocos estudios[5] sobre el tema específico del nepotismo, las denuncias abundan[6].

Esto no debe extrañarnos, ya que, si bien en todos los estados la legislación menciona la existencia de una carrera judicial, ésta no necesariamente existe más allá del papel. Una muestra de ello es que en 25 estados el gobernador interviene en la designación de los magistrados.

Allí es muy común que acaben siendo nombrados no necesariamente familiares, pero sí amigos o aliados políticos del mismo Ejecutivo local, lo cual pone en grave riesgo la independencia de la justicia.

Por eso también es importante que el Poder Judicial de la Federación tome cartas en el asunto, al reformar sus procesos e instituciones con el fin establecer un verdadero servicio profesional de carrera, tanto para funciones jurisdiccionales como técnicas o administrativas, y así erradicar el nepotismo. Solamente así podrá seguir siendo un ejemplo para los Poderes Judiciales de los estados.

[1] Laurence Pantin es coordinadora del programa de transparencia en la justicia y de proyectos especiales de México Evalúa (@mexevalua).

[2] Es importante precisar que el estudio El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación se basa a su vez en los datos recabados por el Consejero de la Judicatura Felipe Borrego, cuyo trabajo y valor se deben saludar, en un Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal.

[3] Es decir, que participan en la producción de las sentencias judiciales.

[4] En efecto, el autor del estudio explica, por una parte, que el 87% de los concursos para plazas de juez y magistrados han sido cerrados (es decir, exclusivamente dirigidos a miembros del Poder Judicial Federal, lo cual reduce el nivel de competencia de los mismos) y, por otra, que la reglamentación de estos concursos ha sido inestable (lo que ha generado mucha litigiosidad en torno a estos concursos).

[5] Uno de ellos analizó de manera muy breve el nepotismo en el Poder Judicial de Nuevo León.

[6] Es el caso en Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Quintana Roo o San Luis Potosí, para citar algunos ejemplos en años recientes.