Ensayo sobre la prisión de José Saramago

Parece que nuestro actual sistema de justicia está diseñado para resolver el problema de la delincuencia exactamente del mismo modo en que las autoridades de la obra de Saramago intentan combatir la ceguera.

Fabiola J. Mondragon Herrera (@jazminmh931) / Animal Político 

El “búnker” es, a simple vista, un dormitorio cualquiera del Centro “Juan Fernández Barragán” ubicado en Tlalnepantla, Estado de México. Pero para muchos reclusos, es su peor pesadilla. La versión oficial es que el dormitorio está reservado para los delincuentes más peligrosos. La verdad es que es utilizado por los custodios para castigar a aquellos que no tienen ni dinero ni familiares para extorsionar. En un lugar como las cárceles mexicanas, donde se paga hasta por respirar, este tipo de personas no tienen lugar. Por ello, después de recibir varias golpizas, son encerradas en este dormitorio de cuatro camastros de cemento donde viven varias decenas de reclusos en condiciones de hacinamiento que duermen atados a barrotes. Se les prohíbe dejar el dormitorio, que no tiene ni sanitarios suficientes ni agua para los mismos. En consecuencia, viven entre su excremento, expuestos a todas las infecciones que esto implica, condiciones que las autoridades penitenciarias niegan[1].

Esta historia para muchos podría parecer una escena de la novela “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago, una obra que retrata la reacción de un país ante una epidemia de ceguera. La respuesta del gobierno es una política de cero tolerancia en la que todos aquellos posibles contagiados son internados en un antiguo manicomio. Como es de esperarse, día a día llegan más personas hasta que el manicomio termina en condiciones deplorables de hacinamiento, sin comida, medicamentos, camas o agua suficientes para todos los internos. Posteriormente, ya que las autoridades tienen miedo de que se propague la enfermedad, dejan el manicomio en manos de un grupo de ciegos que exige el pago de cuotas al resto de los internos a cambio de entregarles la comida y el agua que les corresponde y, eventualmente, hasta obligan a las mujeres a prostituirse. Mientras las condiciones en el manicomio empeoran, el gobierno no hace nada para acabar con estas atrocidades, porque es un precio que está dispuesto a aceptar para acabar con la plaga de ceguera. ¿Les suena parecido?

Parece que nuestro actual sistema de justicia está diseñado para resolver el problema de la delincuencia exactamente del mismo modo en que las autoridades de la obra de Saramago intentan combatir la ceguera. De hecho, si comparamos la política sanitaria de la novela con la política del actual sistema de justicia, encontramos grandes similitudes, como lo demuestra la descripción del “búnker”.

Primero, el aislamiento como respuesta al problema. Al igual que el gobierno imaginado por Saramago decide encerrar a todos los ciegos y de esa manera aislar el problema, la respuesta a la inseguridad que muchos ciudadanos exigen del sistema de justicia es encerrar a todos los delincuentes, sin importar la gravedad del delito que cometieron. Pero no es todo. En la novela, no se aislaron solamente a los ciegos, sino también a los posibles contagiados, como sucede en México con muchos presuntos delincuentes. Es lo que ocurre con la prisión preventiva oficiosa, que implica encerrar a los imputados de algunos delitos, antes de determinar si son culpables[2].

La segunda similitud es la generalización de la pena o del tratamiento. En su novela, Saramago describe cómo, al estar encerradas con las personas ciegas, las personas que todavía no presentan síntomas de la enfermedad pero de las que se sospecha que han sido infectadas acaban contagiándose. Lo mismo pasa en las cárceles mexicanas que se convierten en sitios de contagio criminal, en los que mientras más tiempo pasan encerrados mayor es la propensión a cometer delitos nuevamente, pues se encierran juntos sentenciados y presuntos delincuentes, sin discriminar por el tipo de delito[3].

Tercero, la deshumanización del sujeto aislado. De la misma manera que ocurrió con los ciegos de Saramago, en nuestro país cuando alguien es señalado como delincuente inmediatamente pierde valor como persona, se convierte en un ser inferior, y al no verlo como igual, la sociedad pierde la capacidad de empatía con él. Se pierde interés por las condiciones en las que vive o el tratamiento que recibe -el hacinamiento, las violaciones a derechos humanos, el autogobierno del centro penitenciario en el que se encuentra. Al igual que al gobierno de la novela sólo le interesó que los ciegos estuvieran encerrados y no representaran un peligro para la sociedad, únicamente nos interesa que los delincuentes se mantengan alejados de las calles.

En cuarto lugar, el aislamiento no tiene como objetivo el de tratar a los internos para reintegrarlos a la sociedad posteriormente. En el caso del manicomio, era evidente la intención: al no ofrecer personal, comida, medicamentos ni condiciones decentes, las autoridades no esperaban que los internados fueran a salir algún día. Si las condiciones de nuestras cárceles, como por ejemplo las del “búnker”, se parecen tanto a las del manicomio de Saramago, ¿por qué asumir que el objetivo es diferente?

Y finalmente, la gran similitud es que ambas políticas fracasaron. En la novela de Saramago, las autoridades aislaron a todos cuantos pudieron, pero eso no evitó que afuera de los centros de reclusión continuaran los brotes de ceguera. Esta política fue una respuesta cortoplacista, insostenible, que no atendía el problema de raíz, sino sólo los síntomas. Nuestro sistema penitenciario es parecido: las cárceles recluyen, pero no reforman. Son lugares que además de violentar los derechos humanos, terminan funcionando como centros de contagio criminal financiados con recursos públicos, mientras en las calles el problema de inseguridad continúa creciendo.

Lo que la historia, nuestra experiencia y la novela de Saramago nos demuestran es que la mentalidad del castigo y del aislamiento no sirve para resolver el problema que nos aqueja. En cambio, sí tiene grandes costos para una sociedad cuyo tejido se desintegra. Entonces, ¿por qué seguimos apostando por una política de encarcelamiento?

La reforma al sistema de justicia que entró en vigor en todo el territorio nacional el año pasado justamente persigue corregir estos problemas. Busca la construcción de un sistema de justicia que considere alternativas a la prisión[4], que no imponga castigos generalizados, sino justicia para las víctimas. Busca que sólo personas cuya culpabilidad haya sido demostrada y que lo requieran estén en las cárceles y que éstas no sean focos de contagio criminal ni “búnkers”, sino verdaderos centros de reinserción social. Sin embargo, para que este nuevo sistema funcione es necesario que toda la sociedad y en particular sus operadores (policías, ministerios públicos y jueces) modifiquemos nuestra concepción de la justicia, separándola de la idea del castigo y del paradigma punitivo del aislamiento como solución única a nuestros problemas.

* Fabiola J. Mondragón es investigadora del Área de Justicia de @mexevalua.

[1] Relato basado en el testimonio de una persona que estuvo en el “búnker” y que por motivos de seguridad prefiere permanecer en el anonimato.

[2] La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar en la que, para cierto tipo de delitos, al momento de la detención inmediatamente se priva de la libertad al imputado durante el proceso incluso antes de determinar si es culpable del delito.

[3]Disponible aquí.

[4] Este tipo de salidas alternativas busca precisamente brindar la oportunidad a las víctimas de delitos menores llegar a un acuerdo que resulte mucho más beneficioso para ambas partes, de manera que la víctima obtenga una reparación del daño y no solamente una sentencia privativa de la libertad para el responsable del delito que además de afectar al imputado de una manera desproporcional dejaría insatisfecha a la víctima. De esta manera, se tiene una justicia pronta y expedita, menos costosa y que despresuriza las cargas de trabajo de las instituciones para que puedan enfocarse en atender los delitos graves que no pueden ser resueltos por este tipo de alternativas, de manera que el sistema y la sociedad en general se ven beneficiados.