Si la situación de seguridad, en cualquier territorio, la evaluamos mes con mes con el indicador estrella, la tasa de homicidios, ¿qué estamos haciendo para reducir este delito en el país?

Cecilia Real (@Ceci_Real) / Animal Político

El inicio de año siempre es un buen pretexto para reflexionar sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y los resultados que se han obtenido. Según las conclusiones de nuestro análisis, nos replanteamos objetivos y los medios que nos ayudarán a cumplirlos.

Por tanto, aprovechemos que estamos comenzando un nuevo año para preguntarnos qué podemos hacer diferente para tener mejores resultados en materia de seguridad. La reflexión que en México Evalúa quisiéramos poner sobre la mesa es la siguiente: si la situación de seguridad, en cualquier territorio, la evaluamos mes con mes con el indicador estrella, la tasa de homicidios, ¿qué estamos haciendo para reducir este delito en el país?

Según Naciones Unidas “el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). Los países, los estados y las ciudades evalúan los resultados de sus acciones en materia de seguridad con base en la tasa de homicidios que tienen por cada cien mil habitantes. Especialistas, líderes de opinión, funcionarios, todos usan el número de homicidios como materia prima para sus análisis, defensa y argumentación en la materia. ¿Porqué el homicidio es el indicador por excelencia? De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), “el homicidio se usa invariablemente en los estudios criminológicos en virtud de ser el ilícito más grave, además de que prácticamente todos los homicidios quedan registrados, pues en cuanto se detecta una muerte no natural, o se tiene que disponer de un cadáver, debe dársele aviso al ministerio público”[1]. ¿Es el índice de homicidios el único indicador que nos dice cómo está el entorno de seguridad? No. Sin embargo, hoy es el dato al que todos le ponemos atención.

Si medimos los resultados en materia de seguridad a partir del aumento o la disminución de homicidios, es lógico pensar que los gobiernos implementan políticas públicas focalizadas en la reducción de este delito, pero no es así. Recientemente, Ernesto López Portillo señaló[2] que no existe evidencia de alguna iniciativa de gobierno, con evaluación de impacto, que se haya diseñado específicamente para la reducción de homicidios. Una posible explicación a esto es que la existencia o ausencia de homicidios se ve como una consecuencia y no como un problema en sí mismo.

Malcolm K. Sparrow, profesor de la John F. Kennedy School, argumenta[3] que la forma en la que identificamos una problemática va a definir el tipo y contenido de políticas públicas que se plantean para atenderla. Sparrow sostiene que el trabajo que consiste en identificar el problema público, darle nombre y diseñar políticas públicas específicas es mucho más eficiente que los programas que procuran el bien público general. Es decir, tener un programa cuyo objetivo sea la reducción de homicidios va a ser más eficiente, en virtud de resultados medibles y atribuibles, que tener una estrategia para promover un entorno de no violencia en una comunidad.

 En México sí existen políticas públicas específicas y acotadas. Por ejemplo, tenemos la estrategia de combate al secuestro, la política de lucha contra la trata de personas, o la contención de la epidemia AH1N1, que por sus resultados fue reconocida internacionalmente. Pero sorprendentemente no hemos escuchado, ya sea porque no existe o porque no se ha comunicado, una política pública cuyo objetivo central sea la reducción de homicidios. Esta carencia no es exclusiva de nuestro país.

América Latina es la región que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC)[4], alrededor de 31 por ciento del total global de homicidios son cometidos en Latinoamérica, a pesar que la región representa sólo 8 por ciento de la población mundial. Y no solamente esto, sino que además, contrario a las tendencias mundiales, en nuestro subcontinente la violencia va al alza. Entre 2015 y 2016, Open Society Foundations financió el Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe. Las conclusiones de este estudio refuerzan nuestro argumento: “las intervenciones centradas en los homicidios son relativamente escasas, pues predominan en la región los programas generales de prevención de la violencia y la criminalidad, en los que el homicidio es tratado apenas como una manifestación extrema y abordado de forma transversal”[5].

Es sabiduría popular que para lograr resultados distintos, se deben hacer las cosas de forma distinta. El problema de seguridad amerita replantearse. Si una de las manifestaciones de la grave situación de seguridad que vive el país es el imparable número de homicidios, ¿no es razonable que comencemos a trabajar en propuestas de políticas públicas cuyo objetivo específico sea la disminución de la violencia letal?

La propuesta no es cosa sencilla. El fenómeno del homicidio tiene que analizarse y entenderse no sólo en sus características generales, sino también a partir de sus peculiaridades locales, incluyendo las capacidades institucionales y sociales que existen en cada comunidad. El problema es complejo y por ende la solución debe ser integral, aunque enfocada: debe partir del compromiso de los gobiernos, pero también incluir la participación activa y propositiva de todos los actores interesados.

Razones para concentrarse en la reducción del número de homicidio sobran: sus efectos sobre la migración, el desplazamiento de personas, la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones, el entorno para la inversión y el desarrollo económico, la armonía social, la victimización de las nuevas generaciones, entre muchas otras.

Ante un escenario de recursos limitados, no es una idea descabellada dirigir y concentrar esfuerzos eficientes y efectivos orientados a resultados. Por ello, es necesario diseñar políticas públicas basadas en evidencia, con objetivos claros y acciones específicas. De esta forma quizá podremos prescindir de la suerte y en un plazo razonable podremos decir que la situación de seguridad en el país está mejorando, porque nos estaremos ocupando de responder al indicador que nos evalúa y nos dice qué tan bien o mal estamos haciendo las cosas.

* Cecilia Real es coordinadora del proyecto Campaña de Reducción de Homicidios en México de México Evalúa. La autora agradece el apoyo documental de Marianna Gabutti, social media manager del mismo proyecto, y la edición de Laurence Pantin.

[1] Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 2009. “Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009”. Disponible aquí.

[2] López Portillo, Ernesto. 2016. “Lo peor para un policía es un jefe político”. Disponible aquí.

[3] Sparrow, Malcolm K. 2008. “The Character of Harms: Operational Challenges in Control”. Cambridge: Cambridge University Press.

[4] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013. “Estudio mundial sobre el homicidio”. Disponible aquí.

[5] Cano, Ignacio y Emiliano Rojido. 2016. “Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe”. Disponible aquí.