Christel Rosales / Animal Político

El año que cerramos significó para muchos un vaivén de aprendizajes y hasta decepciones. Salieron a la luz pública actos de corrupción, violaciones a derechos humanos y espionaje gubernamental que -con evidencia en mano- permanecieron en la impunidad.

En el ámbito legislativo, fuimos testigos de la batalla por la Ley de Seguridad Interior, que aún con amplio rechazo fue aprobada sin condiciones mínimas de parlamento abierto. En este complejo contexto, México busca la evolución hacia un modelo de procuración de justicia apegado a los principios del sistema acusatorio, que atienda con eficacia su función de investigar y perseguir delitos.

El tema de la Fiscalía General, pese a su particular relevancia o quizá debido a ella, no pudo escapar de la locomotora legislativa que arrasó en diciembre. El Congreso de la Unión aprobó la eliminación[1] del pase automático del Procurador a Fiscal General de la República, sin incluir una reforma integral que contemplara -entre otros- el establecimiento de un perfil idóneo, mecanismos democráticos de designación y remoción o un órgano ciudadano que sirviera como contrapeso.

¿Qué nos advierte el escenario local?

Ante la necesidad de transformar la procuración de justicia, dos terceras partes de las entidades han decidido transitar de procuradurías a fiscalías, con el objetivo de contar con un órgano más profesional y autónomo, sin injerencia de otros poderes públicos[2]. El proceso ha derivado en un mosaico heterogéneo donde el común denominador son las transiciones nominales, que no se traducen en cambios de paradigmas, prácticas o formas de organización.

Al cierre de 2017, en el ámbito local existían 22 procesos de transición, como se observa en el mapa:

 

 

De estos procesos locales basados en la revisión normativa, fue posible identificar que en 4 no se cumple algún criterio de autonomía (Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco), 5 cumplen con uno (Morelos, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán) y 11 cumplen con ambos (Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas). Adicionalmente, en 2 entidades se encuentra prevista la creación de la Fiscalía pero aún no se inicia la transición (CDMX y Nuevo León).

De una primera lectura no se observa algún proceso que se considere ejemplar, sin embargo llaman la atención algunos casos que pueden servir como lecciones para el ámbito federal. En la Ciudad de México, como salvaguarda de independencia, se incluyó entre los requisitos para ser Fiscal no haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura o titular de una Secretaría en los tres años previos; además de establecer un proceso de designación o remoción sin participación directa del Ejecutivo.

Sinaloa previó en su estructura la incorporación de un órgano ciudadano denominado Consejo Consultivo. Zacatecas creó una Vicefiscalía de Apoyo Procesal, a cargo de los Servicios Periciales –con autonomía técnica- y la Policía de Investigación, para operar bajo un modelo de investigación más ad hoc al acusatorio.

Sin embargo, es preocupante que mucho de lo que se observa parece atender más a una lógica inercial. El riesgo de vivir un escenario similar en la esfera federal es latente.

¿Qué nos depara 2018?

Frente a nosotros tenemos la gran batalla por librar, en la que pese a las condiciones del terreno, las reglas del juego y la fuerza de los jugadores, logremos construir una #FiscalíaQueSirva; no a los intereses del poder ni a la justicia selectiva sino para brindar justicia y perseguir eficazmente los delitos.

La última carrera es definitiva. Primero deberemos cuidar escrupulosamente la definición de la Ley Orgánica, que ponga en el centro el modelo de investigación criminal, la profesionalización de sus servidores y la previsión de controles y contrapesos. Sólo de manera posterior podrá desarrollarse el proceso para designar a su primera o primer Fiscal General, en donde necesitaremos de todos los ojos para vigilar que el procedimiento cumpla con estándares de objetividad, transparencia, participación e idoneidad.

Segundo, deberá definirse el esquema de transición; es decir, si se opera con una vigencia gradual de la Ley (en la que conforme se cierran áreas de la Procuraduría se abren otras en la Fiscalía); o bien, si de inicio entra en operación una institución nueva. Para esto, será necesario integrar un Plan de Transición que establezca objetivos, responsables, mecanismos y tiempos; y que comprenda entre sus contenidos mínimos: las disposiciones normativas necesarias, la teoría del cambio, el plan de persecución penal, la estrategia de transición institucional, los procesos para seleccionar al personal y el tratamiento de los casos abiertos.

Finalmente, deberemos asegurar que todas las opciones político electorales garanticen la definición de una Política Criminal, capaz de articular la visión y prioridades en materia de seguridad y justicia; así como concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional de las policías y fiscalías en el país.

No todo está perdido; si buscamos combatir la dolorosa impunidad y lograr que la transición hacia una Fiscalía General implique la transformación profunda del modelo de justicia, aún nos necesitamos en el campo de batalla.

*Chrístel Rosales es investigadora del programa de Justicia en México Evalúa.

[1] Al Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.

[2] CIDAC, Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal, Noviembre 2017, pp. 6.