Mariana Campos (@mariana_c_v) y Alejandro García (@myosus) / Animal Político

Al cierre de enero del presente año se dio a conocer el informe de finanzas públicas del Gobierno Federal correspondiente al ejercicio de 2016[1]. Aun cuando las autoridades anunciaron e implementaron recortes en algunos rubros de gasto, otros aumentaron, por lo que el gasto público se incrementó en 7.7 por ciento real (289 mil millones de pesos), respecto a lo gastado en 2015. El monto de gasto del Gobierno Federal, sin considerar entidades y empresas, alcanzó una cifra histórica, ya que pasó de 3 billones 876 millones de pesos en 2015 a 4 billones 175 millones de pesos en 2016

Al analizar las cuentas, se observa que se dio un recorte de 153 mil millones de pesos en el gasto operativo[2] del gobierno, lo que representó una disminución de 24 por ciento en términos reales respecto de lo gastado en este rubro en 2015.

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Lamentablemente, a pesar del esfuerzo de austeridad realizado, el incremento en otros gastos superó el tamaño de los recortes, por lo que en el agregado el año pasado el gasto público observó un incremento neto. Los principales rubros que elevaron el gasto fueron: los recursos que el Gobierno Federal transfirió a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), las participaciones y aportaciones a las entidades federativas y municipios y el costo de la deuda pública. Estos tres rubros[3] sumaron un incremento, respecto al año anterior, de 483 mil millones de pesos.

El rubro de gasto que más incrementó durante 2016 fue el de las transferencias[4] realizadas a PEMEX y CFE, las cuales sumaron un total de 321 mil 800 millones de pesos. Las transferencias a Pemex y CFE se dividieron en 161 mil millones de pesos para la CFE y 160 mil millones para PEMEX y experimentaron un incremento de 202 por ciento[5] con respecto al gasto ejercido en este rubro en 2015. Es importante explicar que de acuerdo con las autoridades, dichas transferencias se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex, así como al fortalecimiento de las posiciones financieras de ambas empresas productivas del Estado.

Otro rubro que contribuyó en buena medida al aumento del gasto fue el de las participaciones y las aportaciones a entidades federativas y municipios. Al cierre de 2016, se pagaron participaciones a entidades federativas y municipios por 691 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 7 por ciento en términos reales o 99 mil millones de pesos con respecto al año anterior. Por otra parte, vía las aportaciones federales, se transfirieron 745 mil millones de pesos, 12.7 por ciento en términos reales (29 mil millones de pesos) más que en 2015. Los dos rubros sumaron un monto de cerca de 1 billón 440 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 9.7 por ciento en comparación con 2015[6].

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Las entidades federativas no sólo gozaron de los aumentos de las participaciones y aportaciones, también se vieron beneficiadas con el incremento en los recursos provenientes del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, que no se encuentra regulado por una ley, como es el caso de las primeras. Este Ramo incrementó 17 por ciento en términos reales o 35 mil 500 millones de pesos, respecto al año anterior. El monto pagado por este Ramo al cierre de 2016 sumó 246 mil 600 millones de pesos.

Otro rubro de gasto que ejerció y seguirá ejerciendo gran presión financiera en el presupuesto federal es el costo de la deuda ampliada, el cual sumó 473 mil millones de pesos. Representó el 8.9 por ciento del gasto neto total en 2016 y un aumento de 12 por ciento real o 52 mil millones de pesos con respecto al 2015. Por su parte, el costo de la deuda exclusiva del gobierno federal ascendió a 386 mil millones de pesos y representó 9.3 por ciento del gasto total del Gobierno Federal y un aumento de 5.5 por ciento real o 20 mil millones de pesos.

Es importante subrayar que en el escenario actual de alto endeudamiento, bajos ingresos petroleros y un contexto económico adverso, susceptible de traducirse en un menor crecimiento económico, y por lo tanto, en una menor recaudación, el Gobierno Federal no debe ablandar la disciplina y austeridad del gasto. Además de los recortes realizados, es imperante eliminar conceptos de gasto superfluo que requieren ser eliminados por completo. El destino nos alcanzó y el pago de pasivos pendientes nos exige redoblar esfuerzos en este ámbito.

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Además el Gobierno Federal no puede ni debe ser el único que recorte su gasto de operación. También lo deben recortar los gobiernos locales. No es sostenible seguir aumentando las transferencias a dichos gobiernos. Por lo que es necesario no solamente controlar el crecimiento del gasto del Ramo 23 sino también modificar el marco de coordinación fiscal que regula los gastos en participaciones y aportaciones a entidades federativas y municipios, es decir, los Ramos 28 y 33.

El marco de coordinación fiscal debe promover la recaudación local y garantizar un uso más racional e íntegro de los recursos púbicos del gasto federalizado[7]. Este gasto es el más proclive a la corrupción. La ASF emite cada año observaciones asociadas al daño al erario en el manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas y casi la mitad del monto de recursos a recuperar acumulado entre 2000 y 2014, último año con datos disponibles, corresponde al presunto daño al erario observado en los Ramos 23 y 33. En este contexto institucional, es alarmante que incrementen los recursos que se destinan a estos Ramos.

La entrega de recursos a los gobiernos locales debe condicionarse, entre otros aspectos, a su capacidad de recaudación y gestión financiera, a sus prácticas de transparencia, a la rendición de cuentas que implementen y a la celeridad y seriedad con la que resuelven las observaciones emitidas por la ASF. Genera gran preocupación que, del total de las denuncias penales presentadas por la ASF a lo largo de su historia, 737 (el 12 por ciento) se debieron a la simulación de reintegros[8] de recursos a la federación por parte de las entidades federativas.

Las transferencias a gobiernos locales no pueden quedar intactas en medio de la presión financiera que estruja la cartera del Gobierno Federal. Es necesario generar un marco legal que permita hacer ajustes razonables en el momento en que es imperante regresar al equilibrio presupuestario.

 

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, colaboradora del Programa de Eduardo Ruiz-Healy en Radiofórmula. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon.

** Alejandro García es investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciado en Economía por el ITAM.

 

[1] http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/ivt/01inf/itindc_201604.pdf

[2] Se considera gasto de operación la suma del gasto aprobado de los capítulos de Gasto: Servicios Personales (capitulo 1000), Materiales y suministros (2000), Servicios generales (3000) y Bienes muebles, inmuebles e intangibles (5000).

[3] Suma de los capítulos de gasto 7000, 8000 y 9000 para el Gobierno Federal.

[4] Incluyen el gasto del capítulo 7000 “Inversiones Financieras”.

[5] Para su comparación se consideraron las transferencias reportadas en el concepto de gasto 7300, “Adquisición de otros valores”, con un monto de 103 mil millones de pesos ejercidos.

[6] Incluyen los convenios realizados por la SCT por 7 mil millones de pesos del capítulo 8000.

[7] Son los recursos federales que se transfieren a entidades y municipios, gobiernos locales. Está constituido principalmente por los Ramos 23, 28 y 33.

[8] Documento con nombre “Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2014, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros Fecha de corte: 23 de diciembre de 2016”, disponible en http://www.asf.gob.mx/uploads/70_Denuncias_penales/Denuncias_Penales_Presentadas_por_la_ASF_12-01-17.pdf