Edna Jaime / El Financiero

El 27 de enero, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, declaró en el marco de una mesa redonda con líderes partidistas acerca de la seguridad y del proceso electoral: “Yo no veo en este momento focos rojos, lo cual no significa que los pueda haber, sino que hay que estar alertas en ello”.

Unos días más tarde, el 30 de enero, el Secretario Navarrete hizo declaraciones más interesantes: se lanzarían a partir de esta misma semana una serie de operativos en estados con “niveles de seguridad alarmantes” (lo cual, si me permiten el comentario, se parece bastante a “focos rojos”) en los cuales no participarán “ni Ejército, ni Marina” ya que “las capacidades que tienen civiles […] son muchas”.

Permítanme hacer algunos comentarios sobre este anuncio que me parece francamente necesario por el momento que vivimos.

Primero: después de años durante cuales la Secretaría de Gobernación parecía haber perdido su peso institucional, y apenas unas semanas después de haber luchado por la adopción de la Ley de Seguridad Interior, el Gobierno federal da un giro de “estrategia”, si es que se pueda hablar de estrategia a estas alturas del partido.

Segundo: hay que saludar el anuncio – imprevisto – de que las Fuerzas Armadas van camino a replegarse, dejando así el espacio a las fuerzas civiles. Aunque queda por ver qué tanto se realizará este repliegue, coincido aquí con el Secretario: las capacidades de las fuerzas de policía del país, en particular la Policía Federal, existen y piden ser promovidas y apoyadas institucional, política y financieramente.

Tercero: el mismo Presidente de la República, en agosto de 2016, había lanzado una iniciativa enfocada en los 50 municipios más violentos del país (lo cual, de nuevo, se parece bastante a una lista de “focos rojos”).

Desgraciadamente, como lo ha señalado México Evalúa en un informe de junio 2017, nunca se conocieron los objetivos específicos de esta estrategia, ni su capital humano, presupuesto e implementación en el campo. Así, los resultados de esta campaña eran mixtos: “28 municipios habían mostrado una tendencia a la baja de la violencia (56%) y 22 una tendencia al alza (44%)” después de la intervención federal, lo cual invita a monitorear la estrategia.

Meses después, la Secretaria de Gobernación parece haberse acordado de estas prioridades, avaladas por las alarmantes cifras de violencia en el país.

En este mismo espacio he reiterado la necesidad de una estrategia de seguridad pública enfocada en los municipios y estados más violentos del país. También se han planteado las condiciones en las que, creo, deben desarrollarse.

La(s) estrategia(s) de seguridad pública se deben apoyar en diagnósticos municipales y estatales precisos, realizados a partir de los mismos municipios identificados. La(s) violencia(s) que conoce México piden respuestas apoyadas en diagnósticos y conocimientos locales que permitirán atender a las diversas dinámicas nacionales.

No se puede atender Cancún, Tijuana, Chilpancingo y Ecatepec con la misma política de seguridad, diseñada e impuesta desde arriba, enfocada en “golpes de seguridad” que no atienden las condiciones locales y complejas que conforman la(s) crisis de seguridad, así como el seguimiento a largo plazo indispensable para su resolución – o por lo menos su mejora.

Resulta poco probable que estos esfuerzos se realicen de aquí a las elecciones del verano. Por lo tanto, resulta imprescindible que sean emprendidos desde la entrada de la nueva administración, a fin de ser transformados en lineamientos políticos, administrativos, legislativos y operativos claros.

La Policía Federal, con todas sus oportunidades de mejora, sigue siendo una inversión multimillonaria y nuestro mayor avance en la profesionalización de las fuerzas civiles. En este caso, resulta crucial que la próxima administración le devuelva un espacio estratégico. Existen, dentro de ella, instituciones, lineamientos, equipos, elementos y conocimientos que resultan estratégicos a la hora de reenfocar la estrategia de seguridad hacia la seguridad pública.

Así, y yendo más allá de una concepción de la seguridad en términos puramente reactivos, los diagnósticos deben enfocarse en fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención de los delitos, es decir en esquemas de protección de la población local, y no únicamente en lógicas de golpes, operativos y enfrentamientos contra grupos criminales.

Por todo esto saludo el anuncio de esta semana.