• Los datos exhiben que los montos transferidos a gobiernos estatales, mediante tres programas de subsidios del Ramo 23 sin reglas de operación, han variado en función de simpatía partidista con la administración federal en turno.
  • De acuerdo al estudio “Arquitectura del Ramo 23”, en lo que va de la administración actual se han gastado 318 mil millones de pesos dentro de estos programas, lo que equivale a 30% del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017.
  • La arquitectura discrecional del gasto público permite opacidad, simulación y gasto de recursos en programas que no están orientados a alcanzar objetivos de política pública, por lo que es urgente mejorar y blindar la asignación de los recursos públicos, especialmente del Ramo 23, señala el reporte.

Al presentar el estudio Arquitectura del Ramo 23, especialistas coincidieron en la necesidad de terminar con la discrecionalidad del gasto público y en cambio promover una toma de decisión más objetiva y democrática. En este documento, la organización México Evalúa analizó las transferencias de recursos públicos del citado Ramo “Provisiones Salariales y Económicas” observando específicamente tres programas de subsidios: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas. En conjunto, estos constituyen una bolsa que ha devengado un gasto promedio anual de 14 mil 230 millones de pesos en la administración anterior, y 63 mil 693 millones de pesos en la administración actual. Entre 2009 y 2012 el total ejercido bajo estos programas fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 fue de 318 mil 465 millones de pesos, lo que equivale a 30% del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017 -esto incluye el alza de impuestos de ISR, IVA y gasolinas-.

Durante la presentación del estudio Edna Jaime, directora de México Evalúa, explicó que Arquitectura del Ramo 23 da continuidad al documento publicado en 2014 Descifrando la Caja negra del Gasto”, que ya advertía de la inconsistencia entre presupuesto aprobado y gasto ejercido. Este nuevo reporte devela el comportamiento de los programas del Ramo 23 en ocho casos estatales: Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jaliso y Sonora.
“La forma en la que opera el Ramo 23 no es un accidente; estamos ante una arquitectura institucional que ya está excedida, pues está permitiendo una toma de decisión sin garantía de objetividad, y que deriva en una mala calidad de gasto”, advirtió.

Por su parte, Mariana Campos, coordinadora del área de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa, destacó que los datos de estas transferencias en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto reflejan patrones específicos que se agrupan bajo dos escenarios: años previos a la elección presidencial y años regulares sin elección federal. En distintos momentos, se observa que los cambios en los montos transferidos coinciden con afinidades políticas, o en su caso, con negociaciones en momentos clave, como lo han sido las reformas estructurales.

“En 2011 y 2017, años previos a elecciones presidenciales, se observó claramente que el Gobierno federal transfirió más recursos a los estados con gobiernos de su mismo partido político. Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP, una institución que opera con un equipo que llega y cambia en función del interés del titular del Ejecutivo”, enfatizó Campos. Los programas analizados no tienen reglas de operación, ni diseño ni normatividad. La coordinadora de este estudio advirtió que al transferir recursos a estados y municipios a través de fondos que no obedecen a un objetivo de política pública, estos no están orientados a la obtención de resultados y son susceptibles de usarse políticamente.

En la presentación de Arquitectura del Ramo 23 también ofrecieron sus puntos de vista la senadora Martha Tagle, la académica Denise Dresser y el ex titular del SAT, Aristóteles Nuñez. Desde distintas perspectivas, coincidieron en la importancia de robustecer el marco legal e institucional bajo el que se asignan estos recursos. En este sentido, el documento presentado este día recomienda regular el objetivo y funciones del Ramo 23, estableciendo reglas claras y mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para todos los programas. Asimismo, llama a revisar el diseño y facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar recursos y vigilar el ejercicio el gasto, procurando una distribución de facultades orientada a un mejor balance de pesos y contrapesos.

El estudio se puede descargar AQUÍ.