LuisRubio/ Reforma

El mundo cambia cuando la gente se acostumbra a lo inaceptable, cuando ve como natural lo que no es, como la inseguridad. En lugar de protestar, exigir y demandar la construcción de un sistema de seguridad que atienda las necesidades e intereses de la ciudadanía, los mexicanos nos vamos acostumbrando a vivir bajo el yugo del crimen organizado en sus diversas variantes. El gobierno, de hecho, los gobiernos de las últimas décadas, han sido incapaces de proveer una solución y han acabado tan derrotados y complacientes como todos los demás. En lugar de liderazgo efectivo, los mexicanos hemos tenido derrotistas en jefe. La promesa de negociar con los narcos y darle amnistía a los criminales es otra faceta de ello: más de lo mismo, o peor.

La gente se ajusta y adapta al ambiente, una característica inherente a la raza humana. Para la seguridad, esa característica constituye un enorme peligro porque implica que desaparece el clamor por un régimen de seguridad que satisfaga a la población y haga posible una transformación integral.

El fenómeno es ubicuo. La economía informal ejemplifica los costos de acostumbrarnos a lo que no debe ser: en lugar de progresar y prosperar, quienes viven en la informalidad acaban atrapados en ella y, aunque puedan generar un ingreso, se constituyen en clientelas que incentivan a los políticos a preservar un orden (desorden) que no tiene salida. Lo mismo es cierto de la corrupción, que puede satisfacer una necesidad inmediata (como realizar un trámite), pero conlleva la consecuencia de que esos trámites jamás se eliminan o mejoran. Las policías privadas, los muros cada vez más altos y las púas no son sino subterfugios que quitan la presión sobre quien debería resolver el problema y promover la convivencia pacífica.

En la medida en que la ciudadanía se distancia del mundo de reglas y, en general, de la ley, las instituciones gubernamentales dejan de ser relevantes, agudizando la crisis de confianza y credibilidad que nos acecha. El atractivo que representa AMLO para muchos potenciales votantes no radica en ideas originales y positivas que no tiene, sino precisamente en lo contrario: ya que nada de eso sirve, mejor enquistémonos en los “usos y costumbres” que impiden resolver los problemas reales. Cuando uno cruza ese umbral, se diluye la viabilidad de la construcción de un sistema democrático de pesos y contrapesos, se degradan las instituciones políticas y, en última instancia, como diría Max Weber, los criminales acaban siendo el Estado porque ellos son quienes ostentan el monopolio de la fuerza. Fenómenos como los de alianzas partidistas extrañas, saltamontes sin principios y confianza fundamentada en creencias en vez de instituciones, son manifestaciones obvias del deterioro que hemos experimentado.

Las propuestas de candidatos y gobernantes recientes se remiten a reformas a las leyes y regulaciones existentes (una favorita es la del mando único) así como instituciones, como ilustra la reforma judicial y policial. Todos estos son esfuerzos legítimos pero, como muestra Colombia, quizá el ejemplo más exitoso de transformación en esta materia, nada de eso cambia la realidad sino hasta que el gobierno asume su papel como garante de la seguridad ciudadana y está dispuesto a transformar la realidad institucional que yace, a final de cuentas, detrás del caos de ilegalidad e inseguridad imperante. En Colombia, una serie de gobiernos sucesivos transformaron al país porque reconocieron que el problema no eran los criminales sino la falta de Estado y, por lo tanto, que la única forma de salir adelante consistía en construir, de hecho, un nuevo Estado, con todo lo que eso implica*.

Meramente reformar instituciones existentes en un entorno general de ilegalidad, informalidad, impunidad y corrupción no hace sino impedir soluciones. Una reforma trascendente -policial, judicial, etc.- sólo será exitosa en la medida en que se inscriba en un contexto de transformación general del régimen político. En contraste con las propuestas extremas -igual amnistiar a todos que mano dura- Colombia mostró que no hay caminos intermedios: se transforma al gobierno en su integridad o todos los esfuerzos que se hagan acaban retornando al mismo lugar. Los avatares de la policía federal en estos años ilustran este fenómeno de manera por demás nítida.

México vive momentos críticos y trascendentes. La inseguridad crece y se nutre de la inacción gubernamental y de la ausencia de propuestas conducentes a resolverla. Se pretende preservar lo que funciona -como ilustra la épica negociación del TLC- pero no se plantea una solución integral al problema de inseguridad que, inexorablemente, reduce el potencial de inversión en el país, para no hablar del efecto sobre la ciudadanía. El riesgo de acabar en una “nueva normalidad” de inseguridad permanente no es pequeño y, a juzgar por las propuestas de negociación y amnistía, el de acabar en un Estado narco es inmenso.

Hablando de la viveza criolla, Jorge Luis Borges criticaba ese espíritu de legalidad burlada o ilegalidad acomodada que caracteriza a nuestra cultura. Ser vivo, decía el escritor argentino, no implicaba dejar de ser ignorante. Eludir soluciones reales y urgentes si lo es.