María Novoa / El Sol de México

En junio de 2016, se cumplió el plazo para la implementación de la reforma procesal penal en México, una reforma creada con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia, garantizar la protección de los derechos fundamentales de las víctimas e imputados, pero también ofrecer una justicia pronta y efectiva. A más de un año de operación plena en todo el territorio nacional, el nuevo sistema ha entrado a una etapa de consolidación, en la que es indispensable evaluar el funcionamiento y los resultados del nuevo sistema para detectar áreas de oportunidad de mejora.

Sin embargo, cualquier evaluación de este tipo debe tomar en cuenta el contexto en el que ha tenido que operar el nuevo sistema. Éste está marcado por el desconocimiento generalizado y la carencia de una cultura ciudadana en torno a la reforma penal, así como por los vicios arrastrados del sistema inquisitivo mixto que, aunados a las grandes brechas de implementación, obstaculizan el quehacer institucional y ponen en peligro la consecución de los objetivos de esta reforma.

Al respecto, es importante señalar que el proceso de implementación estuvo caracterizado por una gran heterogeneidad, con experiencias locales y federales contrastantes, que derivaron en un escenario que, si bien presenta buenas prácticas y aciertos, se encuentra lejano del ideal prometido ocho años atrás. Esto se debe en parte a la falta de voluntad política que caracterizó las primeras etapas de gestación de la reforma, en las que muchas autoridades, en particular ejecutivos locales, se mostraron reticentes a invertir en uno de los proyectos más ambiciosos del último siglo como lo fue esta reforma, ya que preveían una futura contrarreforma. De hecho, derivado de estas dudas, no fue hasta el penúltimo año, es decir, 2015, cuando diez entidades federativas iniciaron con las labores de operación del sistema acusatorio.

Si bien hasta la fecha la poca información disponible demuestra que el actual sistema de justicia no ha conseguido los objetivos esperados, existen tres factores a tomar en consideración antes de evaluarlo. Primero, este nuevo procedimiento penal no ha podido operar en condiciones óptimas y existen brecha de implementación graves que hacen imposible evaluar los resultados reales de la operación. En segundo lugar, se debe considerar que un año de vigencia plena, incluso sin brechas de implementación, no es tiempo suficiente para que una reforma estructural dé resultados. Toda transformación de esta magnitud conlleva un tiempo de maduración y perfeccionamiento que el sistema acusatorio no ha tenido. Finalmente, mientras las entidades federativas e instituciones federales no cuenten con las herramientas necesarias para monitorear y evaluar la operación del sistema de justicia, seguirá sin generarse la información necesaria para determinar, con base en evidencia estadística, si la reforma al sistema de justicia fue exitosa o no.

En este contexto, en CIDAC-México Evalúa publicamos el reporte “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México” donde se plantea una estrategia nacional y una serie de acciones a llevar a cabo por la autoridad para lograr establecer las bases mínimas que permitan la consolidación, a través de la creación de una instancia interinstitucional y nacional, atender los vacios y las brechas del proceso de implementación, la legislación pendiente, y la creación de mecanismos homologados de evaluación.