Los intereses políticos que terminaron por ahorcar a la gallinita de los huevos de oro no pueden seguir marcando la pauta de una empresa productiva que busca operar bajo los estándares de una empresa privada.

Mariana Campos (@mariana_c_v) y Esther Ongay (@Eongay) / Animal Político
En su discurso del pasado 4 de enero, Enrique Peña Nieto nos dijo que “el gasolinazo” es una medida dolorosa, pero necesaria. Que sin ella, el gobierno tendría que hacer un recorte a los programas sociales emblemáticos como Prospera. Que en respuesta al “gasolinazo” se hará un recorte de 10 por ciento a la nómina de los mandos superiores de la Administración Pública Federal.

Las reacciones al “gasolinazo” hicieron evidente que la paciencia de los ciudadanos sí tiene un límite ante un gobierno que poco o nada cede, a pesar de estar reprobado socialmente por su bajo desempeño. Abusar de dicha paciencia pone en riesgo las condiciones de civilidad de nuestra sociedad.

El gobierno debe responder considerando que la sociedad está consciente del ‘mal’ gasto de los recursos públicos que de manera casi cotidiana se exhibe en los medios. Tan sólo la nota de esta semana nos ‘enteró’ de que durante el periodo de Javier Duarte a la cabeza del estado de Veracruz, algunos niños enfermos de cáncer recibieron como tratamiento para su enfermedad agua destilada en lugar de quimioterapia. Este es un caso palpable del tipo de impactos que la corrupción puede tener en la vida de las personas. No olvidemos que el señor Duarte también dejó sin comprobar ante la ASF gastos por 35 mil millones de pesos, entre otros asuntos. No queremos ni imaginar la cantidad de derechos violados y el daño que dejó la corrupción en el estado y entre sus habitantes.

En su auditoría de la Cuenta Pública de 2014, la ASF estimó que diferentes dependencias debían devolver al erario alrededor de 49 mil millones de pesos, un monto de recursos que representa más de la mitad del presupuesto de Prospera y una quinta parte la recaudación esperada por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolina y diésel (IEPS de gasolinas).

Ante la pregunta “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, suponemos que la respuesta de muchos fue ¿Por qué no empezar por reducir la corrupción, la deuda y los excesos?

El “gasolinazo” demostró que el gobierno perdió su legitimidad para cobrar más impuestos, en el momento en que más lo necesita. Algunos gastos aumentaron a pasos agigantados en los últimos años, por lo que es insostenible que éstos continúen creciendo a ese ritmo sin que crezca la recaudación o que el gobierno haga un mejor uso de los recursos. Debe rendir cuentas y comprometerse seriamente a reducir corrupción, deuda y despilfarro.

Las transferencias del gobierno a Pemex y CFE han crecido a un ritmo acelerado y siguen programadas para 2017. En 2015, estas transferencias fueron de 115 mil millones y en 2016 deben habernos costado poco más de 250 mil millones de pesos[1]. Se dice que son indispensables para capitalizar a las empresas para que puedan afrontar sus pasivos laborales, hacer frente a los pagos de pensiones e incrementar sus reservas con el mismo fin. Sin embargo, el ritmo al que crecen es insostenible. ¿Cuándo van a parar? ¿Con qué las vamos a seguir fondeando?

Además, será importante vigilar que dichas empresas, sobre todo Pemex, siendo una empresa productiva que busca ser eficiente, adapte su tamaño y estructura a la nueva realidad de bajos precios del petróleo. Los intereses políticos que terminaron por ahorcar a la gallinita de los huevos de oro no pueden seguir marcando la pauta de una empresa productiva que busca operar bajo los estándares de una empresa privada.

Por otro lado, el creciente costo financiero de la deuda ampliada del Gobierno Federal también ha metido una enorme presión financiera a la bolsa del presupuesto. El endeudamiento acelerado, los incrementos en las tasas de interés y el aumento del precio del dólar han contribuido a elevar este costo financiero. Para 2017, se tiene presupuestado un pago de intereses de casi 600 mil millones de pesos, aunque es posible que crezca, ya que el tipo de cambio previsto en el presupuesto era de 18.5 pesos por dólar, por debajo de la actual tasa. El problema es que no se han dado los pasos necesarios para implementar controles legales que garanticen que el déficit disminuya de manera consistente en los próximos años. Durante la discusión del presupuesto el año pasado, se descartaron de entrada las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha hecho en este sentido.

Otro rubro cuyo aumento no parece tener freno o responder a la temporada de vacas flacas es el observado en las transferencias a gobiernos locales en forma de “Subsidios y subvenciones”. Es importante aclarar que son recursos adicionales a los considerados en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal (Ramo 33 y 28). Se estima que este gasto rebase los 666 mil millones de pesos en 2016, lo que representaría casi 130 mil pesos más que en 2012. Con este cajón de gasto se financian algunos programas que no cuentan con reglas de operación, es decir, cuyos objetivos y diseño no podemos conocer, lo que complica su evaluación. Es preocupante que se ejerzan tantos recursos sin que cuenten con las condiciones básicas para la rendición de cuentas.

¿Cuánto de este monto persigue fines electorales o forma parte del mal gasto de los gobernadores?

En su propuesta, el presidente no consideró ‘hacer algo’ con los gastos mencionados en los párrafos anteriores, pero eso no quita que su discusión y atención sean de carácter urgente.

Tampoco concedió mucho para reducir el gasto de operación del gobierno. Su propuesta de recortar 10 por ciento de la nómina de los mandos superiores de la administración pública federal es un primer paso en el sentido correcto, porque en caso de que sí se implemente y se destine a un mejor fin, demostraría que el gobierno es capaz de actuar con cierta austeridad (lo que también podría elevar la tan escasa confianza de los ciudadanos en el gobierno, un activo poco apreciado por el gobierno pero necesario para cobrar impuestos sin alterar la paz social). Sin embargo, la propuesta se quedó corta porque hay mucha más tela de donde cortar. A continuación enlistamos una serie de gastos que deberían ser revisados para valorar recortarlos:

  • El aumento en el ejercicio del rubro de “Otras prestaciones sociales y económicas” entre 2012 y 2016 fue de más de 17 mil millones de pesos, y se estima que el rubro podría haber alcanzado más de 113 mil millones al cierre de 2016. Este concepto de gasto incluye indemnizaciones, asignaciones adicionales al sueldo y prestaciones contractuales, como vales de despensa, gastos para eventos y ayuda para renta de funcionarios del Gobierno Federal.
  • En el concepto “Remuneraciones adicionales y especiales”, que incluye primas de antigüedad, vacacionales, horas extra y otras compensaciones para funcionarios, se gastó casi 90 mil millones de pesos el año pasado y se le aprobaron más de 106 mil millones para 2017.
  • Los “servicios de comunicación social y publicidad” sobrepasaron los 8 mil millones de pesos en 2015, siendo más del doble de su presupuesto aprobado. Este concepto se destina a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información.
  • Los pagos a “personal transitorio”, “estímulos a servidores públicos” por titulación de licenciatura, productividad y eficiencia, entre otros, así como los costos de “traslado y viáticos”, alcanzaron en conjunto un ejercicio de 40 mil millones de pesos el año pasado.
  • Se estima que el pago al “personal permanente”, los gastos de “arrendamiento” y de “compra de vehículos” han aumentado en conjunto 11 mil 820 millones de pesos entre 2012 y 2016.

Es urgente instalar una mesa de revisores con carácter multisectorial, es decir, integrada por autoridades, empresarios, academia y sociedad civil, para analizar la factibilidad de controlar, reducir o de plano eliminar varios de los gastos aquí señalados. El gobierno no está invitando a la mesa de discusión a todos los actores interesados, ni poniendo en la agenda todos los temas que se deberían abordar a partir del “gasolinazo”.

Preocupa además que se dé otro “gasolinazo”, sin que el gobierno haya hecho un verdadero esfuerzo por abonar en la cuenta de la confianza ciudadana, como lo hizo en diciembre. El gobierno está llamado a rendir cuentas en serio.

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Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

 

 

[1] Los datos proceden de las bases del Portal de Transparencia Presupuestaria y las cifras se presentan a precios constantes de 2017. Por otra parte, el gasto ejercido en 2016 se estimó a partir de la información al tercer trimestre, suponiendo que el gasto tendría la misma tendencia (x/3*4).