Al día de hoy, de manera inusitada, se cumplen más de tres meses de la renuncia del Procurador General y la titularidad la desempeña un encargado de despacho. El dato no es menor si hacemos el recuento de las investigaciones en curso: con los casos de Odebrecht, los Duartes, la Estafa Maestra y Chihuahua ya tenemos un pendiente considerable. Ahora, sumemos los casos de alto impacto social que están a la deriva y la experiencia de las organizaciones cercanas a las víctimas, quienes dicen toparse con una PGR de puertas cerradas y oídos sordos.

En ese contexto, el proceso de transición a una Fiscalía General Autónoma (FGR) es más preocupante. Todo apunta a una Procuraduría (PGR) desordenada, debilitada y a merced de la corriente, sin rumbo ni gobierno interno, que se observa en sus peores condiciones. ¿Es esta situación producto de la casualidad o de una estrategia específica? ¿qué elementos deben estar en la construcción de escenarios y de la ruta a seguir?

Primero, en diciembre se aprobó la eliminación del pase automático de Procurador a Fiscal General, abandonando así la discusión para reformar integralmente el modelo de procuración de justicia. Esto es clave, ya que, en sus términos actuales, la Constitución establece que el Ejecutivo Federal continúa teniendo injerencia directa en la designación del Fiscal General y no se contemplan salvaguardas que garanticen su independencia e idoneidad; además, se deja fuera el modelo de investigación criminal, no se prevén controles ni contrapesos y, se establece una transición automática y sin controles de PGR a FGR.

Segundo, conforme avanza el proceso electoral se hacen más evidentes las tensiones y negociaciones por el reparto de cuotas, de las que no escapará la designación de fiscales y magistrados. Hay quienes sostienen estar listos para celebrar tales designaciones. Al interior de la PGR también se comienzan a mover las olas; tan solo en las últimas semanas se han dado cambios en Subprocuradurías y se ha iniciado el rediseño de la Agencia de Investigación Criminal, sin un concepto claro del modelo de procuración de justicia. ¿Qué pasará con las delegaciones? ¿Cómo se investigarán los delitos complejos? ¿Cómo se asegura la no duplicidad de atribuciones y estructuras?.

Tercero, existe una iniciativa de Ley Orgánica en proceso, y diversos actores se han pronunciado por iniciar la discusión sin revisar ampliamente la Constitución, dejando suponer que cualquier propuesta encaminaría a una transición soft, incluso hasta nominal, de la PGR.

Por último, hay apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo para la PGR ya formalizados, como el convenio para elaborar el Plan de ejecución de los Programas de Mejora, que pueden ser bolsas de recursos sin control. De nuevo, ¿cómo asegurar la efectividad de los apoyos ante una falta de dirección, de definición del modelo y un proceso de entrega-recepción sin orden?

En un terreno de escenarios y estrategias políticas, las omisiones, no decisiones y prórrogas son en sí mismas decisiones, con una lógica y propósito específicos. Es imprescindible identificar las señales y analizarlas con agudeza. La PGR se está desarticulando y su debilitamiento hará más compleja la reducción de impunidad y la posibilidad de una transformación profunda. Dicen por ahí, que cuando la burra es mañosa, aunque la carguen de santos.