Es lamentable que se use la Ley de Ingresos de la Federación 2018 para promover gasto corriente sin acompañarse de medidas de transparencia y rendición de cuentas.

Alejandro García (@myosus) y Liliana Ruiz (@liliana_ruzi) / Animal Político 

En la vida pueden suceder cosas inexplicables. Y aunque no lo esperaríamos, en la Cámara de Diputados también. En plena discusión sobre el paquete económico 2018, y en el ir y venir de propuestas para modificar artículos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, eventos inesperados ocurrieron en los pasillos de San Lázaro.

¿Qué fue lo que pasó?

Primero, es importante recordar que el proceso de aprobación del paquete económico está regulado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual establece fechas específicas para el análisis, votación y dictamen de los documentos presupuestarios. En el caso de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, documento relevante en el proceso presupuestario pues en ella se incluyen las estimaciones de ingresos para el siguiente año desagregadas por fuente, como son impuestos, derechos, deuda interna y externa, ésta debe ser aprobada primero por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre de cada año. Una vez analizada y votada por los Diputados, la minuta de la Ley de Ingresos se envía a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación a más tardar el 31 de octubre. Cualquier coincidencia con el día de Halloween es mera casualidad.

Como muestra el diagrama anterior, los duendes legislativos hicieron de las suyas en la Cámara de Diputados. Tal es así que cuando ésta envió la minuta de Ley de Ingresos de la Federación 2018 a la Cámara de Senadores, aparecieron diversos artículos transitorios que no se encontraban en la Iniciativa de esta Ley. En especial, dos de ellos nos parecen preocupantes y merecían debatirse y replantearse antes de su voto por los Senadores. Sin embargo, éstos los aprobaron sin mayor discusión, junto con el resto de la Ley de Ingresos de la Federación el pasado 26 de octubre, es decir, cuatro días antes del plazo del que disponían para analizar a profundidad una Ley de mayor importancia para el país.

El primero de estos artículos es el décimo transitorio, el cual establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá destinar los ingresos que obtenga del reintegro de recursos no devengados por las entidades federativas, según el calendario previsto, al fortalecimiento financiero de las mismas y/o a la atención de desastres naturales.

Si bien es necesario y legítimo apoyar a las entidades federativas que sufrieron daños por los sismos del mes de septiembre, también es fundamental contemplar medidas de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Por ello, el artículo en cuestión debió incluir precisiones sobre la forma en la que se va a rendir cuentas del uso de estos recursos. Un buen punto de partida hubiera sido prever que los informes trimestrales de finanzas públicas y la cuenta pública dén cuenta de ellos. No vaya a ser que otros duendes aparezcan y se gasten los recursos en otros rubros, que no sean la reconstrucción y atención de emergencias, sin que tengamos manera de saberlo.

El segundo artículo que nos preocupa es el décimo octavo transitorio, el cual señala que los estados que hayan tenido una declaratoria de emergencia podrán exceder su presupuesto aprobado para 2017 y 2018 en el rubro de servicios personales relacionados con la atención a los desastres naturales. Esto es preocupante por varias razones. Primero es inquietante que la propia Ley de Ingresos de la Federación (una ley federal) contrarreste lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (una ley general), pues justamente esta última prevé que la asignación para el rubro de servicios personales no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal (art. 13, Fracción V). También alarma que en la Ley de Ingresos de la Federación se incluyan temas de gasto público, y en particular relacionados con los servicios personales. Recordemos que los principales gastos en el rubro de servicios personales corresponden a sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos, gasto que, en promedio para todos los estados del país, creció 28% real en los últimos ocho años[1]. El gasto en servicios personales es importante, pues sin duda hay que pagarles a los empleados públicos por su trabajo. Sin embargo, no debe abusarse de él, pues debe equilibrarse con gasto de inversión que contribuya a aumentar nuestra productividad y nuestros ingresos como país. Es lamentable que se use la LIF 2018 para promover gasto corriente sin acompañarse de medidas de transparencia y rendición de cuentas, cuando se ha visto que muchos estados se han endeudado en los últimos años, y no para aumentar su nivel de inversión pública, sino para incrementar rubros de gasto como el de nómina.

Es preocupante que a nivel estatal se haya privilegiado este tipo de gasto, en contraposición al gasto en inversión en proyectos productivos, que aumenten los ingresos o productividad de las entidades federativas. En promedio para todos los estados durante el periodo 2009-2016, este gasto en inversión presentó una caída de 49% real.

Promedio estatal
(en millones de pesos de 2016)Gasto en 2009Gasto en 2016Cambio % de 2009-2016Cambio en monto de 2009-2016
Servicios Personales                 10,982                 14,07828%                       3,096
Inversión Pública                     5,156                   2,610-49%–                     2,545
Fuente: Elaborado por México Evalúa con información de Inegi, Estadísiticas Estatales.

En México Evalúa, consideramos que este artículo debió incluir una obligación para transparentar y rendir cuentas sobre estos recursos, así como un límite al sobrejercicio del gasto en servicios personales que autoriza. Es fundamental contar con claridad respecto al presupuesto y uso de los servicios personales en los estados que hayan tenido una declaración de emergencia.

Desafortunadamente y aunque se tengan buenas intenciones, cuando se trata de gasto público, como en muchos otros temas, el diablo está en los detalles. Es necesario orientar las decisiones hacia el tipo de gasto público que nos conviene como país. La Ley de Ingresos de la Federación 2018 reabre las puertas, que se habían cerrado el año pasado, para incrementar la indisciplina financiera. Para no caer en lo anterior, es indispensable que la transparencia y la rendición de cuentas guíen y acompañen al gasto público, especialmente en un año electoral como lo es 2018.

 

**Alejandro García es economista por el ITAM e investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Liliana Ruiz es economista por la Universidad Iberoamericana, maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago e investigadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.

[1] 2009 a 2016, con cifras en términos reales deflactadas con la inflación observada, con fuente de Inegi. No se consideró 2016 dado que aún no se tienen la totalidad de los estados en la plataforma de Simbad del Inegi.