La amenaza real de ser sancionado y de perder la libertad por cometer un homicidio es mínima, no existen costos para elevar los límites de la violencia.

Cecilia Real (@Ceci_Real)y Marianna Gabutti / Animal Político

Mucho se ha dicho sobre homicidios y la urgencia de enfrentar de forma directa el reto que representa su reducción. Apenas esta semana se publicó que se registraron 2 mil 186 homicidios en mayo, lo que convierte este mes en el más violento en 20 años.  La iniciativa México Sin Homicidios, acompañada por la campaña regional Instinto de Vida, se ha dado a la tarea de motivar el debate sobre este tema y proponer una serie de lineamientos de política pública que, puestos en práctica, podrían contribuir a un cambio positivo en la tendencia que arrastra la tasa de homicidios en México.

Una condición sine qua non para lograr resultados sostenidos en el tiempo radica en el combate a la impunidad, a través de sólidos procesos de procuración y administración de justicia. Esta carga, sin duda, la llevan las procuradurías estatales y las policías, quienes deben poner particular esfuerzo en mejorar sus capacidades de investigación.

Según el estudio Impunidad frente al homicidio doloso en México, dirigido por Guillermo Zepeda y recientemente publicado por Impunidad Cero, en 2014 alrededor de 79% de los homicidios quedaron impunes, es decir, cuatro de cada cinco homicidios no se resolvieron. Más grave aún es la conclusión que señala que la capacidad instalada de las instituciones de justicia para resolver homicidios ha sido estática desde hace más de 50 años, siendo conservadores. Zepeda sostiene que si bien el número de homicidios se duplicó entre 2006 y 2012, los casos resueltos y condenados se mantuvieron estables en un promedio de 4 mil 300 por año.

Ante la falta de reacción del Estado para sancionar uno de los delitos más graves y que generan el mayor impacto en una comunidad, la función disuasiva del sistema de justicia ante las conductas violentas parece inexistente. La amenaza real de ser sancionado y de perder la libertad por cometer un homicidio es mínima, no existen costos para elevar los límites de la violencia.

La Organización de las Naciones Unidas sostiene que un sistema de justicia penal efectivo que garantice que haya una investigación rigurosa de los homicidios y una sentencia justa para los responsables es un requisito para hacer valer el Estado de derecho y lograr justicia para las víctimas. De otra manera, es posible que la impunidad de los criminales propicie que se sigan cometiendo más asesinatos.

¿Cómo mejorar las capacidades para sancionar?

Uno de los primeros pasos para lograrlo es la creación o el fortalecimiento de unidades especializadas de investigación de homicidios (que no se deben confundir con fiscalías especiales), tal como se ha implementado para otros delitos como el secuestro, con resultados significativos. El objetivo consiste en mejorar el sistema de investigación criminal mediante la colaboración interinstitucional entre los actores del sistema de procuración de justicia, el desarrollo e incorporación de una metodología de persecución penal estratégica, la creación de protocolos de investigación especializados en homicidios, la mejora en el acceso a tecnología y el fortalecimiento de las unidades de análisis que permitan examinar patrones de conducta y la conexión entre casos.

La evidencia muestra que este tipo de acciones ha contribuido a la contención de la violencia letal en casos como el de Guatemala, por ejemplo. Tras una ola de violencia, el descenso sostenido del número de homicidios a partir de 2011 en ese país se vincula a la mejora en el sistema de investigación criminal, la cual permitió un aumento en el esclarecimiento de delitos contra la vida. No es circunstancial que los países con mejores sistemas de impartición de justicia tengan al mismo tiempo índices de criminalidad bajos. Mientras Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido se ubican en los primeros diez lugares del ranking mundial del Índice para medir el estado de derecho, México es el número 88 de 113 en esta lista. Las conclusiones están a la vista.

Si bien no hay una fórmula única para reducir los índices de homicidio, sí contamos con información sobre intervenciones que han funcionado para reducir y contener la violencia letal en otras partes del mundo. Por otra parte, tenemos un nuevo sistema de justicia penal urgido de legitimación. Necesitamos que las instituciones enfoquen sus recursos en dar respuesta a los temas más sensibles, que resuelvan un mayor número de casos de homicidios dolosos, aumentando sus capacidades sin desmontar los principios de un sistema acusatorio que tanto ha costado desarrollar. Las autoridades no deben olvidar que preservar la vida es la función primordial del Estado y tienen que hacerlo valer. Esto no es opcional ni tampoco es una cuestión de irnos por el camino fácil.