¿Cómo escapamos de la confusión y le ponemos el acento a las políticas que sí ayudarán a atender la actual crisis de homicidios?

Cecilia Real (@Ceci_Real) | Animal Político

El país vive una crisis de seguridad, definida así por el número récord que ha alcanzado la tasa de homicidios en los últimos dos meses. En junio de este año se registraron 2,234 homicidios intencionales, el mes más violento de los últimos 20 años. De manera lamentable, la situación no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. Ante el evidente fracaso de las estrategias de seguridad, es políticamente rentable –hasta obligado, dirían algunos– señalar un chivo expiatorio para alejar la atención de la carencia de estrategias precisas para combatir los delitos de alto impacto, como es el caso de los homicidios. El chivo expiatorio en turno es el sistema de justicia penal acusatorio.

Llevamos ya varias semanas en las cuales el sistema de justicia penal ha servido como el costal de golpeo favorito de gobernadores, legisladores y uno que otro servidor público. La pregunta que debemos hacernos entonces es si modificar la operación del sistema de justicia penal –como proponen sus ahora críticos– resolverá la epidemia de homicidios que sufrimos en México.

Desde la iniciativa México Sin Homicidios decimos que no. Sostenemos que es una falacia inferir que la ola de violencia letal se pueda combatir sólo con modificaciones legislativas, las cuales -en términos prácticos- pretenden reducir los estándares para investigar y perseguir un delito de alto impacto. ¿Recuerdan que uno de los criterios para promover una reforma al sistema de justicia era la falta de capacidad para desarrollar investigaciones científicas que nos ayudaran a resolver delitos y llevar a los culpables a la prisión? Bueno, quienes promueven una reforma al nuevo sistema de justicia están pidiendo, precisamente, más laxitud en estos criterios.

Aunado a este problema se encuentra el hecho de que hay una gran cantidad de personas purgando tiempo en la cárcel sin haber recibido una sentencia. Vamos, están pagando una pena por un delito que no les ha comprobado y que, en muchos casos (si tienen un poco de suerte), termina con un “usted disculpe” por parte del Estado.

Entonces, ¿cómo escapamos de la confusión y le ponemos el acento a las políticas que sí ayudarán a atender la actual crisis de homicidios? En la iniciativa México Sin Homicidios proponemos que fortalecer las procuradurías es un primer paso. Eso sí, no a través de cambios jurídicos que piden disminuir los estándares para la persecución de los delitos. Al contrario, pensamos que se debe robustecer al actual sistema de justicia mediante el fortalecimiento de las unidades de investigación y el desarrollo de políticas de persecución criminal que establezcan criterios de operación para combatir los delitos de alto impacto. El uso eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en la operación de las procuradurías es también clave para tener buenos resultados.

Reducir la impunidad a través de la eficiencia de las procuradurías para resolver los casos de homicidios es fundamental; sin embargo, también es necesario que el trabajo sea complementado por cuerpos policiales que no sólo aporten elementos en y para la investigación, sino que también implementen un enfoque de solución de problemas.

Me explico: la policía es el primer punto de contacto que tiene el Estado con los ciudadanos. La imagen del policía representa el encuentro inmediato que tenemos las personas con la autoridad. La autoridad tiene a su vez la responsabilidad de hacer cumplir la ley a partir de la disuasión de conductas ilícitas o la sanción de las mismas. Es decir, la función primordial del policía es disuadir. Como parte de una estrategia que tenga como objetivo reducir el homicidio, es indispensable contar con cuerpos policiales que orienten sus acciones a prevenir y disuadir a las personas de cometer crímenes violentos. Para el desarrollo efectivo de este enfoque se requiere una policía profesional, que tenga capacidad de actuar en lo local y que construya relaciones positivas con la comunidad.

Un caso de estudio que demuestra que este tipo de enfoques sí se da resultados es Colombia. Si bien es un país que tiene una de las tasas de homicidios más altas en América Latina, en 2015 cerró con la cifra más baja de violencia letal en 30 años. Tan sólo en ese año hubo 7,111 menos homicidios que en 2005 (cuando se registraron 18,111)[1]. En 2010, Colombia lanzó el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) con la Policía Nacional, el cual se apoyó en los principios de concentración de esfuerzos, diagnósticos territoriales, acciones focalizadas y relaciones positivas con la comunidad.

En contraste, en México contamos con cuerpos policiales dispersos, con capacidades disímiles entre sí, con un bajo sentido de pertenencia y responsabilidad social y, por ende, con una mínima legitimidad ante la sociedad. Según el Índice Internacional de Seguridad Interna y Policía, elaborado por el Institute for Economics and Peace, nuestro país ocupa el lugar 125 (de 127) en cuanto a legitimidad y procesos de su policía[2]. Una policía que no da resultados en su tarea primordial, difícilmente puede construir confianza y legitimidad ante la ciudadanía.

La información y los datos nos señalan, con mucha claridad, dónde están los engranes que se deben ajustar para poder enfrentar la crisis de seguridad que vive hoy México. Reducir los homicidios no es cosa fácil, no se logra con medidas cortoplacistas ni con cambios legislativos ocurrentes. Se requiere una visión estratégica que tenga como objetivo primario atender los homicidios al concentrar y complementar los recursos de distintas instituciones.

Ante el evidente fracaso de las estrategias de seguridad, hoy es políticamente rentable señalar un chivo expiatorio para alejar la atención de la carencia de estrategias para combatir los delitos de alto impacto. Con chivos expiatorios no se solucionan los problemas, las respuestas están en políticas basadas en evidencia, con objetivos claros y recursos concentrados.

* Cecilia Real es coordinadora del proyecto Campaña de Reducción de Homicidios en México de @mexevalua. La autora agradece el apoyo documental de Mariana Nolasco, investigadora del mismo programa.

[1] Banco Interamericano de Desarrollo. “Haciendo de las ciudades lugares más seguros: innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina”.

[2] World Internal Security and Police Index.