CARTA PÚBLICA

Ciudad de México, 26 de abril de 2017

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e s

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye una de las reformas más importantes de la actual administración. El sistema es a la vez una respuesta y un compromiso público frente al reclamo de una sociedad lastimada por la corrupción y la impunidad.

A través de una instancia de coordinación, las siete instituciones que conforman el sistema tienen el encargo de mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Por ello, es de suma relevancia que quienes encabecen cada una de las instituciones cuenten con los méritos y las capacidades para ejercer su encargo con responsabilidad y ética pública.

A unas semanas de haberse instalado formalmente el Comité Coordinador del sistema, dos de sus instituciones clave se encuentran en entredicho. Por un lado, en medio de un procedimiento enrarecido desde su origen, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos graves de corrupción, ha sido aplazado por el Senado sin que medie una justificación razonable y sin que a la fecha se conozcan cuáles serán los criterios que esta instancia utilizará para evaluar, incluir o descartar la idoneidad del candidato.

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el pasado lunes 24 de abril, el Ejecutivo envió al Senado para su ratificación 18 nombres de candidatos que habrán de conformar la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos magistrados durarán en su encargo 15 y 10 años respectivamente y se encargarán de sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares. Su imparcialidad y capacidad resulta indispensable.

Preocupa la falta de una motivación clara de cómo se llegó a esta lista y cuál es la razón para incluir estos perfiles. Los requisitos de imparcialidad y capacidad no podrán alcanzarse si estos jueces son ratificados con prisas, sin previa discusión pública y sin criterios básicos de rendición de cuentas que garanticen que los designados cuentan con la trayectoria, especialidad y capacidad para ejercer estas funciones.

El Senado tiene ahora en sus manos la enorme tarea de lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción nazca sin dudas fundadas sobre su legitimidad. Por ello, a través de esta comunicación, exhortamos a los integrantes de las Comisiones responsables a que honren su encargo y que permitan el debate público y la vigilancia social, a través de procedimientos abiertos y bien documentados para que se conozcan los motivos de estos nombramientos que develarán el verdadero compromiso con el combate a la corrupción en México.

FIRMAS DEL CONSEJO ASESOR DE LA RRC
Rubén Álvarez Mendiola
Cecilia Azuara Arai
Ricardo Becerra Laguna
Eduardo Bohórquez López
Jesús Cantú Escalante
Guillermo Cejudo M. Cejudo Ramírez
Alejandro González
Paulina Gutiérrez Jiménez
Edna Jaime Treviño
Sergio López Ayllón
Mauricio Merino Huerta
Lourdes Morales Canales
Haydée Pérez Garrido
Alejandra Ríos Cázares
Jorge Javier Romero Vadillo
Liliana Veloz Márquez