La transición hacia una Fiscalía debe implicar un diseño integral de todas las estructuras de la institución. Hoy contamos con una institución incapaz de responder a las exigencias de su mandato, lo que ha evidenciado su imposibilidad de resolver casos emblemáticos.

María Novoa / El Sol de México

Uno de los debates que han movido de manera importante a las fuerzas políticas de México en las últimas semanas está relacionado con la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia una Fiscalía General de la República (FGR). La discusión se está dando desde distintos sectores y se ha centrado en distintas aristas. Uno de los puntos que generan más controversia es la decisión sobre el proceso de transición y de elección del primer fiscal general, siendo una de las preocupaciones que no se dé un pase automático del procurador en turno. Otro motivo de polémica es la exigencia de la sociedad civil de que la nueva institución sea autónoma e independiente.

Si bien los criterios de selección del fiscal, así como la autonomía e independencia de la institución son condiciones fundamentales para asegurar una procuración de justicia propia de un Estado de Derecho, no son los únicos factores para efectivamente garantizar una persecución eficaz de los delitos que mayormente impactan a la sociedad mexicana.

La transición hacia una Fiscalía debe implicar un diseño integral de todas las estructuras de la institución. Entre los problemas que llevaron a transformar el modelo de “procuraduría”, se encuentra que, precisamente, la estructura funcional de la misma implicaba una innecesaria burocratización de la justicia. La PGR no tiene criterios homologados de operación que cumplan con la lógica del sistema acusatorio, se enmarquen en un plan institucional y al mismo tiempo respondan a una política de persecución que permita enfocar los recursos disponibles. Como resultado, hoy contamos con una institución incapaz de responder a las exigencias de su mandato, lo que ha evidenciado su imposibilidad de resolver casos emblemáticos.

Por lo tanto, una transformación estructural de la procuración de justicia se encuentra supeditada a una premisa elemental: la articulación efectiva de una política de combate a la criminalidad que trascienda a la Fiscalía y evalúe los desafíos de seguridad y de justicia desde una visión sistémica. Partiendo de esta definición, se requiere del desarrollo de una estrategia de priorización que se traduzca en un plan de persecución penal caracterizada por la focalización de los recursos y de las fortalezas institucionales en función de una ponderación entre los distintos tipos de delitos. Por otra parte, antes de establecer un modelo de operación, es necesario definir los objetivos de la institución. Por último, el diseño institucional debe contemplar contrapesos internos y mecanismos de supervisión y evaluación externos que posibiliten procesos de rendición de cuentas.

Ahora bien, una vez establecidas las definiciones que serán la base para el funcionamiento de la Fiscalía, en una segunda fase debe diseñarse un esquema de modelo de investigación criminal, que deje atrás conceptos arcaicos como estructuras de sub procuradurías o fiscalías por tipo penal, que no han asegurado una investigación efectiva de los delitos y deben evolucionar hacia esquemas más flexibles y menos burocráticos, que permitan el uso de los recursos de acuerdo a la complejidad y el impacto de los casos.

Finalmente, existen cuestiones transversales que son vitales para que la Fiscalía sea funcional e, incluso, que cuente con un mayor nivel de independencia técnica: la consolidación del servicio de carrera y el establecimiento de mecanismos permanentes y continuos de seguimiento y evaluación.

En resumen, una institución de procuración de justicia transformada requiere de un diseño institucional integral, además de autonomía e independencia. De lo contrario, tendremos un poco  más de lo mismo.