En 2016 el gobierno recaudó de enero a noviembre más de 260 mil millones de pesos por el IEPS a los combustibles. La pregunta que todos deberíamos hacerle al gobierno es qué beneficio obtenemos a cambio de este impuesto.

Mariana Campos (@mariana_c_v) / Revista Nexos

En la última semana, multitudes han hecho visible su irritación ante el llamado gasolinazo, cerrando carreteras y hasta gasolineras. Hay varias expresiones en torno al alza de precios de los combustibles. Unos culpan a la reforma energética y a los legisladores que la aprobaron; otros exigen en su lugar un subsidio; varios señalan que se paga la gasolina más cara del mundo; incluso algunos proponen dejar de pagar impuestos. Independientemente de lo atinado de las quejas, se manifestó un fuerte enojo colectivo ante el gasolinazo.

Es importante precisar que la reforma energética en lo que corresponde a la liberalización de las gasolinas aún no entra en vigor, pues lo hará hasta 2018. El gasolinazo está sucediendo en un sector controlado por el gobierno, en el cual éste  fija los precios. No es producto de la reforma energética.

El gasolinazo es un aumento en el precio de las gasolinas provocado por varios factores que elevaron el costo que paga el gobierno, a través de su empresa Pemex, por importar y distribuir el producto en México. En efecto, nuestro país es un importador neto de gasolina y el precio internacional de la gasolina subió a finales de 2016.1 Por otra parte, ya que Pemex debe comprar este producto en dólares y que nuestra moneda perdió 24% de su valor frente al dólar en 2016 y los primeros días de 2017, el costo de importar gasolina subió. Ambos elementos afectaron el erario.

La pérdida es ineludible e independiente de las acciones del gobierno. Pero, la manera en que el gobierno cobra la factura, sí es una decisión de éste, que por supuesto puede discutirse.

Primero que nada, aunque el gobierno lo niegue, el efecto más temido es el aumento en la inflación que el Banco de México sí reconoce. Este último estima para 2017 una inflación transitoria de por lo menos 4%.2 No olvidemos que la inflación es un impuesto, que suele dañar más a los que menos tienen.

Por otra parte, recordemos que después de muchos años de subsidiar la gasolina, desde 2015 el gobierno de México dio un giro de ciento ochenta grados a su política fiscal transformando este subsidio en un impuesto (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o IEPS, de combustibles). Dependiendo del combustible, los impuestos que hoy pagamos por consumirlos oscilan entre 38 y 44 por ciento del precio máximo registrado en las regiones.3

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El aumento en el costo de las gasolinas que busca resarcir la pérdida económica que se deriva de la depreciación del peso frente al dólar se cobró de tajo el primero de enero de 2017. A lo mejor pudo ser compartido, y gradualmente ser transferido al consumidor para suavizar los impactos económicos que tendrá el gasolinazo en toda la economía. Eso hubiera requerido que el gobierno sacrificara un pedazo del IEPS de combustibles. Pero al parecer la decisión consistió en pasar dicha pérdida al consumidor de manera abrupta. ¿Pudo haberse cobrado en cómodas mensualidades, así como se hacía con los gasolinazos mensuales de antaño?

Con la información disponible, en 2016 el gobierno recaudó de enero a noviembre más de 260 mil millones de pesos por el IEPS a los combustibles. La pregunta que todos deberíamos hacerle al gobierno es qué beneficio obtenemos a cambio de este impuesto.

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Es cierto que, en muchos países desarrollados, se paga este tipo de impuestos, pero se asocia a objetivos específicos de política pública, más allá de la pura recaudación y el financiamiento de la bolsa del gasto público general. Con frecuencia, el cobro del impuesto se complementa con programas de gasto específico. Así, en Estados Unidos, desde hace casi un siglo, una parte de los impuestos a los combustibles se destina a un fondo para el financiamiento de infraestructura carretera y de transporte conocido como Highway Trust Fund (HTF).

En principio este tipo de impuestos también es una buena práctica si consideramos al consumo de los combustibles como un “mal”, por su impacto en el medio ambiente. Sirve para desmotivar este consumo en el largo plazo, para promover la adopción de energías limpias, para financiar mantenimiento o expansión de carreteras, transporte público masivo y sustentable, entre otros. Se ha documentado que un aumento del 10 por ciento en el precio de los combustibles desincentiva su uso en el largo plazo entre 4 y 10 por ciento .

Incluso, en Europa se promovió un incremento a estos impuestos a cambio de una disminución en los impuestos al trabajo con el fin de reactivar la actividad económica y la demanda agregada después de la crisis de 2008.

¿En México, en qué se gastan los fondos recaudados por el IEPS de combustibles? Dichos recursos no tienen una etiqueta o fin específico. Ese impuesto se destina a la bolsa general de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), donde suceden todos los desvíos de fondos públicos y el malgasto que conocemos.

Ojalá nuestro gobierno también asignara los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles a fines similares a los mencionados anteriormente. Es deseable que copie el conjunto de prácticas que suelen acompañar el cobro de estos impuestos y no sólo el mero cobro. De la manera en la que se está haciendo, se desmotiva el uso de combustibles, pero al no promover el desarrollo de medios alternos de transporte, el ciudadano/consumidor queda cautivo y no le queda más remedio que absorber el aumento del precio de la gasolina.

Los países desarrollados que han implementado el cobro de IEPS a combustibles han diseñado su política impositiva a partir del principio del Beneficio del Impuesto (Benefit of taxation). Los economistas de la escuela de Estocolmo hace más de un siglo definieron a este principio, que luego fue retomado por Paul Samuelson, fundador del pensamiento económico moderno.

Este principio dice algo muy sencillo, que parece obvio, pero no lo es: “los impuestos que uno paga al gobierno deben estar conectados a los beneficios que uno recibe del gobierno”. No hay beneficios sin impuestos pero tampoco debe haber impuestos sin beneficios.

¿Qué hubiera pasado si el gasolinazo se hubiera anunciado con una propuesta de crear un fondo similar al HTF de EE. UU., pero además vigilado por ciudadanos, para evitar que acabe mal usándose o desviándose?  ¿Qué hubiera sucedido si este primero de enero hubiéramos despertado sabiendo  que existen recursos para financiar soluciones concretas a los problemas de transporte público y contaminación que aquejan a nuestras ciudades?

Otro gallo le cantaría al gasolinazo. En cambio, nos tocó pagar la factura. Y hay furia ante la falta de reciprocidad de parte del gobierno. Nos enoja ver que los gobernadores financiados por el erario otorgan contratos a empresas fantasmas, desvían recursos, endeudan y quiebran estados ilegalmente.  Queremos beneficios a cambio de nuestros impuestos.

El enojo no es malo per se. Es una emoción instintiva. Nos sirve para comunicar una afectación o para defendernos. Incluso, bien conducida, puede ser una emoción de la que podemos beneficiarnos, puede proveer motivación y energía para emprender acciones. Pero reitero, debe enfocarse de manera positiva. Afectar a otros ciudadanos o al interés público sólo conlleva a mayores pérdidas.

En mi opinión, nuestra irritación debe conducir hacia una seria y propositiva exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que el Gobierno Federal recibe desde el año pasado de parte de los ciudadanos por el consumo de los combustibles.

Es el mejor momento para exigir que el dinero del impuesto a los combustibles se gaste bien y que la sociedad participe en dichas decisiones.