La corrupción es un problema que afecta la gobernabilidad democrática de México. Los esfuerzos recientes para atender este fenómeno derivaron en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que busca articular el trabajo de diversas instituciones para prevenir, investigar y castigar eficazmente la corrupción. Sin embargo, sus primeros años de implementación no han tenido los resultados esperados ya que han puesto en tensión las inercias propias de las instituciones con funciones anticorrupción (en particular la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación), han enfrentado obstáculos administrativos-presupuestales y han evidenciado límites del nuevo diseño institucional. Por ello, la próxima administración deberá fortalecer los pesos y contrapesos de los órganos anticorrupción, blindar su presupuesto e independencia, además de impulsar una Política de Integridad Nacional, para acabar con la impunidad y consolidar un verdadero Estado de derecho en el país.