María Novoa / El Sol de México

Al cierre de este 2017, el escenario nacional en materia de seguridad y justicia parece encaminarse hacia la consolidación de una fórmula letal. Por un lado, tras once años de emplear la fuerza militar en tareas de seguridad pública, sin que ésta cuente con las condiciones y preparación necesarias en prevención, proximidad social y apego a los derechos humanos, es posible advertir que -con la Ley de Seguridad Interior- se favorece un entorno de riesgo, violencia, impunidad y opacidad.

Aunado a lo anterior, una de las principales preocupaciones y demandas sociales en esta materia tiene que ver con la (inexistente) estrategia de fortalecimiento institucional de las instancias civiles de seguridad y justicia; la falta de esfuerzos prioritarios para el establecimiento de un modelo policial que fortalezca a los cuerpos de seguridad pública vuelve imposible pensar en el relevo gradual de la fuerza militar en tareas de orden civil.

En ese marco de ideas, el pasado 15 de diciembre los legisladores aprobaron no solo la Ley de Seguridad Interior sino también la modificación al Décimo Sexto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, para eliminar el llamado pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General.

Pese a reconocer que el texto aprobado establece que se requiere el voto de dos terceras partes del Senado para la designación del Fiscal General, llama la atención que la reforma no se haya pronunciado por una modificación integral, como se proponía por el Colectivo #FiscalíaQueSirva y el Informe de la Consulta Nacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE.

El asunto no es menor. El texto aprobado no contribuye a establecer las características del perfil idóneo para el próximo titular de la Fiscalía General ni mejora su proceso de designación mediante controles democráticos, lo que permite anticipar implicaciones negativas en la autonomía e independencia de la futura Fiscalía General.

Esta modificación pone sobre la mesa, la demanda de diversos actores sociales por dar un seguimiento puntual y cercano a la definición de la próxima Ley Orgánica, así como a la designación del titular de esta instancia, para asegurar la transformación integral de la Fiscalía General, las condiciones para su óptima operación y acotar los riesgos de que la transición sea un mero cambio nominal.

Es necesario que todas las fuerzas políticas, a partir de mecanismos de parlamento abierto, profundicen la discusión con una visión integral y de largo aliento en materia de seguridad y justicia, que apueste por el diseño y fortalecimiento de las instituciones civiles sin caer en la tentación de soluciones temporales, no sostenibles y que puedan derivar en tendencias inerciales y nuevas problemáticas.

En suma, el escenario nacional para los próximos años es preocupante. La fórmula por la que parecen apostar las estructuras de poder actuales, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el debilitamiento de las instituciones policiales y la apuesta por una Fiscalía General como continuum de la PGR, sólo puede dar como resultado -potencial y probable- mayor violencia, menor garantía de derechos humanos, mayor opacidad y por ende, mayor impunidad.