Como resultado de la exigencia y propuestas de la academia y la sociedad civil organizada, México ha dado pasos en la dirección correcta. Los siguientes seis años son críticos para la consolidación de instituciones y cambios legales que atiendan la debilidad del Estado frente a la crisis de impunidad.

Nuestra prioridad es la transformación de las instituciones de México para que actúen de manera legal, legítima, eficaz, con integridad, apertura, visión de derechos humanos y rendición de cuentas.

El camino aún es largo y las tareas pendientes son muchas. Aquí 11 propuestas concretas para una agenda mínima que permita seguir avanzando en el control efectivo de la corrupción:

1.    Reformar el Artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente.

2.    Completar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Plataforma Digital Nacional, para que se convierta en el centro de inteligencia contra la corrupción y que integre el procesamiento de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.

3.    Utilizar evidencia y análisis automatizado para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción.

4.    Promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos. Impulsar una Ley General en materia de adquisiciones y obra pública que establezcan parámetros, principios, procesos, criterios y funciones homogéneas y comparables para todo el país.

5.    Desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio, tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe ser completamente transaccional y transparente.

6.    Diseñar políticas anticorrupción basadas en evidencia y el análisis automatizado de datos que permitan enfocar los esfuerzos de auditoría y control de manera estratégica. Interconectar a las Fiscalías Anticorrupción a las bases de datos de la nueva Plataforma de Contrataciones Públicas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

7.    Consolidar una nueva cultura de integridad corporativa que tenga como objetivo central hacer negocios de manera limpia y responsable.

8.    Generar una Cédula Nacional de Identidad con datos biométricos que garantice la eficiencia de los programas sociales.

9.    Eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales. El efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable.

10.  Desarrollar un modelo de publicidad oficial​ que asegure una prensa libre y crítica.

11.  Asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos, tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el trabajo del Congreso. México necesita Gobiernos y parlamentos abiertos.