El nuevo dilema
Trump nos ha desnudado y hecho obvio que no tenemos un “plan b” por lo que más vale que nos pongamos a hacer la tarea que los políticos han ignorado por 25 años
Luis Rubio (@lrubiof) / Reforma
El gobierno actual es prueba fehaciente que la problemática que enfrenta el país no depende de la voluntad del presidente. Cuando el gobierno actual se aprestaba a tomar posesión, su principal consideración residía en cómo reconstruir la capacidad de acción del Estado. Era evidente que la capacidad de gobernar se había venido deteriorando y que ningún país puede prosperar con un gobierno enclenque, incompetente y paralizado, además de abrumado por factores fuera de su control. La propuesta de un “gobierno eficaz” resumía su visión de manera nítida, pero también sus limitaciones: implicaba la idea de que se puede recuperar lo perdido, o sea, que la nostalgia lo remitía a lo que había funcionado décadas antes.
En esto, el gobierno de EPN no es excepcional. Los mismos argumentos que se esgrimieron en la campaña de 2012 se pueden escuchar ahora por el lado de Morena: antes las cosas funcionaban, hoy todo es un desastre. ¿Estarán bien estos dos priistas, uno de cepa y otro de historia? La realidad es que hay muchas cosas que funcionan bien en el país y que justifican a plenitud las reformas y transformaciones que se han experimentado a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Por supuesto, hay partes del país que siguen rezagadas y persisten innumerables problemas, desequilibrios y obstáculos, pero cualquier observación objetiva revelaría lo obvio: el reto hacia adelante es enorme, pero el potencial, y el punto de partida, son excepcionales.
En 1968, el iconoclasta Samuel Huntington hizo olas cuando afirmó que “la diferencia más importante entre las naciones se refiere no a su forma de gobierno sino a su capacidad de gobierno.” Esa afirmación, publicada en el momento más álgido de la guerra fría, continuaba con otras herejías, como que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían más en común que cualquiera de ellas con naciones de África o América Latina. El punto del autor era que, más allá de ideologías y formas de gobierno, algunas naciones tenían capacidad de gobernarse y otras no.
¿Dónde está México en esa dimensión? Cuando el hoy presidente Peña proponía un gobierno eficaz o cuando Andrés Manuel López Obrador promete un gobierno capaz de sacar al país de su bache, hablan de un sistema de gobierno que existió hace medio siglo y que era capaz de implementar las decisiones que se tomaban en la cúpula. Es decir, ambos personajes públicos conciben la función de gobernar como capacidad de imponer sus decisiones. Hablan de un gobierno competente e institucionalizado e idealizan al viejo sistema priista, pero en realidad se refieren a un sistema autoritario donde sus dos piezas clave -la presidencia y el partido- se complementaban para mantener un férreo, pero legítimo, control sobre la población, lo que hacía fácil gobernar. Como han demostrado los pasados cinco años, ese sistema ya no existe y, más importante, no puede ser recreado.
La bandera partidista o ideológica es lo de menos: la pretensión de que se puede retornar a ese mundo idílico es simplemente absurda. El reto que México enfrenta es el de crear un nuevo sistema político, apropiado a las circunstancias del siglo XXI. Porfirio Díaz afirmó que “gobernar a los mexicanos es como arriar guajolotes a caballo;” el PRI pensó que los controles autoritarios habían resuelto esa complejidad, pero hoy es evidente que el problema no es de personas sino de estructuras e instituciones.
Independientemente de que siga o se termine el TLC, el gran déficit del país es su incapacidad para gobernarse. El TLC hizo posible pretender que, con las garantías efectivas a la inversión y con la confianza que provee ese instrumento, se podía evitar tener que reformar al sistema de gobierno. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: ante el riesgo de perder el TLC y frente a una elección en la que nadie está enfocado en el problema real que enfrenta el país. En lugar de debatir el problema de gobernanza, nuestro verdadero déficit, vivimos el ruido de una retórica gastada y obsoleta sobre cómo retornar al pasado o cómo proteger lo existente. La verdadera promesa de AMLO, como la de EPN, es un autoritarismo benigno: yo puedo hacerlo porque yo soy fuerte.
Lo que México necesita no son hombres fuertes e iluminados sino instituciones efectivas. Para eso se requiere una disposición de nuestra clase política a enfrentar los problemas estructurales del país que ahora han sido desnudados por Trump al hacer evidente que no tenemos Plan B ni capacidad de articularlo porque no hicimos la tarea en estos años. El TLC fue un medio muy efectivo e inteligente para resolver un problema medular (estabilizar al país y darle certidumbre a la población y a los inversionistas), pero no es suficiente para lograr un desarrollo integral y nos expone, como ahora sabemos, a los avatares de EUA, quien se suponía tenía permanencia estratégica.
El país requiere un nuevo sistema de gobierno, anclado en la ciudadanía y con instituciones y mecanismos efectivos. Hoy tenemos una absurda combinación de instituciones viejas, obsoletas e ilegítimas con demandas interminables de que el gobierno actúe y responda. Tenemos que encontrar la forma de empatar ambas cosas: capacidad de gobierno y legitimidad.