⁠⁠Lo que no toca la reforma judicial: la impunidad

Con esta reforma, la justicia penal en México no tendrá la efectividad que demanda la sociedad, pues parte de un diagnóstico incompleto sobre el problema que busca resolver: la impunidad.

Jorge Carbajal | Programa de Justicia

Quienes están a favor de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador y ya aprobada por la Cámara de Diputados, suelen promover los beneficios que tendrá para la democratización del Poder Judicial y el acceso a la justicia. Afirman con total convicción que fue el pueblo, de manera mayoritaria, quien decidió impulsar esta reforma a través de su voto, lo que le otorgaría legitimidad democrática. 

Es difícil imaginar que, con esta reforma, la justicia en México tendrá la efectividad que tanto demanda la sociedad. Como se ha señalado en muchos espacios de discusión, la propuesta carece de una perspectiva integral sobre los problemas y necesidades que enfrenta la justicia en México. En el mejor de los casos, parte de un diagnóstico incompleto sobre el problema público que busca resolver: la impunidad.

La justicia no son solamente los jueces

Hay que recordar que el sistema de justicia, además del fuero federal, comprende el fuero común (con 32 jurisdicciones, una por entidad federativa) y una diversidad de materias con especificidades en el diseño y operación de las instancias involucradas.

Tan sólo en la materia penal, la justicia se ejerce a través de un entramado normativo e institucional que abarca las policías, los centros de justicia para las mujeres, las fiscalías, las comisiones de atención a víctimas, los servicios periciales, las unidades de medidas cautelares, las defensorías públicas, los sistemas penitenciarios y los poderes judiciales. Todas estas instancias tienen que funcionar de manera coordinada para cumplir con los principios, derechos y procedimientos que establece la Constitución Política Federal, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables.

Para ilustrar los retos específicos del sistema de justicia penal —que no son propios de los poderes judiciales—, basta con ver algunas cifras. De acuerdo con nuestro reporte Hallazgos 2022, en ese año las fiscalías estatales iniciaron 2,246,885 procedimientos derivados de las carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos. De ellos, al cierre del año, 52.3% continuaron en trámite (o proceso de investigación), 43% fueron resueltos por alguna determinación ministerial que no representa una solución efectiva para las víctimas (como el no ejercicio de la acción penal o el envío de los expedientes al archivo temporal) y sólo en el 4.3% hubo una vinculación a proceso. Esto significa que en menos del 5% de los casos denunciados la resolución era competencia de los jueces locales, ya sea por juicio oral, procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso. 

Políticas públicas que sí abordan el problema

Es evidente que uno de los mayores retos que enfrenta la justicia en México tiene que ver con las capacidades de las fiscalías para procurar justicia, considerando el volumen, diversidad y complejidad de los casos que año con año conoce. En México Evalúa hemos impulsado desde hace varios años la persecución penal estratégica como una herramienta de política pública para optimizar los recursos disponibles de las fiscalías (que por cierto suelen ser muy limitados). Esta optimización se logra al establecer criterios de priorización de los fenómenos delictivos. Cada tipo de delito cuenta con su propio modelo y estrategia de investigación, así como formas de atención diferenciada conforme al perfil de las personas involucradas.  

En nuestra iniciativa Hallazgos / Red Justicia buscamos que en los procesos de elaboración de las políticas de persecución penal a nivel local se consideren mecanismos de participación de la sociedad civil y la academia —tales como foros, mesas de trabajo y consultas—.  De hecho, actualmente trabajamos con actores locales de la sociedad civil y las fiscalías estatales de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas en el diseño de mecanismos de seguimiento y retroalimentación de dichas políticas. 

¿Sólo la votación define a lo democrático?

Más allá del discurso oficialista, lo democrático de una decisión, política o reforma legal —constitucional en este caso—, incluye más elementos de los que se han considerado y no justifica la cerrazón para considerar otras perspectivas y argumentos, e incorporar otros aspectos del problema que se pretende resolver. 

El tema no es menor ya que hablamos de que la justicia es un bien público y una aspiración de nuestra sociedad. La elección directa por voto popular de jueces, ministros y magistrados no es el único mecanismo para democratizar y hacer más efectiva la justicia, y claramente no el mejor en este caso, ya que implica más riesgos que ventajas.

La legitimidad de los jueces y la de las fiscalías

¿Por qué no incluir en esta reforma a las fiscalías tanto federal como estatales? Si se trata de legitimidad, como argumentan algunos promotores de la reforma, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 nos revela que no hay diferencias significativas entre las fiscalías y los jueces en términos de legitimidad (o falta de). 55% de la población consideró efectivo el desempeño del Ministerio Público y las Fiscalías, mientras que en el caso de los jueces fue de 58.3%. Asimismo, 58% de la población confía en los agentes del Ministerio Público, y 59.1% confía en los jueces. Sin embargo, 57.8% de la población percibe que los agentes del Ministerio Público son corruptos, y 66% percibe que los jueces son corruptos. Es decir, el problema está en ambas áreas.

Desde México Evalúa lo hemos advertido reiteradamente: el principal problema de la justicia penal en México no radica tanto en los poderes judiciales, como en las fiscalías. La reforma no resolverá el grave problema de impunidad que alcanza el 96.3% de los casos, sin contar la llamada cifra negra que son los delitos que ni siquiera se denuncian o en los que no se abre una carpeta de investigación, y que nos dice que solo 7 de cada 100 delitos sí llegan al sistema de justicia.

No olvidemos estos datos, porque serán una de las líneas de base con las que mediremos los efectos de esta eventual reforma sobre la efectividad de la justicia penal. Dicho sea de paso, nos preocupa que va a agravar el problema, y no ayudará a resolverlo.