Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero

Hace unas semanas Javier Duarte fue presentado a la justicia mexicana. Bajo las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, se presentó en una audiencia inicial en el que un juez determinó si existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

En términos simples, en esta primera audiencia se presentan las pruebas de quien acusa y quien defiende y en un ejercicio de ponderación de las mismas, el juez determina si el caso sigue adelante o se exonera al imputado.

Las horas de la audiencia arrojaron mucha evidencia. Evidencia de lo que el país ha cambiado; pero también de lo que no ha cambiado. De nuestro desfase entre las capacidades reales de nuestras instituciones y nuestras aspiraciones.

También pusieron en evidencia la profunda debilidad de nuestro Estado de derecho y el enorme reto de avanzar con éxito dos reformas que podrían fortalecerlo de manera definitiva: la reforma a la justicia penal y la anticorrupción. En fin, en unas horas, el caso Duarte nos mostró cómo somos pero también cómo podríamos ser.

Lo primero son las formas que también son fondo. Javier Duarte, el imputado, se presentó como tal a la audiencia inicial. A pesar de que los indicios sobre sus abusos son abundantes y han sido documentados por órganos de fiscalización y diversos trabajos periodísticos, éstos todavía tienen que ser probados en un proceso penal que establece para ello estándares elevados. Esto es, bajo las reglas y principios del nuevo sistema de justicia penal, Duarte es inocente hasta que se le pruebe lo contrario.

Si revisamos la crónica de la primera fase de la audiencia inicial, encontramos a una parte acusadora (PGR) tímida en sus planteamientos y endeble en sus pruebas.

Frente a lo que parece un caso paradigmático de corrupción y abuso de poder, al Estado mexicano le falta potencia y contundencia en su actuación.

Y si bien en la segunda fase de la audiencia el desempeño de los fiscales fue mejor, es probable que no logren armar un caso robusto, del tamaño del presunto desfalco cometido por el exgobernador.

Esto retrata lo que somos hoy: una sociedad con la aspiración de mayor justicia y menor impunidad, pero sin las capacidades en las instituciones para hacerlo realidad.

El desfase entre la aspiración y realidad puede llevarnos a salidas falsas como las que hoy se proponen en el ámbito de la justicia penal. Si los operadores (particularmente, policías y ministerios públicos) no pueden con los estándares que impone el nuevo modelo, mejor cambiemos el modelo y continuemos en la ineficacia.

Eso es lo que nos ofrecen algunos políticos hoy. Lo dicho no es una caricatura, es la disyuntiva que tenemos enfrente: comprometernos con el cambio y asumir la transformación que implica o buscar el retorno al pasado que, paradójicamente, todos decimos repudiar.

El caso Duarte se da en una coyuntura particular: el tránsito de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía autónoma. Un cambio que, si hacemos bien, puede transformarnos profundamente. En un primer planteamiento, lo que se proponía era casi ornamental.

Un cambio de etiqueta que dejaba intactos los modelos de operación y gestión de la actual procuraduría, así como sus recursos humanos. Hoy se debaten propuestas más atrevidas que implicarían cambios sustantivos. No sólo respecto a la autonomía, sino a aspectos de profesionalización y operación muy relevantes.

Por eso creo que el caso Duarte nos muestra cómo somos y cómo podemos ser. Hoy somos un país que abandonó el modelo del pasado, el del aparato de justicia como mecanismos de control político, pero todavía no logra construir el del futuro.

La justicia que se sustenta en el debido proceso legal y el respeto de los derechos humanos. La arquitectura de la fiscalía, su autonomía, el cambio en su modelo de gestión y la profesionalización de sus operadores, puede constituirse en el puente que nos saque de esta transición incómoda que amenaza con regresarnos al pasado, al que dijimos que no queríamos nunca retornar.