• Las designaciones precipitadas ignoran la deliberación pública, la investigación y el análisis de la idoneidad de los perfiles y debilitan el Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Este proceso de designación es contrario a las demandas de procesos abiertos, transparentes y oportunos por parte de la sociedad civil.
  • Nos sumamos al llamado del Comité de Participación Ciudadana a corregir el camino y construir un proceso adecuado para la designación de estos Magistrados, que quedarán en el cargo entre diez y quince años.

Desde enero, en el marco de la campaña ‘Designaciones contra la corrupción y la impunidad’, organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales exigimos procesos públicos, transparentes y oportunos para los nombramientos de las y los servidores públicos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta exigencia no ha sido escuchada y los procesos de designación del SNA siguen realizándose de manera opaca, discrecional y con premura.

Este martes 25 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió su propuesta para la ratificación de los dieciocho Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA): tres Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior que quedarán en el cargo quince años, y quince Magistrados de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que quedarán en el cargo diez años. Si bien la ley establece que estos Magistrados deben de ser propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal en el periodo ordinario de sesiones en curso, y ratificado por los Senadores, es inaceptable la premura con la que podría llevarse a cabo este proceso de designación. A cinco días de que concluya el periodo de sesiones, los Senadores no deben ratificar estos nombres sin deliberación pública, investigación y análisis de la idoneidad de los perfiles y, en cambio, establecer una ruta de trabajo que permita un proceso abierto para confirmar o rechazar la propuesta del Ejecutivo en un periodo extraordinario.

Uno de los factores clave para la implementación adecuada del SNA es contar con perfiles independientes y profesionales para encabezar e integrar las instituciones que lo conforman. Estos Magistrados tendrán las importantes funciones de conocer, resolver y sancionar sobre las faltas administrativas graves cometidas por los servidores y los particulares. Por ello, su nombramiento y designación debe realizarse con máxima publicidad, transparencia y participación ciudadana, para dotar de mayor certeza, legitimidad y efectividad al proceso de designación y asegurar que quienes integren este cuerpo perteneciente al SNA sean los mejores perfiles para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente se les ha asignado.

Dada la importancia de los procesos de designación del SNA, en septiembre de 2016 se definió como compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que la meta 2018 para el eje de combate a la corrupción sería “incluir mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que establece el SNA”. Para cumplir con esta meta, se definió hacer una consulta técnica para establecer criterios de selección para los cargos del SNA, así como de los órganos internos de control (OICs) y evaluar de forma objetiva con la participación de sociedad civil, academia y expertos la idoneidad de los perfiles propuestos con información del proceso en datos abiertos. Sin embargo, en esta designación no se está contemplando ninguno de estos mecanismos.

El proceso de designación de los Magistrados está en curso. Es fundamental no repetir un proceso de designación cerrado como fue el caso del magistrado Carlos Chaurand Arzate, designado Presidente del TFJA en enero pasado. Apegarse estrictamente a lo que establece la ley es un requisito indispensable pero no suficiente, por sí mismo, para generar confianza y legitimidad. Por eso nos sumamos al llamado del Comité de Participación Ciudadana a corregir el camino y construir un proceso adecuado para esta designación. Y exigimos a los Senadores no ratificar en la urgencia, sin transparencia ni participación ciudadana a los Magistrados del TFJA.

Firmantes: Organizaciones Artículo 19; Cencos; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.; Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan; Centro de Estudios Espinoza Yglesias; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.; Instituto Simone de Beauvoir; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa; México Unido Contra la Delincuencia; Serapaz; Transparencia Mexicana; Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); A título personal Aram Barra, Aranda Bello, Carlos Brito, Denisse Dresser, Iván Garcia Gárate, José Mario de la Garza, Alfredo Lecona, Layda Negrete, Carolina Pimentel, Quetzalcoatl Fontanot, María Novoa.