Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero 

Dos alcaldes han sido asesinados en lo que va de este mes. Primero le tocó al edil de Huehuetlán El Grande, Puebla. La semana pasada al de Paracho, Michoacán, y el 26 de julio al de San Juan Chamula, Chiapas. De 2006 a la fecha más de 40 han sido ultimados, según la Asociación Nacional de Alcaldes de México.

La primer reacción de muchos políticos y comentaristas ha sido la de señalar al municipio como una estructura de gobierno inviable. Con policías poco capacitadas, insuficientes e incapaces de hacer frente al poder de fuego y económico de los grupos criminales. Aprovechan la ocasión para refrendar su apoyo a la propuesta de mando único policial, que espera dictaminarse en el Legislativo desde hace tiempo. Usarán este caso para afirmar que les asiste la razón.

Ante los hechos, la pregunta es qué sabemos sobre la muerte de estos alcaldes. La respuesta es que muy poco. Lo que los medios reportan. Que yo sepa ninguna de estas muertes ha sido esclarecida plenamente. Sin investigación, sin conocimiento de los hechos, sin justicia, nos quedamos en suposiciones. Sobre suposiciones no podemos generar un entendimiento de lo que realmente está sucediendo en el país.

El alcalde de Michoacán fue asesinado a tiros al salir de su casa, camino a la presidencia municipal, en la mañana. El de Puebla fue atacado por un comando en la carretera, con armas alto calibre, una R-15. El de Chiapas fue ultimado de una manera un tanto distinta.

¿Será que hablamos del mismo problema en las tres localidades? ¿Será que necesitan el mismo tipo de respuesta por parte de las instituciones de seguridad y justicia del Estado?

Desde mi perspectiva, éste es el gran problema de la seguridad en el país. Una visión unificadora que no distingue diferencias, dinámicas locales, problemáticas puntuales. Una respuesta totalizadora y única, confeccionada e impuesta desde el centro sin comprensión cabal de lo local. Así es la propuesta de mando único: una respuesta institucional diseñada e impuesta desde arriba, con un diagnóstico débil o nulo. Si somos honestos, no hay ningún diagnóstico local seriamente hecho en este país.

No se puede pretender arreglar el problema de la seguridad a nivel local, con una política que sea la misma en Chiapas o en Michoacán. No podemos tener políticas únicas porque las violencias son miles.
Sin conocimiento, diagnósticos y análisis fino de las condiciones de las violencias que enfrentan los municipios de este país, no hay forma de diseñar una política pública de seguridad.

Por lo anterior, considero que es imprescindible lanzar una reflexión estratégica acerca de la seguridad pública, y me parece imprescindible que esté enfocada en articular los órdenes de gobierno de manera real y no sólo aparente, con base en diagnósticos cuidadosamente elaborados.

Esta estrategia implica colaboración, coordinación, planificación, seguimiento, evaluación, autocritica, visión a largo plazo y tiene que partir de lo local. No para aislarlo y estigmatizarlo, como de hecho se termina haciendo con la propuesta de mando único, sino para articularlo de la forma más adecuada a las capacidades y los recursos de los demás órdenes de gobierno. Éste es un aspecto central de nuestra gobernanza en materia de seguridad. Esto es lo que tenemos que resolver.

Para abrir espacio a esta reflexión tenemos que sacudir los lugares comunes en nuestra conversación sobre la seguridad y la violencia en el país. Se ha eternizado un discurso y una propuesta que ni avanza ni resuelve. Ahora que se acerca la etapa electoral, vuelven a plantearse los mismos temas, las mismas letanías. Piezas de un mismo paradigma completamente agotado y fallido.

Pero lo primero para mover la conversación a otro nivel es que la violencia nos importe. El asesinato de un alcalde hace rato que dejó de importarnos. No hay indignación, ni investigación. Sí una justificación, como la que dieron las autoridades de Michoacán esta semana: son pugnas entre grupos rivales. No hay nada qué hacer. Valiente manera de esconder la vergüenza… y la incapacidad.