2025: el año que lesionó gravemente a la justicia en México

Personas sin experiencia, con antecedentes delictivos, sin compromiso con la justicia y que más bien representan intereses políticos o abiertamente partidistas ahora son quienes tienen la justicia en sus manos.

Por Susana Camacho (@susanacamachomexeva) | Programa de Justicia
Publicado en: Animal Político

Cerramos 2025 con la imagen que pinta de cuerpo entero el estado de la justicia en México: Un juez de lo penal, recientemente electo por el voto popular, apuntando con una pistola a una mujer y sus vecinos en Quintana Roo. ¿Cómo es que alguien capaz de ese amago de violencia ocupa el cargo de juzgar a otros, es decir, de impartir justicia? 

La reforma judicial

Aunque la reforma judicial se anunció como la solución contra abusos de poder y corrupción, lo que se está demostrando es exactamente lo contrario. Si bien no se debe generalizar, lo cierto es que se abrió una puerta muy peligrosa: personas sin experiencia, con antecedentes delictivos, sin ética, sin compromiso con la justicia, que no pasaron por filtros estrictos y que más bien representan intereses políticos o abiertamente partidistas ahora son quienes tienen la justicia en sus manos. Una justicia que nos debía mucho y ahora puede ser aún peor.

2025 será recordado como el año en que se implementó una reforma judicial que implicó una purga contra todos los jueces del país —fueran o no buenos juzgadores—. Reforma que impuso una elección judicial en la que sólo una minoría del electorado participó y cuya jornada electoral se caracterizó por la trampa de los acordeones. Una elección de candidatos que implicó tómbolas en las que los cargos y la vida profesional de jueces de carrera rodaron por el piso del Congreso y que ignoró las diversas manifestaciones y voces que señalaron los riesgos de esta forma de escoger a nuestros jueces. Una elección que luego fue convalidada por el Tribunal Electoral, encargado de la “justicia” electoral. 

La reforma al amparo

El año que cerramos también implicó una restricción al acceso a la justicia a través del amparo. No bastaba con tener jueces a modo o comprometidos con intereses partidistas, había que cerrar las vías para que ningún juez se atreviera a ir en contra del “interés común”, sobre todo si este interés se identifica con el de las autoridades. El interés del Estado sobre los derechos de las personas.

La prisión preventiva y los “jueces sin rostro”

Terminó 2025 y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió el tema de la prisión preventiva oficiosa. Aún en contra de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las y los nuevos ministros no se han atrevido a resolver lo que en justicia corresponde: eliminar esta figura del marco jurídico mexicano por violar el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. 

En todo el mundo, las naciones democráticas utilizan la prisión preventiva para asegurar que los procesos judiciales se lleven a cabo, pero en ningún caso se impone de forma automática, como sí lo establece la Constitución mexicana para una lista de delitos. Una lista o catálogo que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón con siete categorías delictivas, y que en las dos últimas administraciones ha incrementado otras 15 (nueve en el sexenio 2018-2024 y seis en lo que va de la actual administración).

Todo ello a pesar de que, como se ha demostrado con datos, la prisión preventiva oficiosa no tiene efectos sobre la incidencia delictiva. Estados como Querétaro prácticamente no la aplican, y es una de las entidades  con mejor percepción de justicia.  

En el sentido opuesto, el homicidio doloso —que desde 2008 ha estado en ese catálogo— ha incrementado de 13 mil a 30 mil casos según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es decir, los datos nos indican que la figura no impacta en el número de delitos que se cometen. En México no se pide que se elimine de plano la prisión preventiva, sólo se pide que se justifique en cada caso.

A pesar de ello, la Corte no se pronunció. De la misma manera, el Senado dejó sin dictaminar la reforma enviada por la Presidencia para implementar esta medida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida que, por cierto, fue incluida como parte de la reforma judicial a nivel constitucional.

Otra iniciativa violatoria del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que se incluyó en dicha reforma es la figura de “los jueces sin rostro”. Personas juzgadoras cuya identidad permanecerá anónima bajo el argumento de la necesidad de protección ante casos de delincuencia organizada. El hecho es que en lugar de esta figura bastaría con activar la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, publicada en 2012. No obstante, el hoy ex Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nunca la articuló en su mandato.

La renuncia del Fiscal

También en 2025 vimos renunciar por causas no graves al mencionado Fiscal General de la República. A pesar de que la Constitución establecía que debía durar en su encargo nueve años, en el séptimo, un día anunció que dejaba su puesto para tomar un cargo diplomático. La administración del Fiscal Gertz se caracterizó por extraditar y entregar a la justicia de otro país a integrantes de redes de delincuencia organizada, ante la incapacidad del órgano de persecución penal federal de probar los delitos cometidos en México. Una Fiscalía que cada año procesó menos casos federales y que se mostró indolente ante tragedias como el hallazgo del Rancho Izaguirre, centro clandestino de reclutamiento y desaparición forzada de personas, en Teuchitlán, Jalisco.

2025 fue un año difícil para la justicia mexicana. A pesar de ello, debemos buscar caminos que no nos cierren la puerta a la posibilidad de tener un país más pacífico a partir de la justicia y la disminución de la impunidad. 

Nuestros mejores deseos o propuestas para 2026

En 2026 se tienen que sentar las bases normativas para que en 2027 se elijan por voto popular a aproximadamente 800 jueces federales y, en 25 entidades, a todos o hasta a un 75% de los jueces estatales. El año que inicia es una oportunidad para reconocer las deficiencias más graves de la reforma judicial.  Que al menos en la Constitución y en las leyes secundarias se establezcan estándares más elevados y legítimos para elegir mejor a las personas candidatas a cargos judiciales. Que los congresistas atiendan la  recomendación de que la elección judicial de 2027 no sólo no debe partidizarse, sino que necesita separarse de la elección de cargos políticos de ese mismo año.

2026 podría ser el año para abrir una discusión de fondo y con pruebas sobre el impacto de la prisión preventiva oficiosa y de los “jueces sin rostro”. Podría ser el año en que desde múltiples ámbitos construyamos mejores salidas para la justicia en México. Para someter a exámenes de conocimientos, experiencia y ética, a quienes imparten justicia.

2026 es una puerta para reactivar la articulación de la persecución penal federal con las fiscalías estatales. Un año para recuperar el amparo como protección de la ciudadanía frente a actos o abusos de autoridad.

En fin… 2026 podría ser diferente y un poco más justo para México.