El caso Odebrecht ha hecho público lo que se conocía en los corrillos, la clase política succiona recursos de la contratación de obra pública para beneficio personal o el de sus propias carreras políticas.

Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero

La corrupción en el sector de la obra pública es un fenómeno que se presenta a nivel mundial, pero hay niveles. Algunos países, la mayoría de ellos desarrollados, han logrado establecer los mecanismos para cerrar los espacios de corrupción en el sector. Aún así, por más pequeños que sean esos espacios, la corrupción se les cuela, pero es la excepción.

En otros países la corrupción en el sector parece ubicua y alcanza los más altos niveles.

El caso Odebrecht ha hecho público lo que se conocía en los corrillos, la clase política succiona recursos de la contratación de obra pública para beneficio personal o el de sus propias carreras políticas. Y parece que hay una fuerte correlación entre desarrollo institucional y político y la ocurrencia de este fenómeno.

En México, la corrupción en la contratación de la obra pública es legendaria. Militares movilizados después de la gesta revolucionaria optaron por la disciplina cuando se les permitió meter mano a la bolsa de recursos destinada a las contrataciones o adquisiciones importantes del Estado.

Cualquier persona de aquella época, sin embargo, palidecería al ver lo que sucede en nuestros tiempos.

Hoy tenemos un coctel explosivo compuesto por malas leyes, mala planeación, pésimos controles, muchos actores, más ambiciones y una grave adicción a campañas políticas costosísimas que sólo pueden ser financiadas con dinero mal habido.

Todos estos fenómenos entrecruzados nos arrojan un panorama desalentador: la inversión en obra física no está generando valor.

El programa de infraestructura en este país es una colección de proyectos fragmentados de muy distinto tamaño y relevancia, que no obedece a un plan maestro, a una visión de desarrollo, o a una valoración efectiva sobre su relación costo-beneficio.

La inversión en obras de infraestructura obedece a una lógica cortoplacista y política: obras que visten al gobernante en turno, proyectos que generan un margen de dinero líquido para financiar la campaña en el siguiente ciclo electoral. Por eso no promueven el desarrollo del país.

Resulta urgente hacer un planteamiento que permita revertir esta lógica. Cerrar los espacios para conductas indebidas e imprimirle un sentido de racionalidad a la inversión en infraestructura en este país.

Una reforma en este sentido también podría tener un efecto en otro ámbito: el electoral. Al cerrar la llave a esta fuente de recursos ilegítimos, nuestros procesos electorales podrían adquirir un matiz de más equidad.

En el Legislativo existen algunos proyectos para reformar la ley de obras vigente. Una propuesta formulada desde el Ejecutivo federal que algunos senadores, con sentido de responsabilidad, detuvieron hace un tiempo.

También un proyecto alternativo que podría llegar a dictaminarse en las próximas semanas que, por lo que se conoce, mejora los términos de la iniciativa del Ejecutivo, aunque mantiene áreas de oportunidad que deben trabajarse para hacerlo un planteamiento realmente relevante y transformador.

Esta pieza legislativa es vital para México. Si nos sale bien, podríamos desactivar ese círculo perverso de corrupción-financiamiento irregular de campañas que tanto ha dañado a nuestra democracia, pero también podríamos sentar las bases para cambiar el marco de gobernanza de la inversión pública en el país.

No hay que tenerle demasiada fe a un cambio legal. Eso es lo que la evidencia nos enseña. Pero también hay que reconocer que el marco normativo vigente deja muchas puertas abiertas para la corrupción.

Los funcionarios de Odebrecht y los del gobierno mexicano que pudieran estar implicados en esta mancuerna de corrupción, encontraron en el marco normativo vigente el amparo para las decisiones y acciones que se tomaron.

Así es, nuestra ley permite adjudicaciones directas por montos millonarios sin el requisito de la rendición de cuentas. Permite la coexistencia de un amplio abanico de regímenes en materia de contratación. Permite procesos no competitivos y un sin fin de aspectos que explican por qué estamos como estamos. No deberíamos sentirnos sorprendidos.

La reforma en materia de obra pública puede tener impactos en distintas bandas. Ojalá nos salga bien.