Edna Jaime / El Financiero

El martes 3 de abril se produjo una “coincidencia” que ilustra las ramificaciones que nutren la crisis de seguridad del país, así como el papel de las autoridades en esta.

Hace tres días se dieron a conocer dos noticias que, si se observan desde lejos, no parecen estar conectadas.

La primera fue el anuncio del secretario de Gobernación, en el que informaba que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) se instalaría bajo la autoridad directa de la Comisión Nacional de Seguridad, contraviniendo lo que dice la ley.

Efectivamente, el acuerdo publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación contradice el artículo 50 de la Ley de Desaparición Forzada, promulgada el 12 de octubre pasado, después de más de dos años de debate. ¿Será que dicho artículo no era lo suficientemente claro cuando establecía que la Comisión “debe ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación”? ¿O será que el titular de la Segob, en apenas seis meses, olvidó lo que indicaba la ley?

La segunda noticia fue que se detuvieron a otros dos exfuncionarios de seguridad del estado de Veracruz: el exdirector general de Servicios Periciales y la exdelegada regional de la Policía Ministerial de Zona Centro Xalapa. Ambos habían sido nombrados por el que era fiscal durante el gobierno de Javier Duarte, ahora encarcelado.

Los exfuncionarios fueron detenidos por presunta responsabilidad en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos en enero de 2016. Estas detenciones son parte del operativo Tiro de Gracia, cuyo objetivo es aprehender a los miembros de la red de servidores públicos que operaban bajo el mando de Duarte “con el fin de detectar, detener, torturar y desaparecer a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada”, según las propias indicaciones de las autoridades. Están abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas. Actos presuntamente cometidos por policías y autoridades estatales bajo la gubernatura de Javier Duarte.

Obviamente, colocar a la CNB bajo tutela de la Comisión Nacional de Seguridad no tiene nada que ver con las detenciones en Veracruz.

Sin embargo, frente a un panorama tan dramático, podríamos haber imaginado –ingenuamente– que la crisis de las desapariciones en México iba a generar una respuesta seria y comprometida por parte del gobierno saliente, así como de la administración estatal de Veracruz.

No podíamos estar más equivocados.

A fin de marzo de este año, el Congreso de Veracruz anunció que se le destinaría el 0.007 por ciento del presupuesto general del estado a la Comisión Estatal de Búsqueda, cuya instalación y armonización con la Comisión Nacional –una obligación prevista por la Ley de Desapariciones– apenas comienza.

En este contexto, la señal emitida por la decisión de Segob de no respetar la Ley de Desapariciones respecto a la autonomía de la CNB, termina de evidenciar la distancia que existe entre la gravedad de la situación en el país y la respuesta institucional.

La decisión de Segob, si se pone en perspectiva de las investigaciones abiertas en contra de la administración de Javier Duarte, indica claramente la intención de fragilizar la operación y la independencia de la CNB. Por otra parte, envía un mensaje increíblemente desalentador a las organizaciones civiles que llevan a cabo las tareas de búsqueda de sus familiares.

Las desapariciones en México, que involucran tanto a grupos criminales como a autoridades públicas, deberán de estar en el corazón de la estrategia contra la impunidad de la próxima administración. Lamentablemente, no se le ha escuchado a ninguno de los candidatos una definición al respecto. Para ellos el tema no existe.

En este caso preciso, el gobierno federal deberá primero garantizar la independencia de la CNB y otorgarle el estatuto previsto en el texto –ya de por sí imperfecto– de la Ley de Desaparición Forzada, así como asumir la tarea de implementar una política ambiciosa dotada con los recursos presupuestales necesarios para su pleno funcionamiento.

Estos pasos no solamente son indispensables. Son el mínimo de decencia que se le puede pedir al gobierno (los gobiernos) frente a semejante tragedia.