Ayer se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta instancia que articulará a las siete instituciones que conforman el sistema nacional nacerá incompleta y en medio de un proceso enrarecido. A más de dos años de haberse emitido la primera convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción -en adelante Fiscalía Anticorrupción- el Senado ha aplazado su decisión y aún no logra alcanzar acuerdos que hagan posible este nombramiento.

Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado consideramos que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción debe darse en paralelo a la discusión de reforma del artículo 102 de la Constitución Federal relativo al nombramiento del Fiscal General. La intención es que esta Fiscalía nazca con total autonomía, ya que bajo el marco normativo actual, estaría inserta en la actual Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con la experiencia comparativa a nivel internacional, sabemos que esta falta de autonomía puede limitar sustancialmente investigaciones relacionadas con actos de corrupción de altos funcionarios federales, especialmente los adscritos a dicho poder. Más aún, la propia Fiscalía, al día de hoy carecería de facultades esenciales como las consistentes en nombrar y remover a su personal. La legislación actual permite al Procurador General dar por terminada toda investigación relacionada con hechos de corrupción, aún en contra de la opinión del futuro Fiscal Anticorrupción.

Por ello exhortamos al Senado a convocar, mediante sus comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana, a una amplia discusión, bajo el esquema de Parlamento Abierto, sobre el artículo 102 Constitucional y sobre el modelo de Fiscalía General que el país requiere. Asimismo es fundamental que acelere los esfuerzos para analizar y aprobar la Ley Orgánica y demás leyes secundarias que permitan el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General, y que otorgue la garantía de recursos materiales, humanos y operativos para el funcionamiento de las fiscalías especializadas que dependen de la Fiscalía General.

En cuanto a la designación del Fiscal Anticorrupción, es fundamental que el Senado se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política haga explícitos los criterios y razones que lleven a la selección del candidato o candidata que someterán al pleno para su ratificación. Además es fundamental el compromiso de dotar al Fiscal Anticorrupción de un número suficiente de unidades especializadas en cada una de las delegaciones del Ministerio Público, para poder integrar investigaciones que impliquen delitos de corrupción.

Es importante que el proceso cumpla con principios indispensables de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con los que se han llevado a cabo otras designaciones públicas exitosas.

En el contexto actual del país y ante la expectativa social del compromiso político en el combate a la corrupción, se espera que el nombramiento abone a la legitimidad del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso sólo podrá ocurrir si se justifica a la sociedad cuáles fueron los criterios considerados por el Senado para evaluar, incluir o descartar la idoneidad de los candidatos a partir de cuestiones fundamentales como la autonomía política, los conocimientos técnicos, la trayectoria y la capacidad probada en materia penal y administrativa.

La tarea para la creación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción será una de largo aliento. En ése camino es indispensable consolidar la  institucionalización a partir de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos para la selección y promoción de su personal, así como la definición del marco jurídico necesario y  las garantías presupuestales adecuadas de forma que cuenten con las condiciones para garantizar un Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la legalidad en nuestro país.  Sólo con dichas bases, la Fiscalía General y sus diversas fiscalías especializadas, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, podrán contribuir a una adecuada procuración de justicia federal con apego a principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y certeza jurídica.

Posponer el debate público sobre el diseño de la Fiscalía General y la designación del Fiscal Anticorrupción minarían los esfuerzos que como sociedad hemos estado realizando durante los últimos años. Para preservar esos avances se vuelve imperativo crear el andamiaje adecuado para un Sistema Nacional, que permita enfrentar correctamente uno de los problemas más dañinos para México que es la corrupción.

Organizaciones:

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

CCiudadano, Construcción y articulación de lo público

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)

CLYE Abogados

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Cultura Ecológica

Eco-ciudadanía del Futuro

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

ICREA-International

Impacto Legislativo

Información Accesible y Rendición de Cuentas (Iarac)

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

Iniciativas Humanas y Sociales

Instituto de Desarrollo y Equidad

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)

Mexicanos Primero

Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MUCCI)

México Evalúa

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Observatorio Ciudadano de León

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)

Participando por México

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Transparencia Ciudadana

Transparencia Mexicana

Redes y colectivos:

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Frente contra a la Pobreza

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Personas:

 

Alfonso Carrillo

Alfredo Lecona Martínez

Carolina Pimentel

Catalina Pérez Correa

Daniel Vázquez

Denise Dresser

Eliana García

Ernesto López Portillo

Gonzalo Ibarra

Guadalupe Barrena

Ina Zoon

Iván García

Jorge Javier Romero

José Mario de la Garza Marroquín

Layda Negrete

Maite Azuela

Mariana Campos

María Novoa

Pablo Girault

Alberto J. Olvera

Alberto Suárez Castillo

Alejandra Ríos Cázares

Angel Martínez Armengo

Araceli Aguilar González

Benjamín Chacón Castillo

Bernardino Vazquez Rosas

Booggar González

Carlos Escobedo Suárez

Carlos Manuel Pérez Castrejon

Diego Ernesto Diaz-Iturbe

Diego Jacobo Morales

Eduardo Hernández

Enrique Espinoza Cruz

Enrique Ortiz Casillas

Eréndira Sarahí Pérez Ponce

Ericka Beatriz Peña Ayala

Felipe Mendoza Vallarta

Francisco Manuel Flores Carrillo

Frida Romay Hidalgo

Gabriela Edith Morales Martínez

Gabriela Inés Montes Márquez

Gustavo Arballo Luján

Héctor Rubio

Jaime Hernández Colorado

Jorge Javier Romero

Jorge Juárez Escalona

Jorge Orlando Espíritu Hernández

Jorge Ortizgris Serna

José Alfredo Domínguez Pineda

José Juan Sánchez González

José Luis Caballero

José S. Maradiaga Ceceña

Liliana Veloz

Lourdes Morales

Luis Alberto Ramos

Luis Fernández

Mariana Velarde Aguirre

Mario Alzate Cruz

Miguel Ángel Galán

Moisés Díaz Vargas

Mucio Israel Hernández Centeno

Oscar David Hernández Correa

Paulina Gutiérrez Jiménez

Pedro Carta Terrón

Ramón Aguilera

Reynaldo Castro Melgarejo

Viridiana Ríos

Antonio Gómez

 

Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)