Luis Rubio

México atraviesa por tres procesos simultáneos, pero diferentes, que se retroalimentan. Primero que nada, el país experimenta una larga transición económica, política, social y demográfica sin que nadie la conduzca, pero que tiene consecuencias en todos los ámbitos. En segundo lugar, el país vive una difícil relación con Estados Unidos, su principal socio comercial y, hasta ahora, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), su principal fuente de estabilidad y certeza jurídica. Finalmente, en julio próximo la ciudadanía votará por un nuevo presidente, en un contexto de violencia física y política y un gran enojo entre el electorado. Cada uno de estos asuntos entraña sus propias dinámicas que, al interactuar, generan desajustes y choques de expectativas.

En México es frecuente comparar los cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas con la transición política española. Sin embargo, las diferencias son mucho más grandes que las similitudes: para comenzar, en España la muerte de Franco determinó el inicio de una nueva era política; en el caso de México, no se trató de una persona, sino de un régimen político personificado por el PRI, un sistema de control político que ha tenido una extraordinaria capacidad de adaptarse a los tiempos, por lo que nunca se fue. De esta forma, los mexicanos hemos visto un proceso de cambio político que ha sido reactivo en naturaleza, sin que nunca se presentara una definición clara y consensada respecto al final del proceso. En consecuencia, aunque se han adoptado diversas iniciativas en materia electoral, de transparencia y de justicia, incluyendo a las formidables instituciones electorales, el sistema político sigue atrincherado y protegido respecto a la ciudadanía. En lugar de abrir el sistema a una competencia real, el PAN y el PRD (en su momento los partidos en segundo y tercera posición), fueron incorporados en el sistema de privilegios que caracterizó al viejo régimen. Todo esto crea un entorno de conflicto, rispidez y disputa sobre el futuro del país, especialmente de las políticas que deberían seguirse para construirlo.

La disputa electoral tiene tres personajes que la definen. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, en su tercer intento, encabeza las preferencias electorales con una denuncia persistente de la desigualdad, la corrupción y la pobreza. José Antonio Meade, el candidato del PRI, se distingue por su exitosa experiencia como funcionario de dos gobiernos pero su característica medular es no ser miembro del PRI, el partido que lo postula; este hecho constituye un reconocimiento evidente del desprestigio que distingue al gobierno de Peña Nieto. Finalmente, Ricardo Anaya, el candidato del llamado Frente (que agrupa al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) inició con una propuesta liberal y poco a poco se ha ido moviendo hacia un lenguaje no muy distinto al de AMLO. A estos tres candidatos se sumarán dos o tres independientes que, aunque sin posibilidades de ganar, podrían tener un efecto importante en reducirle puntos a los principales. Todavía es demasiado temprano para poder anticipar el resultado pues, dado que no hay segunda vuelta, el peso de las maquinarias partidistas puede ser determinante y esto todavía no hay forma de calibrarlo a seis meses del día del voto.

Las tensiones y disputas respecto a si la mexicana debe ser una economía abierta o tendiente a la autarquía y, en particular, respecto al papel del gobierno en la conducción de los asuntos públicos, son añeja y no muy productivas, pero yacen en el corazón de la elección presidencial. En los ochenta, México optó por liberalizar su economía e incorporarse en los circuitos comerciales del mundo, de lo cual se derivó la negociación del TLC. Un ala del PRI de entonces rechazó esas reformas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy bajo el cartabón de Morena, de la que es dueño AMLO.

Todas estas tensiones se han exacerbado por las amenazas de Trump de cancelar el TLC, el principal motor de la economía y factor crucial de estabilidad porque representa un espacio excepcional donde reina el Estado de derecho. En este contexto, México atraviesa por un momento único, extraordinariamente sensible que, con TLC o sin éste, debería obligar a construir fuentes internas de certidumbre, es decir, límites a las facultades arbitrarias de los gobernantes, algo a lo que un gobierno tras otro en el último medio siglo se ha rehusado. Ese es el reto y, gane quien gane la presidencia, determinará el devenir del país.