La información delictiva es un recurso público esencial para la toma de decisiones en términos presupuestales y de diseño de política pública en materia de seguridad, y debe estar sujeta al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas.

Las cifras delictivas oficiales son uno de los insumos más importantes para el diagnóstico de problemas de seguridad pública, el diseño de políticas públicas en la materia y la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de sus gobiernos. En dos entregas anteriores dentro de este espacio, hemos analizado la calidad de las estadísticas delictivas a través de métodos forenses para detectar subregistro y modelos econométricos para identificar clasificaciones incorrectas. A través de estas metodologías podemos identificar patrones inusuales en los datos, lo cual nos indica que posiblemente existe un problema subyacente de errores o manipulación deliberada de estas cifras.

Para comprender si existe alguno de estos problemas y en qué consiste, se necesita analizar directamente las averiguaciones previas y carpetas de investigación, así como los recursos humanos, en infraestructura y en tecnología con los que cuentan las autoridades ministeriales.

En este sentido, las auditorías de cifras delictivas deberían realizarse de manera constante para poder medir la evolución de la calidad de los datos, así como el impacto que puedan tener diferentes políticas diseñadas para mejorarlos. Con este fin, consideramos necesaria la creación de un Comité Auditor independiente, con la facultad de realizar auditorías periódicas para evaluar las cifras de delitos, de reportar sus hallazgos al gobierno y al público, y de ofrecer recomendaciones puntuales para su mejora.

Pero, para su correcto funcionamiento, este Comité Auditor (CA) debe contar con cuatro características que consideramos necesarias. Para identificarlas, nos basamos en recomendaciones de organismos internacionales (OCDE 2016; UNESCAP 2009), los compromisos adquiridos por México en la Declaración de Lima y la Declaración de México en materia de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), así como en la experiencia de nuestro país en la construcción y mejoramiento de la Auditoría Superior de la Federación.

  • Blindaje de intereses políticos

El primero de los requisitos para un CA eficaz es blindarlo de intereses políticos. Para lograrlo, creemos que se deben cumplir al menos tres condiciones. La primera es que el CA goce de independencia financiera y administrativa de los gobiernos estatales, municipales y federal, de modo que no puedan ejercer presión alguna sobre éste. En segundo lugar, el CA debe contar con un cuerpo colegiado con representantes de gobierno y sociedad civil cuya función sea vigilar el desempeño de la institución. A través de este mecanismo se puede lograr un balance interno de perspectivas en la toma de decisiones. Finalmente, los miembros directivos de un CA deberán ser certificados para demostrar su capacidad técnica en la materia.

  • Facultades y organismos obligados

En segundo lugar, necesitamos que el CA tenga las facultades legales para poder llevar a cabo su labor. Esta característica parece evidente, pero debe ser objeto de cuidado durante el diseño institucional. El CA necesita tener la facultad expresa de entrar a los ministerios públicos, fiscalías y procuradurías estatales para revisar las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como para evaluar tanto las capacidades de los agentes como la calidad de la infraestructura y tecnología con los que cuentan para la recolección de datos.

De modo complementario al punto anterior, los ministerios públicos, procuradurías y fiscalías estatales deben estar obligados a compartir su información con el CA y a acatar las recomendaciones que éste realice en caso de que lo encuentre necesario.

  • Mecanismos de incentivos y castigos

Para que el CA realmente contribuya a mejorar las estadísticas delictivas, tenemos que darle “dientes”. Esto significa que necesita contar con las facultades suficientes para tomar decisiones vinculantes y que sus recomendaciones no se queden en letra muerta.

Los “dientes” más comunes son las sanciones. El primer tipo de sanciones son económicas, pero se suele cometer el error de que estas multas se carguen al erario de cada estado, por lo que son los contribuyentes quienes finalmente pagan la sanción. En estos casos, las multas no resultan muy efectivas. En contraste, la facultad para separar un funcionario de su cargo y/o inhabilitarlo del servicio público genera incentivos mucho más fuertes para prevenir las prácticas ilegales y ofrece soluciones cuando se detecta un problema.

Ahora bien, si el CA no tiene “dientes”, su único recurso es funcionar como un sistema de reputación. A partir de malas evaluaciones del CA sobre la calidad de las estadísticas de un estado dado, el gobierno local vería dañada su reputación y podría sentir un incentivo para mejorar sus prácticas, y en consecuencia la percepción del público sobre su labor. Sin embargo, la adopción de mejores prácticas dependerá sólo de la voluntad de cada gobierno, por lo que el mecanismo puede fallar.

Un método similar al del “juego de reputación” consiste en generar incentivos positivos a través de un sistema de certificaciones que “premien” a los MP, fiscalías o procuradurías que muestren buenas prácticas y mejoras en el tiempo en sus protocolos de clasificación y registro de cifras delictivas. Sin embargo, este método también depende para ser exitoso de la voluntad de los funcionarios locales.

  • Medición de línea base

A partir de diversos reportes elaborados por México Evalúa a lo largo de los años, ha quedado claro que los estados tienen diferentes niveles de capacidades técnicas, infraestructura, recursos humanos y económicos. Idealmente, todos los ministerios públicos deberían alcanzar un nivel mínimo de calidad en su desempeño, pero existe mucha variabilidad en los puntos de partida de cada uno, por lo que se requieren estrategias especializadas para lograrlo.

Reconociendo esta realidad, es importante que la primera tarea de un CA consista en medir una línea base para identificar cuál es el estado actual de los MP, procuradurías y fiscalías estatales de justicia. Ésta es la única manera de emitir recomendaciones efectivas a los estados y de evaluar el impacto de las políticas públicas implementadas (como el mejoramiento de la infraestructura, la adquisición de mejor tecnología, la implementación de cursos de capacitación, la adopción de nuevos protocolos de clasificación y registro de delitos, entre otros).

La información delictiva es un recurso público esencial para la toma de decisiones en términos presupuestales y de diseño de política pública en materia de seguridad. La relevancia de esta información implica que debe estar sujeta al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas, de la misma manera en que vigilamos el presupuesto y las finanzas públicas.

Con base en las mejores prácticas internacionales, concluimos que las auditorías físicas de averiguaciones previas y carpetas de investigación son una condición necesaria de una ruta crítica para fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia, mejorar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y contar con datos delictivos de calidad.

*Jimena David y Jesús A. Gallegos son investigadores del Programa de Seguridad de México Evalúa (@mexevalua) y Jonathan Furszyfer es coordinador del mismo. Los autores agradecen los comentarios y edición de Cynthia Castañeda y Laurence Pantin. Este artículo está basado en el estudio de México Evalúa (2017) “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”, realizado con el apoyo de la Embajada Británica en México.

Referencias

David, Jimena, Jonathan Furszyfer y Jesús A. Gallegos. 2017. Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable. Ciudad de México: México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.

OCDE. 2016. Supreme audit institutions and good governance: oversight, insight and foresight. Paris: OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.

UNESCAP. 2009. What is good governance? Nueva York: Organización para las Naciones Unidas.