Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017

  • El proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio careció de un modelo de investigación criminal homologado para las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional.
  • La investigación presentada por CIDAC y México Evalúa identifica la carencia de una visión integral de Estado sobre seguridad y justicia en la cual se enmarque la procuración de justicia.
  • También se señala la falta de estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva.
  • En el contexto de la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, el desafío consiste en adoptar un modelo de investigación más eficiente.

 

“Lograr una articulación efectiva entre una política criminal y una de persecución penal es indispensable para que el sistema de justicia penal acusatorio opere de manera adecuada”, señaló hoy María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa-CIDAC, durante la presentación del documento Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal. “Por ello, es urgente que se adopte un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia del país”.

Esto se debe a que el cambio de modelo procesal generó la necesidad de perfeccionar los procedimientos, técnicas y protocolos de actuación por parte de los operadores del sistema de justicia penal, y en particular de los integrantes de las instituciones de procuración de justicia, recordó la autora principal del estudio. La mayor especialidad y pericia que se requiere en sus actuaciones es de particular importancia en el contexto de la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, en sustitución de la actual Procuraduría General de la República, y de los procesos de transición de procuradurías a fiscalías que varias entidades emprendieron, recalcó.

El documento, realizado con el apoyo de la Fundación MacArthur, elabora un diagnóstico de la procuración de justicia que destaca la carencia de una visión integral de Estado en la cual se enmarque la procuración de justicia y que involucre a todas las instituciones que tienen corresponsabilidad en el ámbito de la seguridad y la justicia. También identifica la falta de estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva.

Como consecuencia, en 2016, a nivel nacional, solamente uno de cada dos casos que ingresaron a las procuradurías o fiscalías tuvieron una salida. Mientras que en una muestra de entidades seleccionadas, 3 de cada 10 casos se judicializaron, en el ámbito federal, 1 de 10 casos fue judicializado y 99% de ellos derivó de una flagrancia, lo que evidencia las deficiencias de la investigación en las distintas áreas de la Procuraduría.

“Las instituciones de procuración de justicia son el punto más crítico del sistema de justicia penal, pues son comunes las violaciones de derechos humanos y la confianza ciudadana en estas instituciones es mínima”, manifestó María Novoa.

A partir de este diagnóstico, el documento retoma las experiencias de varios países, así como las buenas prácticas de algunos estados de la República, con el propósito de plantear lineamientos para el desarrollo de un modelo homologado de investigación criminal, que delimite claramente las funciones de los distintos ámbitos del sector de seguridad y justicia a partir de los cuales debe procurarse la justicia.

“Una característica de nuestra propuesta consiste en dejar atrás el uso desmesurado y rígido de la especialización de la procuración de justicia por delito, para dar paso a unidades de investigación que sean estructuras flexibles, capaces de diversificarse para atender los casos de acuerdo con la incidencia delictiva, las necesidades institucionales o  la complejidad de los asuntos”, subrayó María Novoa.

Por otra parte, el documento propone que la responsabilidad de la ejecución de la investigación de los delitos recaiga en los policías, en permanente coordinación, colaboración y comunicación con el Ministerio Público, quien debe encargarse de la conducción legal, la asesoría jurídica y la formalización de la investigación, como lo estipula el artículo 21 de la Constitución.

Participaron también en la presentación de este estudio Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, José Antonio Caballero, profesor-investigador del CIDE, Elvyn Díaz Sánchez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, así como Sharon Bissell, directora de la oficina en México de la Fundación MacArthur.

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