El sismo creó nuevas oportunidades y riesgos, pero la crisis apenas comienza, lo que presionará a los gobiernos federal y local para actuar

Luis Rubio (@lrubiof) / Reforma 

Los momentos de crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros: de la sociedad y del gobierno. El sismo que afectó a la zona central del país el pasado 19 de septiembre mostró a una sociedad previamente organizada, con capacidad inmediata de reacción y a una ciudadanía instantáneamente dedicada a lo importante. Tanto la preparación que ya existía como la respuesta ciudadana mostraron una cara no sólo encomiable de la sociedad mexicana, sino también a una ciudadanía comprometida y activa. Lo mismo se puede decir del gobierno: su capacidad de respuesta, su preparación y acción inmediata fueron plausibles y decisivas. La suma de los dos, ciudadanía y gobierno, salvó el momento.

La sociedad no esperó al gobierno: tomó control de su espacio y en cuestión de horas los centros de acopio estaban literalmente saturados; a su vez, los jóvenes se fueron de inmediato a las zonas afectadas, haciendo lo posible por contribuir al rescate de las víctimas. La eficacia en lo primero es simplemente imposible de empatar en el segundo ámbito, pues ahí se requieren equipos, experiencia y disciplina casi militar. Lo contrario es cierto en el ámbito gubernamental: su capacidad de acción en los sitios afectados es inmensa porque se ha preparado, cuenta con los equipos y cuenta con la experiencia necesaria; por otro lado, por la enorme desconfianza -y desprecio- que los gobernantes -de todos los partidos- se han ganado a pulso, su capacidad de generar sustento para la necesaria movilización social es sumamente limitada. Al menos en la Ciudad de México, sociedad y gobierno actuaron en los ámbitos que les correspondía, dando cada uno lo mejor de sí.

También hubo cosas menos encomiables. Los asaltos no disminuyeron, retornamos a los viejos vicios de intentar manipular las emociones populares y el celo burocrático impidió que otras entidades gubernamentales -y, especialmente, los contingentes técnicos que vinieron del extranjero- actuaran de inmediato, todo lo cual quizá implicó la innecesaria pérdida de muchas vidas que, tal vez, pudo haber sido evitada.

Pasada la primera etapa, la de las tragedias y la reconciliación de cada quien con las nuevas circunstancias, comienzan las nuevas realidades políticas. Los voluntarios realizaron un impactante trabajo, pero ahora retornan a la escuela o a su actividad laboral; el gobierno retorna a lo de siempre, suponiendo que cumplió con su deber y lo que sigue ya es lo cotidiano: administrar las consecuencias. Los primeros sienten que lograron un hito ciudadano; los segundos se olvidan de las emociones del momento y retornan a la rutina burocrática. Quizá ambos se percatan que las cosas cambiaron, pero no exactamente en la forma en que lo imaginan.

Es lugar común afirmar que el sismo de 1985 cambió la vida política mexicana porque evidenció a un gobierno incompetente, incapaz de lidiar con la crisis inmediata, lo que creó una conciencia ciudadana. Todo ello es factual y, sin duda, relevante. Sin embargo, lo que verdaderamente cambió a la política mexicana fue la crisis que representó la población que sobrevivió al sismo pero perdió su vivienda. Fue ahí donde se cuajaron acuerdos no muy sacrosantos entre diversos actores políticos, construyendo la coalición que cambió al DF y, eventualmente, al país. El equivalente de hoy podría estar en ciernes: miles de familias que sobrevivieron el sismo pero quedaron sin casa. Peor, muchas de éstas eran propietarias de condominios (algo muy distinto a 1985) y no sólo se quedaron sin un lugar donde vivir, sino sin su principal patrimonio.

Es decir, la crisis apenas comienza y los desafíos son enormes porque la población afectada en el DF es fundamentalmente de clase media y no cuenta con las opciones que serían concebibles en las zonas rurales. En términos legales, es evidente que el problema no corresponde al gobierno, pues cada persona es responsable de proteger sus posesiones y quien no compró un seguro para su apartamento optó, de facto, por correr el riesgo en su persona. Pero esa no es nuestra forma típica de comportarnos, por lo que el hecho político, a diferencia del legal, probablemente será una enorme presión sobre el gobierno para que resuelva la crisis que se viene.

La forma en que se resuelva esta y otras situaciones que sin duda se presentarán en las próximas semanas y meses será absolutamente determinante del devenir político en 2018, particularmente para el gobierno perredista de la CDMX y el gobierno federal. Ambos tienen la oportunidad de buscar soluciones, anticipar complicaciones y encontrar salidas efectivas que eviten un cisma mayor. Igual de evidente es que ambos gobiernos (y sus partidos y candidatos) enfrentarán a los oportunistas de siempre -internos y externos- disparando en busca de leña del árbol caído.

En sus cuadernos, Mao Tse Tung escribió, a la Clausewitz, que “la política es guerra sin derramamiento de sangre, en tanto que la guerra es política con sangre”. Acabó el sismo y sus consecuencias inmediatas, pero ahora volvemos a la guerra política de siempre. Lo que cambió es la posición relativa de los actores políticos: la crisis le regaló una oportunidad a los gobiernos federal y local; ahora todo está en sus manos.