En el Plan Nacional de Desarrollo planteado por este gobierno se hacen propuestas ambiciosas en el tema de la violencia y la inseguridad. Por las metas que se plantearon, se ve que había confianza en el equipo entrante de que podían lidiar con el problema sin mayor dificultad. Así como Fox supuso que llegando él a Los Pinos el país mejoraría en automático, así también ellos supusieron que, una vez a cargo, la violencia se domesticaría. No fue así.

Octubre es el mes más violento de los últimos 20 años, según las cifras registradas por procuradurías. Y parece que esta espiral de violencia toma nuevos vuelos y no sabemos qué o cómo se detendrá. Así como 2011 nos planteó una mirada al abismo, este fin de 2017 nos pone en la misma zona de incertidumbre, miedo y dolor. Previsiblemente 2018 será difícil en esta materia. Todo gobierno se debilita en el último tramo de la gestión, por el desgaste propio de la tarea de gobierno, también porque el poder se empieza a desplazar a otros polos. No me quiero imaginar las dinámicas que puede adquirir este fenómeno en un momento en que el gobierno se repliega.

Pero, ¿qué sabemos de la violencia en México? Quizá no mucho. Suponemos cosas, pero éstas no se sostienen en datos que provengan de diligencias judiciales. De las más de 200 mil muertes contabilizadas en los últimos diez años sabemos muy poco. En los casos en que se presentó una denuncia y se abrió una investigación, apenas un puñado quedó esclarecido y derivó en una sentencia condenatoria al perpetrador. La inmensa mayoría de casos se fue al archivo o al olvido porque las instituciones de justicia no pudieron llegar muy lejos. Por desinterés o incapacidad.

Poco nos detenemos en pensar cuál es la relación entre justicia y violencia. Entre impunidad y crimen. En el papel que tienen las instituciones en el ámbito de la justicia para detener esta espiral de violencia. Pienso por lo menos en tres aristas que conforman un ciclo que se reproduce perversamente. Pero también puede moverse al lado virtuoso si se hacen las cosas correctamente.

Lo primero. Si una muerte queda sin esclarecerse, no conocemos el cómo y el porqué del evento. Tampoco las características del perpetrador y sus motivos. Esta información es materia prima vital para entender dinámicas de violencia y formular políticas públicas más acertadas. Para que el Estado pueda llegar antes de que se cometa el acto violento.

Dos, si una muerte violenta queda sin esclarecerse y sin castigo, se genera un ambiente permisivo a la infracción de la ley. Esto que ha sido estudiado desde la perspectiva económica y de la elección racional, parece que tiene comprobación en la realidad. Si un aparato de justicia se percibe rebasado, entonces el crimen, y en particular, el crimen violento, florece ante la débil amenaza de una consecuencia.

Tres. Si el Estado falla en la protección de la vida, pero también falla en el esclarecimiento de los hechos, pierde legitimidad. Y la legitimidad es como un lubricante que permite una interacción fluida entre autoridades y sociedad. Una autoridad distante, poco creíble, no va a contar con la colaboración de la gente ya sea para la observancia de una norma o para el esclarecimiento de un crimen. Así las autoridades se cierran la puerta haciendo más grande la brecha que los separa de los ciudadanos.

Me pregunto qué pensaba aquel equipo que se estrenaba en el gobierno cuando, ufano, selló en un documento un compromiso por la paz, cuando es claro que no contaba con el entendimiento, menos con un proyecto para hacerlo realidad.

Casi concluido el sexenio, la realidad de la violencia cobra las facturas por todas las omisiones. En el ámbito de la justicia, por no haber invertido lo suficiente en el desarrollo de capacidades de investigación criminal.

Las muchas muertes registradas en estos años llevarán la etiqueta de no resueltas. Con ellas se va la reputación del Estado y su menguada legitimidad.