Edna Jaime / El Financiero

Durante los últimos años, desde distintos frentes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, el sector empresarial, legisladores de diversos orígenes y fracciones, hemos empujado la noción de fortalecer instituciones para favorecer la rendición de cuentas. Lo logrado no es menor y, sin embargo, seguimos igual. No observamos un cambio sustantivo en la calidad y eficacia de las respuestas gubernamentales a los grandes problemas que nos aquejan. Tampoco límites efectivos al ejercicio del poder. Hemos sido ingenuos al pensar que la expedición de nuevas leyes, la creación de instituciones “autónomas” y el robustecimiento de la burocracia son suficientes para darnos un sistema de gobierno que limite el poder y le dé al ciudadano lo que demanda.

Si acaso, vemos lo contrario: señales de retroceso.

Este año entró en vigor la Ley de Seguridad Interior, la cual se aprobó en el Congreso y se publicó a pesar de los fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, nuestras y del exterior. Esta ley le otorga un enorme poder al Ejecutivo federal, sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas de las decisiones que se tomen en esta materia. Por esta y otras razones, la constitucionalidad de dicha ley está siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia.

De igual forma, se aprobó, en diciembre de 2017, una reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal, en donde se señala que es ilícito comunicar a través de cualquier medio un hecho “cierto” que pueda causar deshonra o descrédito. En pocas palabras, ahora acusar con evidencia a alguien de corrupción puede ser un delito para el comunicador.

Hace sólo un par de semanas, el gobernador de Chihuahua señaló al gobierno federal de suspender las transferencias de recursos a esa entidad. A partir de este evento, ha salido a la luz el margen de discreción con que la SHCP puede asignar montos millonarios de recursos sin la debida justificación o regulación.

En ese mismo tenor, en octubre del año pasado se destituyó al fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, justo cuando se reveló que sus investigaciones apuntaban a sobornos realizados por la empresa Odebrecht a uno de los miembros del equipo de campaña del entonces candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto.

Este sexenio nos da material para poner muchos ejemplos más en todos los ámbitos.

Así, mientras que un grupo de organizaciones y ciudadanos empujan para un lado, el gobierno estira para el otro. El resultado: más de lo mismo, incluso el retroceso.

Si en algún momento pensamos que la democracia electoral sería suficiente para fundar una relación permanente de rendición de cuentas entre gobernantes y ciudadanos, la realidad nos indica que no lo es, a pesar de la creación de un complejo sistema electoral con autoridades judiciales, administrativas e incluso ciudadanas.

Si hoy apostamos al Sistema Nacional Anticorrupción como la pieza que nos faltaba para cerrar el círculo de la rendición de cuentas, quizá nos estemos equivocando de nuevo. Esta vía de cambios incrementales se topa con la misma barrera. La negativa a desmantelar la estructura de poder vigente, que se protege, que se reproduce generando resultados agraviantes para los mexicanos.

La fórmula no es desconocida: la vía para mantener el control de las instituciones es a través de su captura. Si el fiscal de delitos electorales resulta incómodo, se remueve. Si la titularidad de un órgano de control presupuestal o electoral amenaza el orden vigente, se le mediatiza. Nuestras instituciones son débiles no porque nos falten ideas o remedios técnicos para fortalecerlas, es que así son funcionales a quienes detentan el poder.

No se vislumbra una solución fácil a este entuerto. La ruta predilecta ha sido el concebir esquemas de autonomía que alejen a las instituciones de esta lógica política y del poder. Esa autonomía siempre es vulnerable por las vías del nombramiento de quienes las presiden. Así, quedamos en las mismas.

No hay balas de plata que desatoren nuestro problema. Pero bien valdría la pena concentrarnos en encontrar la manera de desactivar la captura institucional. Porque bien dice el dicho que la esperanza es lo último que se pierde.