Se ha escuchado mucho sobre un concepto que hoy llena los análisis de los medios de comunicación sobre lo que pasa en el mundo. Se trata del concepto de la “postverdad”, “postruth” en inglés.

 

Este término fue nombrado por el Diccionario Oxford como la “Palabra del año 2016”.

La posverdad denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Se habla hoy de la “política posverdad” en la que los líderes partidistas, los candidatos y los funcionarios apelan más a creencias, prejuicios, miedos y rencores del público que a las cifras, los datos, los hechos.

En Estados Unidos, el presidente Trump se ha erigido en un campeón de la posverdad. Al hablar de migración, cambio climático, terrorismo o delincuencia en las ciudades, Trump ha demostrado una y otra vez que los datos, los hechos y las estadísticas no guían sus decisiones como gobernante. Y esto no es una mera extravagancia personal. Esto tiene implicaciones directas en las vidas de millones de personas no sólo en Estados Unidos sino en el mundo entero.

Y en temas de seguridad ciudadana, las consecuencias apenas están por verse.

Si la estadística dice que sólo 3 por ciento de los 11 millones de inmigrantes sin papeles han cometido un delito pero Trump asegura lo contrario y dice que los migrantes son “asesinos, violadores” ¿qué política pública seguirá? La que hemos visto: una política de persecución que acosará al inocente y dejará libres a los verdaderos delincuentes.

De ese tamaño es el sufrimiento humano que puede causar el desprecio por las estadísticas.

Se puede pensar que Trump es un ejemplo extremo. Pero en todo el mundo vemos cada vez con mayor preocupación el ascenso de políticos que defienden ideas sin sustento, sin asidero en la realidad. Y también vemos gobiernos que una vez en el poder, pueden llegar a manipular la estadística para crear su propia verdad. En ese sentido, la posverdad amenaza con volverse la regla, y no la excepción.

Pienso que este contexto nos debe servir como advertencia a los mexicanos para buscar los antídotos a la posverdad.

En México, no podemos permitir lo que sucedió con el gobierno argentino en los años de Cristina Kirchner, cuando se manipularon las cifras de pobreza sin rubor. O con el gobierno brasileño que acosumbraba maquillar sus datos de déficit fiscal. O lo que sucede con algunos de nuestros gobiernos locales que maquillan cifras delictivas ante la ausencia de mecanismos de monitoreo y verificación que aseguren que los registros sean verídicos y correctos. Por ello es tan importante tener una agenda centrada el fortalecer la evidencia para la toma de decisiones y, como paso anterior, fortaleza e independencia de las instancias encargadas de generar información y estadísticas en temas centrales de nuestra vida cotidiana.

No estamos mal pertrechados para hacer frente a la amenaza de la era posverdad. Afortunadamente edificamos, en algunos ámbitos, instituciones que son contrapeso a la mentira. Que generan información que nos permiten conocer con un alto grado de objetividad, las métricas más importantes de nuestro desempeño y nuestro desarrollo. En el preámbulo del proceso electoral, necesitamos que estas métricas se procesen y se divulguen con integridad. Blindar a nuestras fuentes de información de injerencias indebidas es central para el proceso en puerta como para nuestro futuro. Por eso la elección del próximo integrante de la junta del gobierno del INEGI es central. Los senadores tienen la enorme responsabilidad de elegir a una persona que cumpla con el perfil requerido para sostener al INEGI como el principal antídoto posverdad.

Al final del día, todos queremos algo muy simple: gobiernos que hablen, actúen y gobiernen con base en la verdad.