¿Estaría dispuesto a que le revisaran su bolso antes de entrar al trabajo? ¿Le gustaría que lo trataran como un sospechoso cada vez que entra a un edificio público? Probablemente, a nadie de nosotros nos gustaría. Entonces, ¿por qué permitir que estas acciones afecten a nuestros niños y jóvenes?

Alan López (@alanfabian07) y Sophie Bordat (@SophieBordat) / Animal Político

Hace dos semanas, un estudiante de secundaria de Monterrey llevó una pistola a la escuela y, al entrar al salón de clases, disparó contra su maestra y algunos de sus compañeros. Posteriormente, se quitó la vida. Este suceso trágico ha colocado en el centro del debate público el problema de la violencia y la delincuencia que aqueja a los niños y jóvenes de nuestro país. Según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, ese año, 46.4 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años fueron víctimas de algún delito o maltrato, mientras que 32.2 por ciento sufrieron acoso escolar. Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos han promovido el regreso del Programa Escuela Segura o estrategias de escuelas militarizadas. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que operativos como Mochila Segura, en el cual se revisan las pertenencias de los alumnos, “ayudan a inhibir la existencia de armas en los planteles escolares”.

No obstante, no existe ningún estudio público que demuestre que este tipo de programas tenga un verdadero impacto para reducir los actos de violencia y delincuencia[1]. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha expresado su preocupación por la posible violación de los derechos de niños y adolescentes durante la implementación de estos operativos[2].

¿Qué estamos haciendo mal? Desde nuestro punto de vista, el problema es que los tomadores de decisión implementan soluciones “mágicas” o “ingeniosas”, sin conocer sus resultados a mediano y largo plazo. Sin embargo, existe evidencia empírica y robusta de que, en otros países y contextos, situaciones similares se han atendido eficazmente. Por ello, en México Evalúa revisamos algunas experiencias internacionales exitosas que pueden servir de guía para la formulación de programas que reduzcan actos de violencia y delincuencia entre los niños y jóvenes. A continuación, les presentamos tres ejemplos.

  1. Programa de terapia cognitiva conductual (“Becoming a Man”, EUA[3]). Este programa se ha implementado en las escuelas públicas de Chicago desde la década de los ochenta. Tiene como objetivo reducir los factores de riesgo que llevan a los adolescentes a desarrollar comportamientos delictivos y abandonar la escuela, mediante actividades de reflexión, fortalecimiento de la autoestima y desarrollo de inteligencia emocional.

Los grupos de trabajo son pequeños (8-15 adolescentes) y son coordinados por un psicólogo, trabajador social o pedagogo. Las actividades se realizan dos o tres veces por semana, después de clases durante todo el año escolar, y consisten en ejercicios retrospectivos, desarrollo de habilidades sociales, juego de roles, debate sobre películas e historias, actividades deportivas y artísticas. Tanto los profesores como los padres de familia siguen puntualmente el progreso de los adolescentes.

Los resultados de las evaluaciones de programas de este tipo demuestran que ayudan a los adolescentes a reflexionar sobre sus comportamientos, controlar sus impulsos y mejorar su autoestima. Esto se ve reflejado en que los beneficiarios tuvieron 44 por ciento menos probabilidad de ser detenidos por cometer algún delito violento en comparación con adolescentes que no participaron en el programa y 19 por ciento más probabilidad de graduarse.

En 2007, el Centro de Readaptación Social para Menores del Condado de Cook, Illinois, adaptó este programa en sus instalaciones y logró disminuir los niveles de reincidencia delictiva.

  1. Programa de tutorías (“Big Brothers, Big Sisters”, EUA[4]). Este programa se ha implementado en diversas ciudades de Estados Unidos, atendiendo a adolescentes de entre 10 y 18 años, quienes pertenecen, principalmente, a minorías étnicas (afroamericanos e hispanos), viven en hogares monoparentales y en colonias de bajos ingresos. Su objetivo es atender los factores de riesgo que llevan a los adolescentes a delinquir, sufrir o ejercer violencia intra-familiar, consumir alcohol/drogas y acosar a sus compañeros de clase.

El programa vincula voluntariamente a un tutor (generalmente un adulto de la propia comunidad) con un adolescente, para que realicen diversas actividades de acompañamiento y convivencia: ver una película, participar en un evento deportivo, ir a museos, debatir sobre libros, acompañarlos a terapia o simplemente pasar el rato y conversar. El apoyo de los adultos ayuda a los adolescentes a fortalecer su confianza, establecer metas claras y sentirse más aceptados en su entorno social. Un grupo de especialistas conformado por psicólogos, trabajadores sociales y profesores siguen puntualmente el progreso de los adolescentes y capacitan constantemente a los tutores.

El programa Big Brothers, Big Sisters se ha implementado con resultados positivos: sus beneficiarios demostraron tener 46 por ciento menos probabilidad de iniciar el consumo de drogas, redujeron en 50% sus faltas a clases y declararon experimentar una mejora de su relación con sus padres y amigos.

  1. Programas antibullying[5]. Algunas estrategias que atienden el acoso escolar en Estados Unidos (“The Olweus Bullying Prevention Program”), Canadá (“Dare to Care: Bully Proofing Your School Program”), Australia (“Friendly Schools”), Países Bajos (“Dutch Anti-Bullying Program”) y Sudáfrica han mostrado buenos resultados al combinar acciones en los siguientes niveles de atención: (1) comunitario: campañas de concientización y difusión de información para alumnos, profesores, administrativos y padres de familia; (2) escolar: supervisión de los espacios de convivencia durante el recreo; (3) salón de clases: sesiones de reflexión y reglas claras contra expresiones de violencia; y (4) individual: apoyo psicológico y moral para las víctimas, los agresores y sus familias.

Además, estos programas focalizan las intervenciones según la edad de los estudiantes. La supervisión y las sanciones funcionan mejor con los niños menores de 10 años. En cambio, las intervenciones que promueven el aprendizaje social, desarrollo de habilidades y espacios de reflexión son más efectivas en alumnos mayores de 12 años.

Los resultados son prometedores ya que los programas han reducido, en promedio, en 23 por ciento los casos de acoso escolar y en 20 por ciento el número de víctimas.

Más detalles sobre estos programas podrán encontrarse próximamente en el Banco de Prácticas de Prevención desarrollado por México Evalúa en su micrositio sobre prevención del delito, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en México, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad del gobierno y la sociedad civil para prevenir el delito en México”. Su objetivo es, precisamente, dotar a los tomadores de decisión de insumos para la formulación de estrategias efectivas de prevención del delito.

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Con este ejercicio, no pretendemos emitir una “receta de cocina” que se deba cumplir al pie de la letra, sino presentar opciones que sirvan como una guía para la formulación de nuevos programas, que más allá de evitar sucesos trágicos como el de Monterrey, respeten los derechos de niños y jóvenes, fortalecezcan sus relaciones intrapersonales y maximicen su desempeño escolar. Por esta razón, exhortamos a nuestras autoridades a diseñar programas basados en evidencia empirica, que sean evaluados de manera rigurosa y constante, para conocer el efecto real que tienen sobre la violencia y la delincuencia vinculadas a nuestros niños y jóvenes, sin la necesidad de improvisar o tratar de encontrar soluciones “mágicas” a este problema.

*Alan López es investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa y Sophie Bordat es asistente de investigación del mismo Programa. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Jonathan Furszyfer y Laurence Pantin, así como el diseño de Miguel Cedillo.

[1] En 2015, Coneval realizó una evaluación de desempeño del programa Escuela Segura, en la cual afirma que es imposible conocer los efectos reales del mismo debido a “la ausencia de información sistematizada y de indicadores precisos”.

[2] En un comunicado del 24 de enero de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades a respetar los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la comunidad escolar en las medidas de prevención y erradicación de la violencia en los centros escolares. Además, señaló que la respuesta a este problema no está en la “militarización de la educación”, sino en atender de manera integral a la niñez y juventud.

[3] Heller, Shah, Guryan, Ludwing, Mullainathan y Pollack (2015). Thinking, fast and slow? Some field experiments to reduce crime and dropout in Chicago. Departamento Nacional de Investigación Económica, Serie de working papers, no. 21178. Consultado aquí.

[4] Tierney, J., J. Grossman y N. Resch (2000). Making a difference. An impact study of Big Brothers Big Sisters. Public/Private Ventures. Consultado aquí.

[5] Farrington, D. & M. Ttofi (2009). School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Systematic Reviews: 6. Consultado aquí.