Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero 

En materia de seguridad y de violencia, deberíamos comenzar a ser más sinceros con nosotros mismos. Lo digo porque todos los días escuchamos que estamos en vías de fortalecer a las instituciones civiles a las que compete este tema, cuando en realidad están en algún grado de desamparo. No nos engañemos más. No hay plan completo, mecanismos claros, ni recursos suficientes para fortalecer la vía civil en tareas de seguridad. Lo que tenemos son inercias que afianzan el estado de cosas. Si no lo revertimos, seguiremos reproduciendo la misma realidad: instituciones civiles débiles, ergo, necesidad de que las fuerzas armadas hagan el trabajo que a aquellas corresponde.

Una mirada al paquete presupuestal 2018, revela algo de evidencia de cómo perpetuamos este círculo de dependencia, el desbalance entre lo civil y lo militar, por lo pronto en temas de seguridad.

Del proyecto de egresos 2018 llama la atención que Ejército y Marina sean de las (muy) pocas dependencias que se ven favorecidas por un incremento en los recursos que se les asigna. Llama la atención porque el paquete castiga de manera severa otros ámbito de enorme relevancia para el bienestar y el crecimiento. A la salud, la educación y la infraestructura se les escatima recursos para tareas esenciales. No así, a estas dos instituciones del Estado Mexicano que, si el congreso lo aprueba, recibirán incrementos de 11.4 % y 13% real respecto a lo autorizado en el 2017. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional contará con un presupuesto de 81 mil millones de pesos; la de Marina de 31 mil millones.

No es el lugar para hablar de la transparencia con que el gobierno mexicano ejerce los recursos públicos, pero si llama la atención el hecho de que estos incrementos, que suman 13,500 millones de pesos se asignen a una partida de gasto “transitoria”, la de Provisiones para Erogaciones Especiales. Seguramente hay una explicación para ello. Lo cierto es que sería deseable que se conociera con precisión los proyectos que se financiarán con estos recursos, antes de aprobárseles partidas multimillonarias.

No hago un juicio sobre la pertinencia de estos incrementos porque no tengo la información para hacerlo, pero sí para notar que la brecha entre lo militar y lo civil se hace más grande. De los recursos federales previstos para el 2018, se destinarán 7 mil millones al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y 5 mil 400 millones al Programa de Fortalecimiento para la seguridad (FORTASEG). Los dos fondos federales más importantes con que se financian la generación de capacidades para instituciones de seguridad y justicia en estados y municipios.

Para la procuración de justicia federal habrá una reducción de recursos del 2.5% en términos reales respecto al 2017. Recibirá 16,243 millones de pesos. Las Fiscalías Especializadas recibirán igual asignación a la del 2017, un monto en el orden de los 277 millones de pesos. ¿Pocos o muchos recursos? Depende de contra qué se mida. Muy poco respecto a los presupuestos de las fuerzas armadas; poco para generar capacidades de investigación criminal y formar a profesionales de primer nivel. Muchísimo respecto al valor que generan a la sociedad en este momento.

La Policía Federal se salva de la trasquilada. Es la institución civil de seguridad a la que se le ha apostado. Con un buen grado de éxito, hay que decirlo.

Viendo los números se ve difícil que podamos contar con instituciones civiles capaces de hacer frente a nuestro problema de seguridad que se agrava con los días. Lo que he presentado son montos de recursos asignados. No hay valoración sobre su eficiencia y su control. Pero es suficiente para retratar nuestra realidad. Habrá fuerzas armadas en las calles muchos años más. Así están dispuestas las prioridades presupuestarias. Para mantener el statuo quo, no para transformarlo. Por eso sería conveniente dejar de engañarnos y suponer que, algún día, las fuerzas armadas dejarán las calles para regresar a los cuarteles.

* La autora es directora de México Evalúa. 

Twitter: @EdnaJaime