Edna Jaime / El Financiero

En octubre pasado publiqué en este espacio una columna que trataba de la violencia contra los alcaldes en México. El texto se llamaba “No se puede hacer nada, que se maten”.

Unos días después, a finales de octubre 2017, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le dio eco a este texto cuando declaró que, ante la violencia que los acecha, los presidentes municipales “tienen que tomar sus precauciones… No sé si seguridad privada, pero sí tomar precauciones, de no exponerse en horas que no son convenientes, de no transitar por rutas que pueden ser de riesgo”. No se podría haber ilustrado mejor el nivel de abandono institucional que existe respecto al municipio en México.

Sin embargo, en febrero 2018, después de meses sin mayores comentarios por parte de las autoridades ni de los candidatos a las elecciones de julio, parece que la cuestión de la violencia contra los políticos municipales podría llegar a ponerse sobre la mesa.

Para comenzar, es necesario recordar algunas cifras importantes.

Primero, la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) reveló que, desde el principio del mandato de Enrique Peña Nieto al 31 de diciembre de 2017, fueron asesinados 60 presidentes municipales: 33 que habían dejado su cargo, 22 en sus funciones y 4 recién electos. Estos datos son superiores a las cifras correspondientes al sexenio anterior (49 alcaldes y exalcaldes asesinados bajo la administración de Felipe Calderón) y suman así 109 muertos desde 2006, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico.

Segundo, un informe publicado en enero por la iniciativa Justice in Mexico indica que hoy en día, en México, un presidente municipal tiene 12% más de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común.

Y, finalmente, desde que ha iniciado el 2018, se han asesinado a 13 políticos locales, varios de ellas o ellos estando en pre-campaña o en campaña electoral. Son más de uno por semana.

A partir de estas cifras y dinámicas – más que alarmantes – me parece relevante hacer algunos comentarios.

Lo primero es que participar en la política local de México es un oficio altamente peligroso, que ninguna institución pública protege. Al contrario, como lo revelan los casos de muchos políticos locales asesinados o amenazados, los gobiernos estatales y el federal parecen haber abandonado a esa escala de gobierno a su suerte, después de haberla declarado incompetente y fallida, principalmente en tareas de seguridad.

Esto representa una señal de alarma acerca del estado de las instituciones públicas en México, así como del peligro que corren los funcionarios públicos, especialmente al nivel local, tanto en campaña, como durante y después de su mandato. Al matar, y al dejar matar a políticos locales, se debilita a la democracia mexicana, que de por sí anda bastante enferma. ¿Quién quisiera lanzarse a una carrera política local que le promete la muerte?

Desafortunadamente, y como suele suceder, nos faltan conocimientos locales y datos finos para conocer las características de estos asesinatos. Sin embargo, se puede hacer una hipótesis constante. A los candidatos, regidores y presidentes municipales se les mata con un objetivo claro: impedir y/o influir en la política local del país. Sin duda, esta situación favorece, de forma directa o indirecta, a los poderes fácticos locales, sean controlados por el crimen organizado, caciques locales o una telaraña de ambos.

En este contexto, la violencia se convierte en violencia política, una palabra difícil de usar en el contexto mexicano ya que tanto el gobierno federal como muchas de las demás instituciones políticas del país, se esconden constantemente detrás del argumento del “crimen organizado” para alejar o callar cualquier debate acerca del tipo de conflicto que conoce México.

¿Será demasiado tarde para pedir que los gobiernos federal y estatales se encarguen de que las próximas elecciones se organicen en un ambiente seguro?

Desafortunadamente, parece que sí. Parece que México está dispuesto a dejar morir a sus candidatos locales en la máxima impunidad, como si esto fuera una vertiente más de lo que la sociedad puede aceptar.

Es urgente entender que a los políticos locales no se les mata “por casualidad”. Lo que vive México es violencia política y está peor que nunca.

¿Dónde están las instituciones del Estado que deberían estar atendiendo estas muertes? Persiguiendo a los adversarios políticos.

Esto también es una forma de violencia.